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SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Sputnik) El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, se comprometió con el Gobierno de Israel que mantendrá su embajada en Jerusalén y que considerará terrorista a la milicia chiíta libanesa Hizbulá pocas horas antes de asumir su cargo, informaron medios israelíes.

«Giamattei dijo al ministro Ofir Akunis, enviado de Israel a la ceremonia de toma de posesión, que Guatemala mantendría su embajada en Jerusalén y declararía a Hizbulá como una organización terrorista», publicó el portal hebreo Arutz Sheva.

Akunis, ministro israelí de Ciencia, Tecnología y Espacio, se reunió con Giammattei poco antes de la investidura del político conservador de 63 años, quien ganó en segunda vuelta la presidencia luego de cuatro intentos.

El enviado de Tel Aviv agradeció al presidente entrante en nombre del pueblo de Israel por su mensaje respecto a Jerusalén y Hizbulá, y le transmitió los deseos de éxitos del primer ministro Benjamin Netanyahu y el canciller Israel Katz.

«Jerusalén ha sido el corazón del pueblo judío durante 3.000 años y Hizbulá es una organización terrorista cuyo objetivo, con Irán, es la eliminación de Israel: gracias por su valiente decisión de declararla una organización terrorista», respondió Akunis a Giammattei, según Arutz Sheva.

Giammattei ya había expresado su intención respecto a Hizbulá durante su visita a Tel Aviv, en diciembre pasado, en la cual afirmó que «los amigos de Israel son amigos de Guatemala. Y los enemigos de Israel son nuestros enemigos».

El próximo jefe de Estado adelantó en su cuenta de la red social Twitter que abordó con Akunis temas de cooperación bilateral para la tecnificación de Guatemala, y aseguró que la amistad entre ambas naciones «se seguirá fortaleciendo».

Guatemala decidió trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén el 24 de diciembre de 2017, y el 16 de mayo de 2018 fue inaugurada la sede diplomática en la ciudad que tanto Israel como Palestina reclaman como su capital legítima e histórica.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Sputnik) El Gobierno mexicano propuso venderle a la Casa Blanca su avión presidencial por un costo de 130 millones de dólares, aunque a pagar «en especie» con equipo médico, sin embargo, aún no recibe respuesta de EEUU, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las gestiones con la autoridades de EEUU proponen que «les entregamos el avión y paguen en especie, necesitamos equipos de rayos equis, ambulancias, tomógrafos, laboratorios», dijo este 14 de enero el mandatario en conferencia.

«No hemos tenido respuesta», dijo el mandatario al anunciar que la aeronave regresará a la capital mexicana desde California, sur de EEUU, donde fue objeto de servicios de «preservación» y «mantenimiento» por 1,5 millones de dólares.

Mientras se mantiene la posibilidad de venderlo a uno de los dos interesados que no confirmaron sus ofertas en 2019, otra opción es la venta de acciones a un conglomerado de 12 empresas, para que «lo utilicen como viajes de ejecutivos o reconocimiento de su trabajo en empresas privadas», explicó López Obrador.

Los compradores potenciales «no consiguieron financiamiento y se pasa el tiempo, por eso se tomó la decisión de regresarlo» a México, detalló el presidente.

La tercera posibilidad es la renta de la aeronave para 80 pasajeros, adquirida en 2012 durante el periodo de transición entre los entonces presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

«Solo hay un avión con estas características en el mundo, que se renta en Asia», explicó el gobernante.

López Obrador prometió en su campaña electoral obtener recursos para el gasto público de la venta de ese avión, pero dijo que «no queremos malbaratarlo, es mejor esperar».

Hace más de un año, dos días después del comienzo de su mandato de seis años, el 3 de diciembre de 2018, el avión fue enviado hacia un aeropuerto de servicios logísticos en San Bernardino, California, donde permaneció mientras el fallido proceso de compraventa estuvo en marcha.

El Boeing 787-8, modelo Dreamliner de lujo, fue entregado en febrero de 2016, y solo sirvió a la Presidencia mexicana casi tres años, con 214 vuelos nacionales e internacionales, en unos 600.000 kilómetros recorridos.

El último vuelo llevó a Peña Nieto a la cumbre del G20 de las mayores economías globales en Buenos Aires, el 30 de noviembre de 2018.

La aeronave se exhibirá de nuevo en la siguiente subasta de 28 aeronaves (19 aviones y nueve helicópteros) que eran parte de la flotilla gubernamental activa, convocada este 14 de enero, hasta el 31 de enero próximo.

Además de los 130 millones que cuesta el avión presidencial, la tasación del lote de aviones y helicópteros subastados es de 2.500 millones de pesos (poco más de 131 millones de dólares) que también serán destinados a la compra de equipos médicos.

WASHINGTON, EE.UU.

(Sputnik) Los senadores estadounidenses esperan comenzar el juicio político contra el presidente Donald Trump el 21 de enero, dijo el líder de la mayoría, Mitch McConnell, a los periodistas.

«Se presentará de manera apropiada el próximo martes, y es entonces cuando ocurriría la votación, es de suponer que estuviéramos en juicio el próximo martes», afirmó McConnell.

El líder de la mayoría se refería a un procedimiento inspirado en el juicio político de 1997-1998 contra el expresidente Bill Clinton.

McConnell dijo que los 53 republicanos continúan apoyando el plan en el que los fiscales de la Cámara y los defensores de Trump presentarán sus argumentos, seguidos de preguntas escritas de los senadores, después de lo cual ambas partes podrán proponer testigos.

«Vamos a votar sobre esos (testigos) en el momento apropiado después de escuchar los argumentos, 51 decidirán a quién llamar», añadió.

McConnell agregó que no hay «apetito» en la mayoría republicana de 53 miembros para desestimar el caso desde el principio, como algunos legisladores habían sugerido anteriormente, y que todas las voces de ambas partes se escucharán antes de que finalice el juicio.

La Constitución de EEUU requiere una mayoría de dos tercios (67 votos) en el Senado para condenar y destituir a un presidente acusado.