- Ministro José Argueta señala inconsistencias en datos de violencia y confirma investigaciones sobre millonario uso de fondos públicos
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El ministro de Comunicaciones, José Argueta, encendió la polémica este miércoles al denunciar que durante el gobierno anterior se habrían manipulado los registros oficiales de homicidios en Honduras, poniendo en duda la veracidad de las estadísticas que durante años sirvieron de base para medir la violencia en el país.
“Las cifras que se manejaron durante los últimos cuatro años, digamos que tuvieron un poco de maquillaje, las cifras no son exactas”, afirmó el funcionario, sugiriendo que la realidad de la criminalidad pudo haber sido deliberadamente distorsionada.
Las declaraciones fueron brindadas en el contexto de la primera reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad bajo la conducción de Nasry Asfura, donde —según Argueta— se abordaron posibles inconsistencias en los datos presentados por la administración anterior.
No obstante, el ministro fue cauteloso al evitar precisar cifras o porcentajes sobre el supuesto desfase, argumentando que sería “irresponsable” adelantar conclusiones sin contar con un respaldo técnico.
En ese sentido, indicó que el gobierno está a la espera de un informe elaborado por especialistas en medición de seguridad ciudadana, el cual permitirá contrastar los datos oficiales con metodologías independientes.
Investigación a fondos y uso de la Tasa de Seguridad
Más allá de las estadísticas de violencia, Argueta confirmó que también se desarrolla una investigación para esclarecer el uso de recursos públicos, incluyendo los fondos provenientes de la Tasa de Seguridad.
Entre los hallazgos preliminares, destacó que se está verificando el destino de 650 millones de lempiras utilizados en Casa Presidencial entre diciembre de 2025 y enero del presente año, una cifra que levanta cuestionamientos sobre la administración de recursos en la cúpula del poder.
El funcionario añadió que estas indagaciones buscan construir un informe pormenorizado que permita transparentar el manejo de fondos y determinar posibles irregularidades.
El reto del subregistro y la credibilidad
Argueta también reconoció la existencia de un problema estructural en el país: el subregistro de víctimas de la violencia, una práctica que distorsiona la dimensión real de la criminalidad y afecta la formulación de políticas públicas.
Aunque insistió en la necesidad de eliminar este fenómeno, no detalló cuál será la estrategia concreta para lograrlo, dejando abierta la interrogante sobre cómo el gobierno garantizará mayor transparencia en adelante.
Las declaraciones del ministro reavivan el debate sobre la credibilidad de las instituciones encargadas de generar estadísticas de seguridad. En un país marcado por altos niveles de violencia, la precisión de los datos no solo es clave para diseñar políticas efectivas, sino también para sostener la confianza de la ciudadanía.
Por ahora, las denuncias apuntan a un posible maquillaje de la realidad, mientras el país espera informes que confirmen —o desmientan— la verdadera magnitud de los homicidios en Honduras.
