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(Por Víctor Meza) Mensajes de viejos amigos, por intermedio de las redes sociales, se han encargado de traerme la mala noticia: Edén Pastora, el legendario Comandante Cero, ha muerto. Aunque sabía de su averiada salud y de su repentino ingreso al hospital militar, la noticia de su muerte me ha sorprendido y conmovido como pocas. Siempre será así cuando se trate de alguien que, como Edén, desafió la muerte con frecuencia, arriesgó la vida por sus ideas y convirtió su existencia en algo vital y fascinante, sumido en aventuras y desventuras.

Lo conocí en la Ciudad de México, cuando nuestros caminos se cruzaron en la azarosa ruta de la lucha clandestina contra la tiranía somocista. Mientras él venía ya de muy lejos, en el tiempo y en el espacio, yo era apenas un recién llegado que buscaba un modesto sitio en la cruzada. Poco antes de conocerle en la casa del profesor Edelberto Torres, el célebre biógrafo de Rubén Darío, le habíamos buscado en Ginebra, ciudad en la que sufría un momentáneo exilio. Llegamos tarde, justo cuando Edén había abandonado Suiza para trasladarse a México, siempre tratando de acercarse físicamente a su amada Nicaragua. óscar Turcios, veterano e intrépido dirigente sandinista, que era mi compañero de viaje, me hablaba de él con entusiasmo y evidente cariño.

Estaba seguro de que le alcanzaríamos en México y podríamos recuperar contactos y restablecer la colaboración deseada: así fue. Desde entonces mantuve con Edén una franca amistad y sincera camaradería, que fueron suficientes para soportar vaivenes y peripecias en las que la vida y la historia nos supo colocar a ambos. A principios de los años ochenta, en plena guerra fría, cuando se produjo su inicial ruptura con el viejo liderazgo sandinista, Edén buscó la intermediación de líderes europeos vinculados a la Social Democracia y agrupados casi todos ellos en la Internacional Socialista (IS).

Realizó una larga ronda de visitas en Europa y me pidió acompañarle. Me autorizó, de paso, a llevar un diario pormenorizado de aquellos encuentros y de los acuerdos alcanzados para evitar una nueva guerra y buscar solución pacífica a un desencuentro entre viejos compañeros de lucha. Revisando los viejos papeles encontré el pequeño cuaderno comprado en el aeropuerto de Londres, que todavía hoy, en letra menuda y apretado resumen, contiene el testimonio de aquellas inolvidables jornadas. Edén viajaba con la aureola del héroe y su imagen de personaje mítico se confundía en el torbellino esperanzador de una lejana y romántica revolución sandinista.

Las puertas se abrían y los líderes del más variado socialismo de entonces le escuchaban y atendían. El español Felipe González, el portugués Mario Soares, el italiano Betino Craxi, el alemán Willy Brand y los representantes del francés Francois Miterrand fueron unos de los principales interlocutores. Hubo acuerdos, promesas y ofrecimientos de buenos oficios, pero todos se fueron disipando poco a poco, evaporados en la bruma del olvido y la indiferencia. A veces, la razón de Estado puede ser implacable y dolorosa. Con los años y las vueltas de la historia, Edén volvió a Nicaragua y encontró la mejor vía para la reconciliación con sus antiguos oponentes.

Lo volví a ver en varias ocasiones, una de ellas cuando asistí a observar las elecciones generales del año 2006, las que permitieron el retorno de los sandinistas al poder y el inicio del gobierno de Daniel Ortega. Era el mismo, rozagante y lleno de entusiasmo, como si los años pasaran de largo y la vida de guerrero le insuflara vitalidad y oxígeno político permanente. A los tres días del golpe de Estado del año 2009 recibí una furtiva llamada suya. Me ofrecía refugio seguro en su casa y apoyo incondicional en momentos tan difíciles. Agradecí su gesto y recordé los viejos tiempos. Hoy que se ha marchado para siempre no puedo menos que desearle buena ruta y que el peso de la tierra que lo cubre le sea tan leve como agitada e intensa fue su vida. ¡Hasta luego, viejo amigo!

