Thursday, Jul 18, 2019
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CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Spútnik) El Gobierno de México presentó una nota diplomática a la embajada de los EEUU solicitando una «investigación exhaustiva» de incidentes ocurridos en la zona fronteriza, donde medio millar de centroamericanos fueron repelidos con gases lacrimógenos al intentar ingresar por la fuerza a ese país, informó la cancillería.

«La secretaría de Relaciones Exteriores presentó hoy [26 de noviembre] una nota diplomática a la embajada de los Estados Unidos de América con relación a los incidentes ocurridos el 25 de noviembre en la zona fronteriza de Tijuana–San Diego», dijo en un comunicado la oficina del canciller Luis Videgaray.

La nota diplomática solicita a las autoridades estadounidenses que «realicen una investigación exhaustiva de los hechos en los que fueron utilizadas armas no letales de EEUU hacia México», para contener a los migrantes.

México reiteró a la vez su compromiso de continuar «protegiendo en todo momento los derechos humanos y la seguridad de las personas migrantes» que integran las caravanas migrantes que huyen de la violencia de las pandillas y la pobreza, cuyo grueso ha llegado a la ciudad fronteriza de Tijuana con la esperanza de lograr asilo en EEUU.

Finalmente, la cancillería mexicana destacó el interés de México de mantener la estrecha cooperación bilateral para «enfrentar el fenómeno migratorio de manera conjunta y con un enfoque de responsabilidad compartida» con el gobierno del presidente de ese país vecino que encabeza el presidente Donald Trump.

México deportará a casi un centenar de migrantes centroamericanos detenidos tras «intentar de manera violenta» ingresar a territorio estadounidense el 25 de noviembre, informó el Instituto Nacional de Migración (INM), y reforzó la frontera norte con agentes de la Policía Federal encabezados por los jefes máximos de la corporación.

El operativo del 25 de noviembre logró contener al grupo de unos 500 migrantes que intentaron cruzar violentamente en el paso fronterizo de El Chaparral, Tijuana.

El Gobierno mexicano calificó el intento multitudinario como «actos de provocación, que lejos de ayudar a sus objetivos, atentan contra el marco legal migratorio y pueden resultar en un grave incidente en la línea fronteriza», dijo en un comunicado la secretaría federal de Gobernación.

Sobre la reacción de las autoridades estadounidenses, para rechazar el ingreso de los centroamericanos, incluso con gases lacrimógenos, la dependencia federal mexicana afirmó antes de la nota diplomática que «no se reportan heridos por arma de fuego».

Trump, volvió a pedir a México que detenga a los migrantes centroamericanos que buscan llegar a su país y advirtió que cerrará la frontera «permanentemente si es necesario».
El número oficial de personas que conforman la llamada caravana migrante es de 8.247; de estas, 7.417 se encuentran en el estado de Baja California, en las ciudades de Mexicali y Tijuana, dijo el INM en una tarjeta informativa enviada ala prensa extranjera acreditada.

Además 830 centroamericanos están repartidos en el territorio: 424 se encuentran en un albergue la Ciudad de México, en Tlahuac (sur capitalino); 253 transitan por el estado de Sinaloa hacia Sonora (norte); y 153 se trasladan por sus propios medios a la frontera norte del país, según el balance oficial.

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ

(Spútnik) El juicio oral por escuchas ilegales contra elxpresidente panameño Ricardo Martinelli fue fijado para el próximo 11 de diciembre, aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría cambiar la fecha, informó la oficina de prensa del órgano judicial.

«Se fija juicio oral por causa ‘escuchas telefónicas’ para el 11 de diciembre de 2018, pero Pleno de la CSJ debe decidir si mantiene la fecha o no», publicó el ente en su cuenta de Twitter.

El juicio por supuesto espionaje contra Martinelli, quien ocupó la presidencia panameña de 2009 a 2014, se reanudó el 19 de noviembre,

La fiscalía pide 21 años de cárcel para el exmandatario, por la supuesta interceptación de comunicaciones de opositores, periodistas y activistas, ordenada por el Consejo de Seguridad Nacional durante su gobierno.

El expresidente permanece detenido en la cárcel de mínima seguridad El Renacer, a las afueras de la capital.

En EEUU estuvo preso durante año por un pedido de extradición por espiar las comunicaciones de, al menos, 150 personas, a través del Consejo de Seguridad Nacional.

En las últimas semanas, el expresidente presentó las firmas necesarias para lograr una candidatura independiente a la Alcaldía de Ciudad de Panamá.

Al no existir una sentencia judicial final, Martinelli puede presentarse como candidato.

NUEVA YORK, EE.UU.

(Actualidad RT) Juan Antonio Hernández, exdiputado hondureño y hermano del presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, ha sido acusado de narcotráfico por la Justicia de EE.UU., informó AFP.

El acusado fue detenido el pasado viernes en el aeropuerto de Miami (Florida) y a tres días de su detención, compareció en audiencia ante la Corte Federal de esa ciudad, donde se le imputaron los cargos de conspiración para importar cocaína a EE.UU., delitos relacionados con armas de fuego y mentir a agentes federales.

Sin embargo, fue en Nueva York donde fueron leídos los cargos que le imputan: conspiración para importar cocaína a EE.UU., delitos relacionados con armas de fuego y mentir a agentes federales.

De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Hernández se encargó de procesar, recibir, transportar y distribuir cargamento de cocaína de múltiples toneladas, desde laboratorios que operaban en Colombia, Honduras y México.

De acuerdo al fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, Hernández «estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico, a través de Honduras, de varias cargas de toneladas de cocaína que estaban destinadas a EE.UU.».

La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, según un documento obtenido por InSight Crime, lo calificó como un «narcotraficante a gran escala», quien era investigado desde 2004 por las autoridades estadounidenses.

Hernández, de 40 años y conocido como ‘Tony’, se encargó de «procesar, recibir, transportar y distribuir cargamentos de cocaína», desde laboratorios que operaban en Colombia, y Honduras. Además, trabajó en México.

Su importancia en el narcotráfico centroamericano era tal, que en el texto señalan que, presuntamente, sus iniciales ‘TH’ eran estampadas en los cargamentos de droga, que transportaba en «aviones y submarinos».

También señalan que usó su peso político dentro de esta trama de narcotráfico. Por ejemplo, las cargas que le pertenecían las protegían miembros de la policía nacional; y, además, brindó protección a otros narcotraficantes, mediante el soborno a otros políticos hondureños.

Se espera que la Corte Federal de Florida defina si el proceso contra el hermano del mandatario hondureño continúe en ese estado o se traslade a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, desde donde salió la orden de detención en su contra.

Tony Hernández no es el primer familiar de un político hondureño en ser procesado en EE.UU.; en septiembre de 2017 fue condenado a 24 años de prisión Fabio Lobo, el hijo del expresidente Porfirio Lobo, también acusado de corrupción.