- El diputado de Libre denuncia persecución política y asegura que buscan remover a sus representantes para sustituirlos
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, cuestionó duramente el proceso de juicio político que se sigue contra varios funcionarios electorales, al asegurar que carece de relevancia porque, según él, las decisiones ya fueron tomadas de antemano.
A criterio del legislador, el desarrollo de estos procesos responde más a intereses políticos que a una verdadera evaluación institucional.
“Es intrascendente, porque la decisión sobre sus separaciones ya está tomada”, afirmó.
Señalamientos de persecución política
Sarmiento acusó al Partido Nacional y a una facción del Partido Liberal de impulsar una narrativa para justificar lo que, según él, es un intento por remover a funcionarios vinculados a Libre y sustituirlos por figuras afines.
“Eso no es democracia, eso es persecución política, justicia selectiva y debilitamiento de las instituciones del país”, expresó.
El congresista insistió en que el objetivo real no es fortalecer la institucionalidad, sino reconfigurar los espacios de poder dentro de los organismos electorales.
Comparecencias “sin impacto”
En relación con la posible participación como testigos de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio y Ana Paola Hall, el diputado restó importancia a su comparecencia.
“Vengan o no vengan, van a ser suspendidos”, sostuvo, al reiterar que el proceso ya tiene un desenlace definido.
Críticas al impacto del proceso
Sarmiento también cuestionó el respaldo ciudadano a los juicios políticos, señalando que, según sus datos, apenas el 18 % de la población los aprueba, mientras más del 58 % los desaprueba.
A su juicio, esto responde a que la ciudadanía enfrenta problemas más urgentes que no están siendo atendidos.
“La gente no come de esto, no se le resuelven sus verdaderos problemas”, afirmó.
Un proceso que sigue generando tensión
Hasta ahora, el juicio político ya dejó fuera del cargo al exfiscal general Johel Zelaya, mientras continúan bajo este procedimiento el magistrado Mario Morazán, el consejero Marlon Ochoa, así como los suplentes Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía.
El desarrollo de estos casos mantiene la tensión política en el país, en medio de posturas encontradas sobre si se trata de un ejercicio legítimo de control o de una disputa por el control institucional.
