- Ricardo López demanda verificar la situación de hasta 50 personas y advierte que una condición migratoria irregular no justifica un trato penitenciario ni vulneraciones a sus derechos
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El posible traslado de personas deportadas desde Estados Unidos hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador encendió las alarmas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que demandó verificar las condiciones en las que se encontrarían los connacionales y garantizar que sus derechos fundamentales sean respetados.
El delegado adjunto del Conadeh, Ricardo López, manifestó su preocupación luego de que defensores de derechos humanos reportaran el traslado de deportados hacia territorio salvadoreño y señalaran que hasta 50 personas podrían permanecer en un centro penitenciario de máxima seguridad.
Ante este escenario, López consideró indispensable conocer las condiciones en las que se encuentran estas personas y determinar si están recibiendo un trato acorde con las normas nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.
“No son delincuentes por buscar protección”
Uno de los principales cuestionamientos planteados por el funcionario es que una persona que abandona su país huyendo de la violencia o que solicita protección internacional no puede ser automáticamente considerada delincuente.
López enfatizó que ingresar a otro país sin completar un procedimiento administrativo migratorio no convierte por sí mismo a una persona en criminal ni justifica que sea sometida a condiciones propias de un sistema penitenciario.
“Una persona que está buscando protección internacional no es sinónimo de un delincuente”, remarcó.
El delegado adjunto también recordó el principio internacional de no devolución, que establece garantías para impedir que una persona sea enviada a un territorio donde pueda estar en riesgo su vida, integridad o libertad.
A su criterio, cualquier decisión de trasladar personas hacia un tercer país debe ser examinada cuidadosamente y contar con procedimientos claros y garantías suficientes para evitar posibles vulneraciones.
Piden monitorear a los hondureños
López recordó que el Conadeh, como institución nacional de derechos humanos y miembro de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, ha solicitado en diferentes ocasiones a la Defensoría del Pueblo de El Salvador que realice monitoreos sobre la situación de las personas trasladadas a ese país.
El objetivo, explicó, es constatar directamente las condiciones de permanencia y garantizar que reciban un trato compatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
La preocupación adquiere mayor relevancia ante los antecedentes de las conversaciones entre Estados Unidos y El Salvador sobre la posibilidad de utilizar territorio salvadoreño como un “tercer país seguro” para recibir a personas solicitantes de protección internacional mientras avanzan sus respectivos procesos.
Para el Conadeh, cualquier mecanismo de esta naturaleza debe establecer previamente reglas claras, procedimientos definidos y garantías de protección, especialmente cuando están involucradas personas en situación de vulnerabilidad.
Honduras debe exigir reciprocidad
López también llamó a las representaciones diplomáticas hondureñas a coordinar acciones con los países que reciben o deportan a connacionales, con el acompañamiento de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Recordó que Honduras ha vivido experiencias similares durante la crisis migratoria y la pandemia de COVID-19, cuando personas provenientes de otros continentes permanecieron en el país y enfrentaron dificultades relacionadas con sus diferencias culturales y condiciones particulares.
Según el funcionario, una situación semejante puede afectar a hondureños que sean trasladados a países alejados de sus familias y con costumbres diferentes.
Por ello, consideró necesario que el Estado hondureño fortalezca la protección consular y reclame reciprocidad internacional, de manera que los compatriotas reciban un trato digno y respetuoso de sus derechos sin importar el país en el que se encuentren.
El llamado del Conadeh pone nuevamente bajo la lupa las condiciones en que se realizan los procesos de deportación y traslado de migrantes, particularmente cuando estos terminan en instalaciones penitenciarias.
Para López, la condición migratoria de una persona no puede convertirse automáticamente en una condena, y cualquier medida que implique su traslado o privación de libertad debe estar acompañada de garantías que permitan proteger su vida, integridad, libertad y dignidad.
