• Carlos Hernández denuncia que redes organizadas dentro del Estado continúan saqueando recursos públicos, mientras la falta de voluntad política y la debilidad institucional impiden combatir eficazmente este flagelo.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Honduras, con pérdidas que superan los 7,000 millones de lempiras anuales y niveles de impunidad que rebasan el 95 %, advirtió este sábado el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández.
El representante de la organización señaló que el país enfrenta un problema estructural que ha debilitado las instituciones públicas y afectado directamente a millones de hondureños, mientras persiste la falta de voluntad política para enfrentar de manera contundente este fenómeno.
Hernández explicó que durante la última década la ASJ ha documentado alrededor de 50 casos de lo que denomina “gran corrupción”, una modalidad que involucra redes organizadas dentro de las instituciones del Estado y cuyos efectos trascienden a toda la sociedad.
“La gran corrupción no daña únicamente a una persona o a una institución; perjudica al país entero y limita las oportunidades de desarrollo para la población”, manifestó.
Entre los mecanismos detectados recientemente, mencionó esquemas de lavado de dinero destinados a financiar campañas políticas mediante organizaciones no gubernamentales.
Según detalló, algunas de estas entidades son constituidas legalmente, pero posteriormente utilizadas para canalizar y desviar fondos públicos, simulando actividades en diferentes regiones del país para evadir los controles establecidos.
El director de ASJ sostuvo que Honduras cuenta con leyes y normativas suficientes para prevenir y sancionar la corrupción; sin embargo, aseguró que uno de los principales problemas radica en la falta de capacidad técnica y ética de quienes ocupan cargos públicos.
“Se colocan personas que no tienen la capacidad ni los valores para resistir órdenes ilegales o presiones indebidas”, afirmó.
Asimismo, destacó que el verdadero costo de la corrupción va más allá de los recursos económicos desviados, ya que genera consecuencias sociales profundas que afectan el acceso de la población a servicios esenciales como salud, educación e infraestructura.
En ese sentido, reveló que estudios realizados por ASJ indican que al menos el 30 % del presupuesto destinado a medicamentos y materiales médico-quirúrgicos en el sistema sanitario se pierde debido a prácticas corruptas, reduciendo la capacidad de atención para miles de pacientes.
Hernández también cuestionó la efectividad de las instituciones encargadas de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
A su criterio, organismos como el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público enfrentan limitaciones presupuestarias y operativas que dificultan la investigación y sanción de actos ilícitos.
“La interrogante es si estas debilidades son propias del sistema o si han sido diseñadas para permitir que la corrupción continúe operando con impunidad”, planteó.
Respecto a la judicialización de los casos, aseguró que la impunidad supera el 95 %, ya que de cada 100 denuncias presentadas apenas cinco llegan a los tribunales, y muchas de ellas concluyen sin una condena firme.
Además, alertó sobre la influencia de grupos de poder que logran interferir en los procesos judiciales.
Ante este panorama, el titular de ASJ consideró urgente impulsar una estrategia integral basada en el fortalecimiento de los sistemas de compras y contrataciones públicas, la profesionalización del servicio civil mediante la contratación de personal calificado y la implementación de modelos de gestión más eficientes dentro del Estado.
Aunque reconoció como un avance la reciente aprobación de una estrategia nacional anticorrupción, insistió en que los resultados dependerán de una verdadera voluntad política para ejecutarla.
“No basta con tener un documento. Se necesita una decisión firme y un compromiso real para reducir la impunidad, castigar a los responsables y recuperar la confianza de la ciudadanía”, concluyó Hernández.
