• El ente anticorrupción asegura que la institución operó durante años sin controles, con fondos sin respaldo, presuntos fraudes y contrataciones irregulares, por lo que pidió al Ministerio Público deducir responsabilidades penales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este miércoles una denuncia formal ante el Ministerio Público contra al menos 15 exfuncionarios y empleados del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), tras revelar una investigación que expone un presunto esquema de irregularidades administrativas, financieras y penales que, según el organismo, convirtió a la institución en un “paraíso de la corrupción” durante varios años.
La denuncia, sustentada en el informe elaborado por la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), titulado “Tierra de nadie: Fosovi, un paraíso de la corrupción amparado en la mala gestión”, señala que la entidad habría funcionado sin controles internos efectivos, sin estados financieros actualizados y con decisiones administrativas adoptadas al margen de la ley.
Entre los principales señalados figuran los exdirectores ejecutivos Juan Ramón Cruz Carbajal y Gilberto Ríos Munguía, así como otros exfuncionarios y empleados de distintas áreas de la institución, quienes ahora deberán ser investigados por el Ministerio Público.
De acuerdo con el CNA, la investigación identificó indicios de presuntos delitos como usurpación de funciones públicas, malversación de caudales públicos, fraude al sistema de seguridad social, abuso de autoridad, evasión fiscal y contratación irregular de personal.
Uno de los casos más relevantes involucra al abogado Giancarlo Jocsán Alonzo Godoy, quien, según el informe, se habría autonombrado director ejecutivo del Fosovi el 27 de enero de 2026 mediante la Resolución SG-060-2026, pese a que esa facultad corresponde exclusivamente al presidente de la República.
El organismo sostiene que, tras asumir ese cargo, Godoy emitió contratos, acuerdos y resoluciones administrativas sin tener competencia legal para hacerlo.
Asimismo, señala a la abogada Cinthia Mireya Díaz Barahona por presuntamente certificar la resolución que dio validez a dicho nombramiento.
Millones sin respaldo contable
La investigación también expone un grave desorden financiero dentro del Fosovi. Según el CNA, la institución dejó de elaborar estados financieros y actualizar sus registros contables desde el primer trimestre de 2020, lo que impidió conocer con precisión el manejo de los recursos públicos.
El informe revela que entre 2022 y 2025 se registraron egresos por 16.9 millones de lempiras sin respaldo contable suficiente para verificar el destino de esos fondos o confirmar que fueron utilizados para actividades institucionales.
El contador general de la entidad explicó que no fue posible cerrar los procesos contables entre 2020 y 2025 debido a fallas en el sistema informático y a la falta de documentación entregada por administraciones anteriores.
Presunto fraude al Injupemp e IHSS
El CNA también denunció presuntas irregularidades relacionadas con las obligaciones laborales y previsionales del Fosovi.
Según la investigación, la institución habría retenido 2.1 millones de lempiras correspondientes a aportaciones de empleados destinadas al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), sin que exista evidencia de que esos recursos fueran transferidos.
Además, se documentó una deuda de 2.24 millones de lempiras con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), correspondiente a cotizaciones pendientes, multas y recargos acumulados durante varios años.
El informe también sostiene que desde marzo de 2020 el Fosovi habría omitido calcular y retener el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a empleados obligados a pagarlo, situación que presuntamente favoreció a funcionarios con salarios más altos.
Pagos indebidos y venta duplicada
Dentro de las irregularidades detectadas, el CNA denunció presuntos pagos indebidos a exautoridades de la institución.
La exsubdirectora y exdirectora por ley, Lícida Xiomara Zelaya Lobo, habría recibido 1.44 millones de lempiras por concepto de gastos de representación entre 2015 y 2023, pese a que la normativa presupuestaria restringía ese tipo de beneficios.
Asimismo, el exdirector ejecutivo Juan Ramón Cruz Carbajal habría recibido 140 mil lempiras adicionales a los montos legalmente autorizados entre 2017 y 2020.
La investigación también revela una supuesta venta duplicada de un terreno ubicado en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, el cual habría sido adjudicado en 2018 y posteriormente vendido nuevamente en 2020 sin que existiera la cancelación de la primera operación.
Contrataciones bajo la lupa
El informe también cuestiona varios procesos de contratación de personal por presuntamente incumplir los requisitos académicos y profesionales establecidos en el manual de puestos del Fosovi.
Entre los casos señalados figura Belia Marcela Andrade Mejía, quien habría sido nombrada jefa de Ingeniería pese a ser únicamente pasante universitaria y no contar con un título de ingeniería civil.
También fueron mencionados Denis Mauricio Oliva Núñez, contratado como jefe de Recursos Humanos sin formación relacionada con esa área, y Marcio Alejandro Zelaya Carranza, quien presuntamente presentó certificados falsos de plataformas internacionales para respaldar su contratación.
Piden investigación penal
El CNA individualizó como presuntos responsables a exdirectores ejecutivos, exadministradores y empleados de distintas dependencias del Fosovi, entre ellos Juan Ramón Cruz Carbajal, Gilberto Ríos Munguía, Nadina Haydee Quiñónez, Ana Carolina Rodríguez Bermúdez, Giancarlo Jocsán Alonzo Godoy y Cinthia Mireya Díaz Barahona.
Asimismo, incluyó a funcionarios del área de Recursos Humanos como Aurelio Lagos, Denis Mauricio Oliva Zúniga, Jaffeth Julián Posadas Solís y Claudia Soribel Ramos Martínez, por supuestas responsabilidades relacionadas con fraude al sistema de seguridad social y abuso de autoridad.
El Fondo Social para la Vivienda fue creado en 1991 mediante el Decreto Legislativo No. 167-91 y su proceso de liquidación fue ordenado a través del Decreto Ejecutivo PCM-004-2026, como parte de la reestructuración de la administración pública.
Ante estos hallazgos, el CNA solicitó al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva y deducir las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan, al sostener que el Fosovi operó durante años sin un sistema de control interno capaz de garantizar la legalidad y la correcta administración de los recursos públicos.
