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(Por: Edmundo Orellana) Ese asunto del censo electoral ha cobrado una importancia muy especial. Para evitar el boicot anunciado por Libre en las próximas elecciones primarias, una de las bancadas del PL dice haber llegado a un acuerdo con Libre para evitarlo.

El acuerdo es interpretar un artículo de la Constitución. Se refieren al 56, que reza: “El Censo Nacional Electoral es público, permanente e inalterable. La inscripción de los ciudadanos, así como las modificaciones ocurridas por muerte, cambio de vecindario, suspensión, pérdida o restablecimiento de la ciudadanía, se verificará en los plazos y con las modalidades que determine la ley”.

Como puede observarse, el artículo es muy general. Comprende cualquier circunstancia, normal o excepcional. La permanencia e inalterabilidad del censo electoral no cambia porque se confeccione uno nuevo, porque la norma se refiere a la función de inscribir a todos los que tengan la ciudadanía hondureña, es decir, que todo hondureño que tenga 18 años y todo lo que modifique esa cualidad jurídica debe inscribirse en el “censo electoral”.

Cómo se hará y en qué plazos, es tema de la ley secundaria. Es esta, entonces, la que debe ser objeto de revisión, como, en efecto, lo está por estar convenido emitir una nueva ley electoral.

No es modificando la Constitución que se resuelven cuestiones puntuales. Para lograr resolver estas cuestiones se emiten nuevas leyes o se reforman las existentes, que es el medio idóneo para desarrollar los preceptos constitucionales. Si la pandemia exige modificación en procedimientos y plazos, habrá que proceder en consecuencia, pero por la vía adecuada. Sin embargo, considerando que es para atender perentorias necesidades provocadas por la emergencia, que, como tal, es temporal, la solución debe tener el mismo carácter, es decir, debe ser provisional y solo para atender las demandas de la emergencia.

Agotado esto, abordemos el tema de la interpretación constitucional. Esta ha sido una vieja aspiración del Congreso Nacional -aunque no tan vieja- que ha provocado sonados debates.

Se pretendió modificar la Constitución para atribuir al Congreso la potestad de interpretar la Constitución y la jurisdicción constitucional, resolviendo una oportuna acción de inconstitucionalidad, declaró inconstitucional la reforma. La Corte Suprema zanjó la cuestión definitivamente.

Se alegaron delirantes teorías de todo tipo para rechazar la sentencia, sin embargo, esta, como manda la Constitución, es de “ejecución inmediata”, es decir, nada condiciona su aplicación, y, por tanto, tiene plena vigencia. En otras palabras, el Congreso Nacional carece de competencia para interpretar la Constitución. Puede reformarla y, por esta vía, interpretarla; esa es su competencia exclusiva, siempre, por supuesto, que no se trate de aquellos artículos con el atributo de la perennidad, es decir, los denominados “pétreos”.

La interpretación constitucional está reservada desde el nacimiento de la República al Poder Judicial, en su condición de defensor de la Constitución. Por eso existe la jurisdicción constitucional en donde se resuelven todas las cuestiones relativas a la aplicación de la Constitución, mediante las declaratorias emitidas en las acciones que en la misma se sustancian, especialmente el amparo y la inconstitucionalidad.

Esa atribución garantiza que la Constitución se respete en sus valores, principios y reglas para la preservación misma de la República, el Estado de Derecho y la democracia. El sentido y alcance de sus normas los determina la jurisdicción constitucional en cada sentencia que, por esa vía, defiende su contenido en cada caso concreto. Por su medio, entonces, se defiende la institucionalidad constitucional y los derechos de cada persona individual, declarando, con efectos especiales o generales, lo que la Constitución manda, prohíbe o permite. Defensa que ejerce particularmente frente al Poder Público, cuyo ejercicio fácilmente puede tornarse arbitrario.

Esa pretensión del Congreso Nacional de arrogarse la potestad de interpretar la Constitución es una vieja aspiración “cachureca”, a la que no puede adherirse, por principios y definición doctrinaria, el liberalismo y, en general, todo partido que se integre en las filas de quienes defienden las instituciones republicanas, el Estado de Derecho y la democracia.

No se puede seguir manoseando la Constitución para resolver cuanto obstáculo se les presente en el camino, pudiendo resolverlo mediante ley.

