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(Por Víctor Meza) La sola palabra burocracia nos remite, sin mediación previa, a la idea de un escritorio, un buró, una oficina y, sobre todo, una o más personas, enfundadas en su solemnidad encorbatada, concentrados en pilas de papeles cargados de siglas y códigos indescifrables para nosotros, los simples mortales. Son los burócratas estatales, los señores y señoras encargados de organizarnos la vida y aplicarnos las mil y una fórmulas que ellos mismos inventan para complicarnos la existencia y recordarnos, siempre, que somos súbditos involuntarios del Leviathan inevitable.

Cada vez que nos vemos obligados a entrar en contacto con una dependencia estatal, es decir cada vez que debemos realizar algún trámite que implique acudir a la administración pública, estamos condenados a encontrarnos con algún burócrata aburrido, ansioso por hacer sentir su influencia y anhelante por atrapar en sus redes enmarañadas a un distraído e inocente ciudadano. El que cae en sus redes no tiene ni idea del tormento burocrático que le espera.

La burocracia es insufrible, pero, a la vez, se nos presenta como un mal necesario. Y seguramente lo es. El Estado no podría funcionar sin el auxilio indispensable de los burócratas. La administración entera se paralizaría si no fuera por estos compatriotas que, abnegadamente o con desgano cómplice, dedican sus mejores horas laborales a atender los asuntos del Estado. El problema no reside en su existencia per se. Más bien consiste en su forma de actuar, en los intereses colectivos que genera, consolida y defiende, en su forma de reproducirse y protegerse, es su modus operandi.

El burócrata disfruta la complejidad administrativa. Es más, la promueve y necesita, porque entre más difícil y enrevesado sea un trámite, mayor es su capacidad de discrecionalidad al momento de tomar decisiones. La maraña burocrática y la excesiva “tramitología” son el agua en la que nada el pez de la corrupción. Por eso, la burocracia en demasía y la ausencia de suficientes controles, tanto internos como externos, son terreno propicio para que el burócrata haga de las suyas y someta al ciudadano a un viacrucis infinito dentro del laberinto estatal.

Me dirán que es injusto generalizar al momento de calificar a los burócratas. Y es cierto. Toda generalización, en última instancia, sucumbe al vacío de la simplificación. No todos los servidores públicos son burócratas insufribles. Los hay diligentes y atentos, que asumen su papel de servidores por encima del rol de simples funcionarios. Los hay buenos y malos, como en todos los campos de la vida. Pero, eso sí, asegúrese usted, amigo lector, de no caer en las manos de un burócrata malévolo que no solo se encargará de hacerle imposible la vida sino que también le vaciará sus bolsillos.

La corrupción y el exceso de burocracia van de la mano. A mayor complejidad burocrática, mayor discrecionalidad del burócrata y, por lo mismo, mayor vulnerabilidad del ciudadano usuario de los servicios administrativos del Estado. El solicitante de un servicio burocrático se siente indefenso e inerme ante la telaraña administrativa que le espera. No sabe qué hacer o, si cree saberlo, muy pronto se dará cuenta que es un ingenuo, que ha caído en la red de los burócratas y que no hay racionalidad que valga. El burócrata, en cambio, se siente más fuerte y seguro, indispensable, entre más complicado sea el trámite solicitado. Esa es una de las razones por las cuales la burocracia, en tanto que estamento social – y no clase social –, se opone con mil y una argucias y maniobras a los esfuerzos por descentralizar el Estado. Entre más concentrados y rígidos son los mecanismos internos del Estado, mayor será el poder discrecional de la burocracia y, en consecuencia, mayor el espacio para el crecimiento y desarrollo de las prácticas corruptas. Burocracia excesiva, ausencia de controles y vigilancia, politización partidaria y corrupción creciente, son algunos de los retos pendientes en la sociedad hondureña.

