Thursday, Aug 22, 2019
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SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Spútnik) El Gobierno de Estados Unidos instó al presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, a implementar lo antes posible un acuerdo de asilo cuestionado en ambos países, mediante un mensaje difundido por la Casa Blanca en sus redes sociales.

«Podríamos llegar a un periodo histórico en la relación bilateral de cooperación y crecimiento económico, pero necesitamos la ayuda de Guatemala implementado este acuerdo», afirmó en un video Mauricio Claver-Carone, asesor para asuntos hemisféricos del presidente de EEUU, Donald Trump.

Claver-Carone afirmó que el «acuerdo de cooperación sobre cuestiones de asilo» firmado el pasado 26 de julio no implicará ningún costo para Guatemala.

«Necesitamos la ayuda de Guatemala implementando este acuerdo (…) No perdamos esta oportunidad. ¡Ayudémonos mutuamente!», enfatizó el funcionario norteamericano, apenas un día después de que 22 fiscales generales de EEUU rechazaran el convenio, también conocido como de «tercer país seguro».

En su misiva, los fiscales generales recuerdan que «nuestra nación fue construida por gente que huyó de la violencia y la persecución».

«En vez de ofrecerles refugio y esperanza, la administración Trump les dice que regresen a donde vinieron. Es anti-americano», reza el texto.

La carta fue firmada por los fiscales generales de California, Delaware, Massachusetts, New York, Connecticut, Hawai, Illinois, Oregon, Iowa, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, Nevada, New Mexico, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y el Distrito de Columbia.

La coalición de fiscales exige a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional que frene una propuesta de la Casa Blanca para impedir que soliciten asilo los inmigrantes que entren a EEUU por el sur, a menos que hayan sido rechazados en un destino previo.

Según los firmantes, dicha legislación viola tanto el Acta de Inmigración y Nacionalidad y el Acta de Procedimiento Administrativo, según las cuales, cualquier extranjero aplica para asilo a su llegada a EEUU, en virtud de la Convención de Refugiados de 1951.

«La regla pone a la población vulnerable en riesgo de posterior persecución en sus países de origen e ignora la falta de un sistema de asilo justo y funcional en esos países», agrega la misiva, dirigida al secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, y al Fiscal General de EEUU, William Barr.

El polémico acuerdo de asilo también es cuestionado porque fue suscrito bajo presiones de Washington de imponer aranceles a las remesas hacia esa nación centroamericana.

Los fiscales advierten que, en particular, Guatemala no está preparada para brindar asilo a las miles de personas de la frontera mexicana con EEUU, y agrega que el mencionado pacto es «inconstitucional porque discrimina basándose en la raza, etnia y origen nacional, lo que viola la quinta enmienda».

El acuerdo de «tercer país seguro» también es criticado por congresistas de EEUU, que tampoco creen que Guatemala pueda asumir a solicitantes de asilo y garantizarles albergue, alimentación y empleo.

Según dicho convenio, Guatemala no retornará ni expulsará a solicitantes de protección, de cuyo traslado se encargará EEUU, a menos que el solicitante abandone el requerimiento o este le sea denegado.

Estados Unidos solo procesará en su territorio las solicitudes de protección de menores no acompañados, y de las personas que hayan ingresado al país con una visa válida, que no sea de tránsito.

A Guatemala le corresponderá evaluar una por una las solicitudes de protección, según las políticas migratorias nacionales y lo establecido en el convenio.

En octubre del año pasado comenzaron a partir desde Centroamérica multitudinarias caravanas de migrantes con destino a EEUU, hecho que fue catalogado por Trump como un problema para la seguridad nacional.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Spútnik) El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reprobó los «crímenes de odio y racismo» y reafirmó su intención de solicitar la extradición del autor de la masacre del 3 de agosto en la fronteriza ciudad estadounidense de El Paso, Texas, donde murieron 22 personas, entre ellas ocho mexicanos.

El Gobierno de México considera «la posibilidad de solicitar la extradición de esta persona», dijo el jefe de Estado.

El estadounidense Patrick Crusius, de 21 años, admitió ante los investigadores que recorrió casi 1.000 kilómetros para realizar el ataque en un centro comercial, especialmente contra mexicanos.

La condena en este país podría de ser de medio siglo en prisión, mientras que Texas, sur de EEUU, es uno de los estados donde se aplica la pena de muerte.

«Nuestra Constitución no permite la pena de muerte, por convicción no queremos que haya pena de muerte, y no existe la cadena perpetua; pero por tratarse de un crimen como el que se llevó a cabo, con premeditación y todos los agravantes, en México se pueden acumular más de 50 años de cárcel», planteó el gobernante.

Las autoridades mexicanas no solo buscan un castigo «sino que no se toleren crímenes de odio, racismo y xenofobia, reprobables abominables, no podemos permitirlo ni aceptarlo», enfatizó.

El propósito de la cooperación binacional es que el atentado «terrorista» dirigido contra la comunidad mexicana «no quede impune y que sea ejemplar el castigo […] esos actos irracionales, de odio exacerbado, no le convienen a EEUU ni ningún país», dijo el mandatario.

A una pregunta sobre los discursos que proliferan en el país vecino en contra extranjeros y la comunidad mexicanas, López Obrador respondió, sin mencionar a su homólogo Donald Trump, que «los migrantes no son peligrosos, el que siembra vientos cosecha tempestades, el que promueve ese tipo de campañas y acciones ocasiona que se den estas cosas».

La cancillería y la fiscalía general mexicana comenzaron esta semana a intercambiar información con la oficina del fiscal general William Barr, y han solicitado están pidiendo participar en el juicio para castigar al responsable, recordó el jefe de Estado.

México acumula pruebas para denunciar judicialmente el atentado como un «acto terrorista» contra la comunidad mexicana en EEUU.

CARACAS, VENEZUELA

(Spútnik) La Guardia Nacional Bolivariana (componente de la Fuerza Armada de Venezuela) incautó 5.010 litros de combustible para contrabando en el estado Zulia (oeste) fronterizo con Colombia, informó el comandante de ese organismo, Fabio Zavarse.

«Efectivos militares de la Guardia Nacional del Zulia durante patrullaje fronterizo, en el municipio Guajira, realizaron la retención de cinco mil diez (5.010) litros de combustible, ¡Combatiendo los delitos transfronterizos!», indicó Zavarse en la red social Twitter.

​De igual manera, el comandante de la Guardia Nacional indicó que en la localidad Jesús María Semprún, del mismo estado Zulia, lograron destruir dos pistas clandestinas, decomisaron 1.380 litros de combustible de avión y retuvieron un vehículo tipo camión.

En julio pasado, los militares venezolanos también decomisaron en el estado fronterizo de Zulia 27 mil litros de combustible que sería usado para contrabando.

El Gobierno venezolano puso en marcha en los últimos cinco años diversos planes para hacer frente al contrabando de extracción de combustible hacia Colombia.

Mientras, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguro en mayo que el Gobierno colombiano se hace la «vista gorda» ante el contrabando de combustible desde Venezuela.

El abril de 2018, el Ejecutivo además desmanteló una banda dedicada al contrabando de combustible en el estado venezolano de Táchira (oeste) hacia territorio colombiano, y acusó al expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) de «amparar a las organizaciones criminales».

En ese mismo mes, el Gobierno de Nicolás Maduro activó la operación Manos de Papel dedicada a la captura de los autores intelectuales y materiales del robo de la moneda local y contrabando de combustible hacia el país vecino.