Que en medio de la pandemia los legisladores estén afanados en manosear la Constitución para este tipo de cuestiones, en lugar de decretar una “quita” o “espera”, por mientras dure la pandemia, en todas las obligaciones pecuniarias de los hondureños, es lo que nos motiva para decir con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

(Por Víctor Meza) En la mañana del día 9 de abril de 1975, la somnolienta y apacible sociedad hondureña de entonces se vio de pronto sacudida por una noticia que divulgó ese día el influyente diario norteamericano The Wall Street Journal. De acuerdo con la nota de prensa, la compañía multinacional bananera United Brands habría pagado un millonario soborno a un ‘alto funcionario’ del Gobierno militar de entonces a cambio de anular el recién aprobado aumento a los impuestos que debía pagar la empresa frutera por la producción y exportación de banano.

El soborno, conocido después simplemente como el ‘bananagate’, había sido descubierto tras una investigación de la Securities and Exchange Commission, más conocida como SEC, de Estados Unidos, a raíz del repentino suicidio del empresario de origen judío Ely M. Black, a la sazón presidente de la junta directiva de la United Brands. La denuncia aireada en la prensa norteamericana causó un gran revuelo en Honduras. El Gobierno creó una comisión especial, presidida por el entonces rector de la Universidad Nacional, Jorge Arturo Reina, e integrada por representantes notables de diferentes sectores de la sociedad hondureña, para aclarar el espinoso asunto.

Tuve la suerte de acompañar a Jorge Arturo como investigador y asesor de la mencionada comisión. El informe final presentado por esta comisión provocó la caída del gobernante de entonces, general Osvaldo López Arellano, y su sustitución por el también general Juan Alberto Melgar; pero esa ya es otra historia. Rememoro estos hechos, diluidos ya en la memoria colectiva de la gente, ahora que estamos presenciando, no sin estupor y enojo, la burda maniobra con tufillo a corrupción que rodea el caso de los hospitales móviles importados desde la lejana y fascinante Turquía.

Entre ambos acontecimientos –el soborno bananero y la trama de los hospitales móviles– se tiende, casi imperceptible pero también irrompible, un largo y consistente hilo rojo que anuda y eslabona la larga historia de corrupción y saqueo de los fondos públicos que ha caracterizado a nuestro país. El soborno bananero –ya se sabe– produjo la caída de un gobernante que, en ese momento, encabezaba un vacilante proceso reformista, acompañado por un grupo consistente de políticos y técnicos de gran calidad profesional.

El acto de corrupción descubierto por el Wall Street Journal y cuidadosamente investigado por la comisión especial ya mencionada frustró la puesta en marcha de un calificado Plan Nacional de Desarrollo que había sido elaborado el año anterior. Es un caso clásico para mostrar la forma en que la corrupción conspira contra el desarrollo y el progreso de un país. En el caso actual, el de los hospitales móviles, también es dable comprobar ese vínculo de obstrucción y bloqueo que genera la corrupción en contra de una buena y transparente gestión gubernamental. En 1975 ya la corrupción frenaba el desarrollo.

Hoy, en un nuevo siglo y milenio, la corrupción sigue siendo el obstáculo inevitable que detiene el avance y bienestar de nuestra sociedad. En ambos casos, la trama corrupta comienza como una pequeña bola de nieve que, en la medida que rueda cuesta abajo, va creciendo y aumentando hasta volverse alud incontenible. Recuerdo los interrogatorios a que eran sometidos los ministros del gabinete de López Arellano por los miembros de la comisión investigadora: todos los días surgían nuevos detalles, aristas desconocidas del caso, revelaciones insospechadas que permitían aclarar la confusión inicial y seguir las pistas adecuadas.

Lo mismo sucede hoy: todos los días, la población, en inquietante espera, ansía conocer los nuevos ingredientes de esta trama, que, para bien o para mal, cada vez se parece más y más a una tenebrosa y poco edificante telenovela. Los dos casos aquí mencionados tienen un común denominador: la corrupción. Tanto ayer como hoy, ya sea que se trate de bananos o de hospitales, lo único que cambia son los protagonistas directos, pero el contexto de podredumbre y mal olor se mantiene, se reproduce y crece. Es triste, pero es cierto.

(Por: Edmundo Orellana) Es lo provocado por la compra de los hospitales móviles dentro del gobierno.