4 de febrero de 2020

(Por Edmundo Orellana) Al fin se decidió a hablar el fiscal general. Lo hizo en el momento oportuno. Cuando se expulsa a MACCIH, fenece UFECIC y nace UFERCO.

Previamente, el fiscal Luis Javier Santos, líder de la exitosa cruzada anticorrupción, sin precedentes en la historia de Honduras, declaró públicamente que UFERCO nacía apoyada por el fiscal general pero huérfana del apoyo internacional y en precarias condiciones presupuestarias. Condiciones que amenazan con desacelerar significativamente las actividades y hacen más difícil, sino imposible, la lucha contra esa hidra de mil cabezas de las redes de corrupción.

Esa declaración del fiscal Santos se imponía. De no haberlo hecho, esa ralentización habría generado, entre la población, la percepción de fracaso, imputable directamente a él y a su equipo. Esa declaración debe interpretarse también como una solicitud de apoyo a la sociedad para que presione a la cooperación internacional para que continúe apoyando al MP y, específicamente, a esa nueva unidad fiscal. Corresponde, entonces, a los colectivos que se comprometieron a apoyar esta lucha, gestionar ante la cooperación para que destine a UFERCO los recursos que canalizaba a la MACCIH.

Inmediatamente después de la declaración del fiscal Santos, comparece públicamente el fiscal general –contrario a lo que nos tenía acostumbrados– formulando la declaración de guerra contra las redes de corrupción. En esa nueva cruzada, esta vez bajo su liderazgo, compromete su vida misma, lo que es decir mucho, y advierte de conspiraciones en contra del MP, es decir, en contra de la lucha contra la impunidad, por cuanto el MP es el único organismo con potestades para combatir realmente la impunidad, especialmente en corrupción y narcotráfico, mediante procesos investigativos susceptibles de convertirse en acusaciones ante los tribunales de la República e instarlos hasta obtener la sentencia que corresponda en Derecho.

Estamos advertidos. Ahora bien, pregúntese amable lector: ¿quiénes podrían estar urdiendo esta conspiración? El mismo fiscal general señaló que “son grupos económicos y fuerzas políticas” unidos por un hilo conductor: las inminentes investigaciones y acciones criminales en su contra. Se trata, pues, del poder político y del poder económico, unidos para agredir organizada y sistemáticamente al MP.

Contra estos colosales conspiradores el MP no tiene posibilidades si no cuenta con el acompañamiento de la cooperación internacional y de la población. Aquella se comprometió a impulsar esta lucha y debe seguir apoyándola, pese a que, el principal cooperante, Estados Unidos, que señaló a la corrupción del gobierno como la causa fundamental de las caravanas de emigrantes hondureños, acusación agravada con los señalamientos de la justicia federal gringa al gobierno hondureño de promover el narcotráfico a gran escala, contribuyó con su indiferencia a la expulsión de la MACCIH.

La población está obligada a apoyar la declaración de guerra del fiscal general. Sin embargo, hay quienes no lo apoyan porque dudan de él, pero aplauden la declaración de guerra. Apoyémosla, entonces, aunque se dude del fiscal. Y ejerzamos nuestro derecho de exigirle que esa declaración se ejecute y no quede en simple retórica. Porque, desde la perspectiva del ciudadano, esa declaración debe interpretarse como el voluntario sometimiento del fiscal general al escrutinio público y a la exigencia de resultados concretos; en otras palabras, que las acciones deben ser de mayor impacto y apuntar directamente a las cabezas de las redes de corrupción.

Con esa declaración, el fiscal estará más expuesto y, por ello, más vulnerable. Porque cualquier retraso en las acciones dará lugar a que se le acuse de no ser diligente ni eficaz; igualmente, estará expuesto a los ataques, esta vez más feroces, de aquellos que arremetieron contra el binomio MACCIH-UFECIC, desde el poder político y el económico. A esta campaña perversa se sumarán inevitablemente aquellos medios de comunicación que están en manos del gobernante porque cayeron en la trampa de acogerse al programa de canje de impuestos por publicidad.

