Saturday, Dec 14, 2019
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WASHINGTON, EE.UU.

(Spútnik) El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que pronto dará una respuesta a México por no hacer nada para detener a los migrantes irregulares que pasan por su frontera norte.

«La actitud de México es que las personas de otros países, incluido México, deben tener el derecho de ingresar a los EEUU y que los contribuyentes de los EEUU deben ser responsables de los tremendos costos asociados con esta migración ilegal; México está equivocado y pronto daré una respuesta», publicó Trump en la red social Twitter.

​Trump también dijo que México no está haciendo «prácticamente nada» para disuadir a los flujos de migración ilegal a la frontera entre EEUU y México.

Un número creciente de migrantes de América Central ha estado llegando a la frontera sur de EEUU desde octubre del año pasado.

En febrero pasado, el presidente de EEUU declaró una emergencia nacional para asegurar fondos para construir un nuevo muro fronterizo.

La administración Trump ha estado haciendo esfuerzos para detener la migración irregular al país, incluso amenazando con cerrar la frontera sur o imponer aranceles a los vehículos mexicanos importados a EEUU.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Spútnik) El Ministerio de Gobernación (interior) de Nicaragua informó que un equipo de policías y forenses investiga la muerte del preso Eddy Montes, herido por un guardia durante un presunto motín sofocado el pasado 16 de mayo en la cárcel Tipitapa (La Modelo).

«Equipo técnico conformado por investigadores policiales y peritos de criminalística se hizo presente en el establecimiento penitenciario de Tipitapa, en donde se mantiene realizando las investigaciones. Una vez concluidas, la Policía Nacional remitirá el informe correspondiente y a los responsables al Ministerio Público para su judicialización», señala una nota publicada en la web gubernamental 19Digital.

El comunicado asegura que durante el amotinamiento originado en las galerías 16 y 17 de La Modelo resultaron heridos 21 funcionarios penitenciarios.

El Ministerio de Gobernación precisó que el 18 de mayo los familiares de Montes solicitaron participar en el reconocimiento médico del cadáver y contrataron a patólogos privados para verificar los hallazgos de la autopsia.

Estos patólogos aseguraron que la autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal cumplió con los estándares internacionales.

«El Sistema Penitenciario Nacional, en cumplimiento de sus funciones establecidas en la Ley 473 Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, de inmediato solicitó a la Policía Nacional realizar las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos e identificación de los responsables», agrega la nota.

El intento de motín se desató durante una visita del Comité Internacional de la Cruz Roja a los centros penitenciarios La Modelo e Integral de Mujeres, cuando un grupo de presos buscó llamar la atención alterando el orden interno y causó daños en las instalaciones.

«En los últimos días han destruido la infraestructura de la galería penitenciaria, provocando quema de colchones asignados, destrucción del sistema eléctrico, del techo de la galería, malla perimetral y agresión a funcionarios penitenciarios», agrega el texto.

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acusó al Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional de provocar el «asesinato» de Montes al reprimir a «presos políticos».

«Exigimos al Gobierno el respeto a la integridad física de todos los presos. El asesinato de Eddy Montes nunca tuvo que suceder, porque debía estar libre», declaró la Alianza en su cuenta de la red social Twitter.

Nicaragua vive una crisis política desde mediados de abril de 2018, cuando una reforma al sistema del Seguro Social desató violentas protestas contra la administración del presidente Daniel Ortega, acompañadas por actos que el Gobierno tildó de «terroristas».

Entonces fue convocado un diálogo nacional auspiciado por la Iglesia Católica, que se suspendió dos meses después.

Las negociaciones se retomaron este año y el Gobierno dijo el 9 de abril que mantenía reuniones informales con los delegados de la Alianza, tras culminar oficialmente el diálogo a principios de mes sin alcanzar consenso en puntos medulares de su agenda.

El nuncio apostólico Waldemar Sommertag y el enviado especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, han venido intentando actuar como testigos y acompañantes internacionales de las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza para superar la crisis.

BUENOS AIRES, ARGENTINA

(Spútnik) La primera audiencia del juicio oral y público contra la expresidenta y senadora argentina Cristina Fernández de Kirchner, por irregularidades en contratos de obra pública concedidos en la provincia de Santa Cruz durante su mandato (2007-2015), llegó a su fin sin que hubiera terminado la lectura del requerimiento fiscal.

El presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, ordenó suspender la lectura luego de tres horas y pasar a cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 9:30 hora local (12:30 GMT).

Los secretarios del tribunal leyeron parte del requerimiento de elevación a juicio con las acusaciones para cada uno de los 13 imputados de la causa denominada «vialidad».

El único percance tuvo lugar al inicio de la audiencia, cuando el abogado Maximiliano Rusconi, defensor del exministro de Planificación Julio de Vido, intentó presentar un planteo de «gravedad» pero fue interrumpido por Gorini, quien señaló que no era el momento para hacerlo.

La expresidenta, sentada en una de las últimas filas de la sala AMIA, escuchó en silencio junto a su abogado las acusaciones en su contra.

En el caso se la imputa como jefa de una «matriz de corrupción» junto a su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), a través de la cual sustrajeron supuestamente de las arcas públicas 46.000 millones de pesos (1.000 millones de dólares).

Para «sustraer fondos del Estado, escogieron la obra pública vial como modo propicio» en la provincia de Santa Cruz (sur), dice la acusación fiscal leída en el subsuelo del edificio de tribunales en la calle Comodoro Py.

La audiencia tuvo lugar en una sala colmada de periodistas y simpatizantes de la expresidenta, la sala AMIA, el espacio de audiencias más grande que existe con capacidad para unas 160 personas que es nombrado así porque allí se realizaron juicios relacionados con el atentado terrorista 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina.

El juicio contra 13 acusados se centra en el supuesto direccionamiento de 51 proyectos de obras viales en beneficio del empresario Lázaro Báez, dueño de la empresa Austral Construcciones, detenido en 2016, y presunto testaferro del matrimonio Kirchner-Fernández.

Otros acusados son el exsecretario de Obras Públicas, José López, el primo del expresidente Kirchner, Carlos Kirchner, el extitular de Vialidad, Nelson Periotti, y el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, entre otros.

Se estima que a lo largo del debate comparezcan unos 160 testigos, entre ellos empleados de la Dirección Nacional de Vialidad, exfuncionarios de Santa Cruz y especialistas que serán consultados por las obras viales.

En el lugar 117 de la lista de testigos figura el político y abogado Alberto Fernández, quien fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y por unos meses también de Cristina Fernández, y que será precandidato presidencial en una fórmula que la exmandataria completará como aspirante a la vicepresidencia para las elecciones del 27 de octubre.

Este expediente fue elevado a juicio por el juez federal Sebastián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita.

En las afueras del edificio de tribunales se desplegó un operativo de seguridad en el que intervinieron la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería.

Se estima que el juicio oral y público se extenderá durante más de un año, de forma paralela al proceso electoral.