• La Fiscalía reafirma que solicitó privar de libertad al expresidente por la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de obstaculizar la investigación; el 12 de agosto presentará las pruebas que sustentan la acusación.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Ministerio Público (MP) reiteró este miércoles su posición como ente acusador en el caso Pandora II e insistió en que solicitó la detención judicial del expresidente Juan Orlando Hernández, al considerar la gravedad de los delitos que se le imputan y el riesgo de que pudiera obstaculizar la investigación.
A través de un comunicado oficial, la institución explicó que durante la audiencia de declaración de imputado requirió al juez de conocimiento que Hernández permaneciera bajo detención judicial, basándose en los elementos de prueba recabados hasta el momento.
Sin embargo, recordó que el juez resolvió imponer medidas cautelares distintas a la detención, una decisión que corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional.
El MP enfatizó que su actuación se desarrolla con independencia técnica y funcional, conforme a su mandato constitucional, y reiteró su compromiso de representar los intereses de la sociedad hondureña mediante una persecución penal apegada a la ley.
Asimismo, precisó que fue el órgano requirente que inició las investigaciones y presentó el requerimiento fiscal que dio origen al proceso penal contra el exmandatario por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos en el marco del caso Pandora II.
La institución también aclaró que las declaraciones o actuaciones de otras entidades del Estado que tengan interés o participación en este proceso son responsabilidad exclusiva de esas instituciones y no modifican la postura del Ministerio Público, que continuará actuando conforme a los mecanismos legales establecidos y en resguardo del debido proceso.
Finalmente, la Fiscalía confirmó que el próximo 12 de agosto de 2026, durante la audiencia inicial, presentará ante el juez competente los elementos de prueba con los que buscará sustentar la acusación contra Juan Orlando Hernández, reiterando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la persecución penal en defensa de los intereses de la sociedad hondureña.