El fiscal general se comprometió a luchar incondicional y decididamente en contra de la impunidad, enfrentando el poder político y el económico. Si no cumple, habrá fallado al pueblo, a la historia y a sí mismo, y vivirá marcado por la ignominia. Si cumple recibirá el respeto imperecedero del pueblo y el reconocimiento de la historia, y personalmente tendrá la satisfacción del deber cumplido.

Llegó el momento de definirse: o estamos con el MP o con las redes de corrupción. Quien esté en contra de las redes debe gritar con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

(Por Eric Olson y Adriana Beltrán*) El futuro parece mucho más sombrío en Honduras hoy después de que el presidente Juan Orlando Hernández no pudo evitar la desaparición del mecanismo anticorrupción del país conocido como MACCIH.

A pesar de una de las tasas de homicidios más altas de la región, las pandillas violentas, la pobreza crónica y la profunda desigualdad, las percepciones generalizadas de corrupción y las tasas más altas de migración en América Central, Honduras había mostrado algunos atisbos de esperanza gracias al MACCIH.

La MACCIH fue un mecanismo anticorrupción innovador creado por el gobierno hondureño y la Organización de Estados Americanos, con ayuda de la sociedad civil, para apoyar al sistema de justicia en la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción generalizada. Su trabajo comenzó en enero de 2016 bajo una nube de sospecha.

No gozó de las mismas autoridades e independencia de un mecanismo similar patrocinado por la ONU en Guatemala, la CICIG, que en 2015 derrocó a un presidente y un vicepresidente en funciones. Pero la MACCIH y su equipo de investigadores y fiscales internacionales se movieron rápidamente para establecer un nuevo circuito de tribunales anticorrupción dentro del poder judicial hondureño, así como una unidad especial del fiscal, conocida como UFECIC, para manejar casos de corrupción altamente sensibles.

Tanto MACCIH como lal UFECIC enfrentaron enormes desafíos desde el principio, pero finalmente presentaron 14 casos importantes que involucraron a 133 personas, incluidos más de 80 políticos y funcionarios gubernamentales. Según los estándares hondureños, e incluso en comparación con la CICIG, esta fue una hazaña notable ya que casi nadie había sido responsabilizado por la corrupción en Honduras. MACCIH y UFECIC lentamente ganaron la admiración y el apoyo de una sociedad civil dividida. Según una encuesta reciente, el 75 por ciento de los hondureños apoya los continuos esfuerzos de la MACCIH en el país.

Pero el éxito también trajo una reacción violenta de las fuerzas poderosas y corruptas dentro y fuera del gobierno. Los investigadores descubrieron extensas redes de corrupción dentro del Congreso del país.

Los políticos de todas las tendencias estaban implicados en planes para lavar dinero del gobierno a través de organizaciones sin fines de lucro falsas que llenarían sus bolsillos. Un ex presidente hondureño, Pepe Lobo, a quien Estados Unidos respaldó en el período posterior al golpe en 2009 y 2010, estuvo implicado en una corrupción extensa, y su esposa fue sentenciada a 58 años de prisión por, entre otras cosas, robar de un fondo especial. para escolares en su empobrecida nación.

La familia del actual presidente Juan Orlando Hernández también está bajo investigación por parte de MACCIH y UFECIC, y en octubre pasado su hermano fue condenado en un tribunal federal de EE. UU. Por conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos. El presidente fue nombrado coconspirador no acusado en el caso. En todo momento, el Congreso hondureño, liderado por el Partido Nacional, se movió para mitigar el trabajo del MACCIH y protegerse de futuras investigaciones y enjuiciamientos.