Las denuncias de los representantes de la sociedad civil en el Consejo Directivo de Invest-H, son gravísimas. Reconocen que no participaron en ninguna de las decisiones para dotar a la institución de los mecanismos para atender la pandemia ni en el proceso de adquisición de los hospitales móviles, lo que confirma en su renuncia quien fuera la última directora de Invest-H, al denunciar que le rechazaron los ajustes al POA que, en sesión con el gobernante y algunos de sus ministros, le ordenaron que formulara para adecuarlo a las exigencias de la pandemia y presentarla al Consejo Directivo.

De las denuncias y la renuncia resulta evidente que Invest-H actuó a espaldas del Consejo Directivo pero con el conocimiento de autoridades superiores, extrañas al organismo. En otras palabras, que lo ocurrido fue aprobado por el gobierno, porque, de no ser así, la adquisición jamás se habría hecho. Son muchos los organismos involucrados para comprometer esa enorme cantidad y muy complejos los procedimientos para concretar la operación.

La primera lección que de esto resulta es que la participación de los particulares en esos consejos directivos no tiene importancia, porque no cumplen o no les permiten cumplir sus funciones de control, supervisión y evaluación de la gestión institucional. Son “convidados de piedra”. Lo que adquiere una especial connotación es que si no toman las decisiones adecuadas incurren en responsabilidad, salvo que quede constancia por escrito de que se opusieron y, además, expusieron las causas de su oposición. No son veedores, son miembros del órgano directivo; son, pues, parte del problema no de la solución.

La segunda lección es que no importa la dimensión de la emergencia, las instituciones estatales jamás deben eludir la aplicación de la ley. Actuar a espaldas del Consejo Directivo es una transgresión a la ley, pero de una valoración menor; sin embargo, contravenir la Ley de Contratación del Estado en cuestiones fundamentales, es grave, por las consecuencias en la población, especialmente en medio de la pandemia.

La tercera lección es que los funcionarios deben apegarse a la ley de sus respectivos organismos, sin permitir que el gobierno los obligue a tomar decisiones irrespetando sus competencias e ignorando a sus órganos directivos. Es la estrategia que utiliza el gobierno, que le permite colocarse a distancia de la acción, a la expectativa de los resultados, que si son exitosos, reclama su autoría, si, en cambio, son desastrosos, como es este caso, alegan que desconocen lo actuado y hasta participan en la denostación pública de los ejecutores.

Este caso, sin embargo, se le fue de las manos al gobierno. Las dimensiones del escándalo los tiene confundidos, porque todo indica que el problema se originó en las más altas esferas del gobierno. Esa es la razón de que altos funcionarios del régimen de JOH, salgan públicamente a atacar, descalificando personalmente -como hacen los que no tienen defensa posible- a quienes denuncian la escandalosa adquisición de los hospitales móviles. Lo sorprendente e inédito en la vida constitucional del país, es que el más alto jerarca militar intervenga en la polémica, como si no fuese suficiente la defensa que del gobierno hacen los funcionarios civiles y sin importar el daño que esta intervención provoque en el prestigio de las Fuerzas Armadas, como órgano obediente y no deliberante.

No es Invest-H el que está en el centro del escándalo, es el gobierno, que, evidentemente, promovió la adquisición y aprobó lo actuado hasta que surgió el escándalo. Ahora es que los sospechosos de aprovecharse de la pandemia son “mal nacidos”. “Cosas veredes, amigo Sancho”.

¿Es un escándalo más o será el último? Hasta ahora la responsabilidad de desfacer el entuerto recae en el MP. Sin embargo, los alcances políticos del escándalo son indiscutibles, por las vidas que está cobrando el mal manejo del gobierno para atender la pandemia, agravado por este escándalo que ocurre en un momento en que crecen las sospechas de que hay quienes, aprovechando la pandemia, se están enriqueciendo.

Las circunstancias ofrecen una oportunidad de oro para recobrar el prestigio al MP y a la oposición. Al MP, para proceder contra quienes, con la excusa de que están atendiendo la pandemia, se están enriqueciendo con fraudulentas operaciones; a la oposición, para que levante la bandera de la dignidad nacional herida y acelere los cambios que urgen en la dirección del país.

La corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos, serán las actividades que destacarán los historiadores cuando narren estos dos períodos de JOH a las próximas generaciones, y estas, seguramente, se preguntarán: ¿qué hicieron nuestros ancestros para combatir semejantes barbaridades? Suficiente razón para decir con fuerza: ¡BASTA YA!

Confidencial HN