(Por Víctor Meza) El tema de la extradición, por su importancia e impacto en la vida política y social del país, es uno que despierta mucho interés y genera debate público. No es para menos, después de todo, por regla general, al extraditado se le va buena parte de la vida o la vida entera en una prisión del país solicitante, en donde, dicho sea de paso, el sistema de administración de justicia funciona con la rigurosidad debida y la puntualidad necesaria, virtudes ausentes en la red judicial del país otorgante.

No es casual, entonces, que la extradición despierte apasionados debates y genere contradicciones que pueden resultar letales. En Colombia, los candidatos a la extradición llegaron a formar un grupo paramilitar llamado Los Extraditables, cuyo lema principal era el siguiente: ‘Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos…’. Utilizaron métodos terroristas y violencia descabellada para oponerse a la extradición.

Aquí en Honduras, afortunadamente, no se ha llegado a esos extremos, aunque muchos compatriotas y extranjeros han perdido la vida en ajustes de cuentas, castigos y venganzas tan violentos como el que más. Sin embargo, el lema de nuestros extraditables parece ser todo lo contrario de la consigna colombiana: ‘preferimos una cárcel en los Estados Unidos que una tumba en Honduras…’. Esta convicción explicaría las numerosas entregas voluntarias de cabecillas narcotraficantes en manos de la agencia antidrogas de los Estados Unidos (la famosa DEA, por sus siglas en inglés).

El tema de la extradición volvió a cobrar inusitada presencia en medio de la crisis del coronavirus, cuando el actual canciller, don Lisandro Rosales, insinuó ante la prensa la posibilidad de ‘reconsiderar’ la validez y utilidad de la extradición, a la vez que reconocer el progreso y mejoría sustancial de nuestro sistema de justicia local, el que, según el funcionario, ya se ha reforzado lo suficiente como para aplicar la ley propia y castigar a los delincuentes en los tribunales criollos. Aunque parezca una broma de mal gusto, el novato canciller lo dijo sin que le temblara un tan solo músculo de su cara.

No es la primera vez que los voceros oficiales deforman los hechos con respecto a la extradición. Suelen afirmar, con aplomo fingido, que la adopción de tal figura jurídica y la correspondiente reforma de la Constitución fueron iniciativas libres del Partido Nacional y decisión valiente del régimen nacionalista. No hay tales, los hechos no fueron así. En la mañana del día 18 de enero del año 2012, el país se vio sorprendido por la súbita partida del entonces presidente Porfirio Lobo con destino a los Estados Unidos.

Le acompañaban en el vuelo privado la embajadora norteamericana Lisa Kubiske; Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional; el canciller Arturo Corrales; Pompeyo Bonilla, ministro de Seguridad, y Reinaldo Sánchez, secretario privado de la Presidencia y ahijado personal de Lobo. El inesperado y apresurado viaje tomó por sorpresa a los círculos políticos del país y generó todo tipo de comentarios y especulaciones.

Solo al final del día siguiente, la opinión pública conoció algunos detalles del misterioso viaje: se trató de una reunión de urgencia con altos funcionarios del gobierno de Barack Obama para discutir problemas relacionados con la agenda de seguridad bilateral entre los dos países. Por la parte estadounidense asistieron, entre otros, Dan Restrepo, Francisco Palmieri, Oliver Garza y la propia embajadora Kubiske.

La reunión fue en Miami y ahí se tomó la decisión, bajo presión norteamericana, de reformar la Constitución y aprobar la extradición. Al día siguiente, los diputados, obedientes ellos, aprobaron la reforma, y el día 27, ya en la tercera legislatura, la ratificaron. Así fueron los hechos, la extradición es el resultado de la petición y presión de Estados Unidos. Dicen que desconocer la historia es la condición para repetirla, bien haría el canciller en releer un poco los archivos de su oficina.

(Por Edmundo Orellana) No es de sana administración que quien asuma funciones de decisión en el sector público esté condicionado por intereses personales o de terceros, porque subordinaría a estos el interés público.