No es sorprendente, entonces, cuando llegó el momento de renovar el mandato del MACCIH que el Congreso recomendó en su contra. Bajo la enorme presión política de su partido político, y las alegaciones vertiginosas de corrupción en su familia, el presidente Hernández presionó por una MACCIH muy aguada sin dientes para llevar a cabo investigaciones o enjuiciamientos con la UFECIC. Solo unas horas antes de que el mandato de cuatro años del MACCIH expirara el 19 de enero, las conversaciones para renovar y extender el mandato colapsaron y el MACCIH recibió un golpe mortal.

Estados Unidos también tiene cierta responsabilidad debido a sus mensajes confusos al gobierno hondureño. Donde la política de los Estados Unidos alguna vez fue clara y consistente en su apoyo a la MACCIH, más recientemente, los Estados Unidos han manifestado una mayor preocupación por la cooperación de Honduras para detener la migración irregular que la lucha contra la corrupción.

La visita del secretario interino del DHS, Chad Wolf, a Honduras la semana pasada y su apoyo incondicional a Hernández se enfrentaron a esfuerzos mucho menos visibles en el Departamento de Estado para apoyar la renovación del MACCIH. Además, la decisión de la Administración Trump de congelar la ayuda a Honduras en 2019 significó que Estados Unidos casi no tenía influencia sobre el tema de la MACCIH.

Los esfuerzos para combatir la corrupción en Honduras se han visto socavados y es probable que la impunidad continúe en el futuro previsible. Se deben tomar medidas inmediatas para apoyar a los valientes investigadores, fiscales y jueces hondureños que se esforzaron por responsabilizar a los políticos corruptos. Los miembros bipartidistas del Congreso también han dado la alarma. Aquí hay algunas sugerencias para el camino a seguir:

1) Honduras debe actuar de inmediato para proteger a los miembros hondureños de MACCIH y UFECIC que pueden estar en grave riesgo de represalias cuando la OEA retira las apuestas después del 19 de enero. La inmunidad diplomática habrá finalizado y se retirarán los detalles de seguridad.

2) El Fiscal General, jefe de una rama independiente del gobierno, anunció la semana pasada que crearía una nueva unidad anticorrupción para absorber al personal de la UFECIC y continuaría trabajando en los casos de corrupción que ya están siendo investigados. Este es un desarrollo arriesgado pero positivo que la comunidad internacional debe apoyar al llegar a acuerdos bilaterales para brindar apoyo técnico y financiero, y protegerlo de las presiones políticas dentro de Honduras.

3) Los grupos de la sociedad civil y los periodistas de investigación independientes tienen que redoblar sus esfuerzos para responsabilizar al gobierno a través de sus propias investigaciones y defensa, y los Estados Unidos y otros donantes deben respaldarlos.

4) Estados Unidos debe reconocer que la corrupción sistémica debilita las instituciones democráticas, lo que conduce a una mayor inseguridad, una mayor desconfianza en el gobierno y socava la economía, todos factores en las decisiones de las personas de migrar. La corrupción también alimenta a los carteles y las bandas criminales transnacionales que ponen en peligro la región y a nuestros propios ciudadanos. Elevar los «acuerdos de terceros países seguros» por encima de la lucha contra la corrupción es dispararse en el pie.

Finalmente, hemos aprendido algunas lecciones importantes en esta última batalla. Reconstruir la legitimidad del estado es extremadamente difícil, especialmente cuando el estado está infectado con corrupción sistémica. Sabemos por las experiencias de Honduras y Guatemala que no se trata simplemente de enjuiciar algunas manzanas podridas.

Para restablecer el estado de derecho y poner fin a la impunidad se requiere un esfuerzo sostenido. Hacerlo es de interés nacional para Honduras, el Triángulo del Norte y, en última instancia, los Estados Unidos.

Esta es la forma de restaurar la luz y una pequeña esperanza para Centroamérica.

Eric L. Olson es director de política para Centroamérica en la Fundación Internacional de Seattle. Adriana Beltrán es directora de Seguridad Ciudadana en la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).