Para evitarlo, el ordenamiento jurídico prevé la motivación de las decisiones con la finalidad de garantizar que estas sean adoptadas apegándose a los antecedentes, hechos y fundamentos legales, es decir, para garantizar la objetividad en el proceso de decidir, imprimiendo legitimidad a la decisión y transparencia a la función pública. Si la motivación es ambigua o contradictoria, sería fácilmente impugnable; si, por el contrario, es objetiva, difícilmente prosperaría una impugnación. Sin embargo, si quien impugna demuestra que el funcionario decisor está incurso en alguno de los supuestos legales por los que debe excusarse de conocer el asunto, la decisión estaría viciada, aunque sea manifiestamente objetiva. Este celo de la ley es para evitar el conflicto de intereses.

En conflicto de intereses estaría el funcionario que debe decidir sobre una licitación en la que sea oferente una empresa de un familiar suyo; igualmente, si tiene funciones de decisión y debe resolver la petición presentada por su cónyuge, familiar o socio. En ambos casos, se presume que quien decide se encuentra en situación comprometida. Si el contrato se adjudica al pariente porque realmente presentó la mejor oferta, nadie lo creería, y los demás oferentes seguramente impugnarían, alegando que la relación existente inclinó la decisión; igualmente, si decide a favor del peticionario, aunque este tenga causa legítima para pedir.

Las normas de procedimiento, por su parte, prohíben, en todas las funciones (incluso la legislativa, prohibición que ignoraron los diputados investigados cuando aprobaron la ley que impide investigarlos), que participe en el proceso de decisión el funcionario en el que concurran determinadas circunstancias, entre estas, tener interés directo o por medio de su cónyuge, pariente o socio. A este efecto, la legislación demanda del funcionario que se excuse de conocer o concede al interesado la facultad de recursarlo.

La cuestión no se agota en este caso. La ley también prohíbe que se ejerzan actividades incompatibles con el ejercicio del cargo público. Por ejemplo, el notariado no puede ejercerlo quien tenga un cargo con “anexa jurisdicción” (gobernar y aplicar leyes).

Reconoce también casos de inhabilitación para optar a determinados cargos públicos, cuando el aspirante se encuentre en determinada situación jurídica. Ejemplo de esto, es el cargo de diputado, al que, según nuestra Constitución, no pueden aspirar “los concesionarios del Estado para la explotación de riquezas naturales o contratistas de servicios u obras públicas que se costeen con fondos del Estado y quienes, por tales conceptos, tengan cuentas pendientes con este”.

Esta inhabilitación para aspirar a diputado es razonable. Quien goce de una concesión de explotación de “riquezas naturales”, hará lo que esté a su alcance para sacar mayor provecho de la concesión, sea disminuyendo impuestos, aumentando derechos o mejorando las condiciones de la explotación. Lo que puede lograr con iniciativas de ley.

Lo mismo ocurre con los contratistas de servicios u obras públicas. Los proveedores de servicios de seguros, de transporte, de alquiler de maquinaria, de higienización de edificios y, en general, de servicios no personales, con el Estado, y los contratistas de obras públicas (de edificios, de carreteras, etc.), tienen intereses que oponen a los del Estado, y podrían utilizar su posición privilegiada para favorecer los suyos.

Los contratistas, por otra parte, son susceptibles de manipulación desde el poder, que puede condicionar la continuación de los contratos al apoyo que ofrezcan a las decisiones que convengan al gobierno en el Congreso Nacional.

De las situaciones relacionadas, la que más atenta contra la ética pública es la de los contratistas, porque sus contratos son multimillonarios (pregúntese usted, distinguido lector ¿cuántos diputados son proveedores del Estado en esta pandemia y en qué condiciones?) y, por ello, son los más expuestos a ser víctimas de los caprichos del gobierno, que en el caso de los diputados de la oposición comprometería seriamente las posiciones de esta, ya que, en caso de tener que decidir entre sus intereses y las posiciones de la oposición, su decisión, obviamente, sería a favor de sus intereses.

Por estas razones, en la nueva Ley Electoral se debe desarrollar detalladamente el cumplimiento de ese mandato constitucional, que hasta hoy ha sido ignorado por las autoridades electorales y los órganos de fiscalización estatal, en clara contravención con la Constitución, y que es, además, una fuente importante de corrupción, por lo que debemos continuar exigiendo que se depure la política eliminando todo lo que favorezca la corrupción, diciendo: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Confidencial HN