- El Ministerio Público verificará denuncias sobre presuntas presiones e injerencias en el proceso contra el exjefe militar, cuya audiencia fue reprogramada para el 19 de agosto.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El proceso judicial contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, suma un nuevo capítulo luego de que el Ministerio Público (MP) anunciara que investigará denuncias relacionadas con supuestas amenazas y presiones contra el juez que conoce la causa.
Las diligencias fueron activadas por la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, tras los señalamientos realizados públicamente por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), así como por las organizaciones ASOPODEHU y JOPRODEHU.
Las denuncias apuntan a una posible interferencia en el desarrollo del proceso judicial y a supuestas presiones para modificar el rumbo de la causa contra el exjefe militar.
Fiscalía citará al juez
Como parte de las primeras acciones, el Ministerio Público anunció que solicitará la comparecencia de la autoridad judicial responsable del expediente para que brinde una declaración formal sobre los hechos denunciados.
La Fiscalía busca establecer bajo qué circunstancias se habrían producido las supuestas amenazas o presiones y determinar si existen elementos que puedan estar relacionados con posibles delitos de obstrucción de la justicia o tráfico de influencias.
El MP señaló que las diligencias se desarrollarán respetando la reserva correspondiente al expediente judicial.
Denuncian supuestas amenazas
ASOPODEHU y JOPRODEHU habían alertado previamente sobre presuntas irregularidades alrededor del proceso, particularmente después de que una audiencia fuera reprogramada.
Según las organizaciones, personas que solicitaron mantener su identidad en reserva les comunicaron que el juez habría recibido presuntas amenazas de muerte y advertencias relacionadas con su permanencia en el cargo, supuestamente para que modificara el desarrollo de la causa.
En sus señalamientos también hicieron referencia a los magistrados Sonia Marlina Dubón, de la Sala de lo Constitucional, y Mario Díaz, de la Sala de lo Penal, por una supuesta intervención vinculada con la reprogramación de la audiencia.
Estos señalamientos, sin embargo, forman parte de las denuncias que ahora deberán ser verificadas por el Ministerio Público.
Piden proteger la independencia judicial
Tras hacer públicos los señalamientos, las organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron al MP realizar una investigación independiente para determinar si existieron amenazas o algún intento de interferir en la administración de justicia.
También pidieron a la Corte Suprema de Justicia garantizar la independencia del juez encargado del expediente y adoptar medidas para proteger tanto su integridad como la de las personas que habrían proporcionado información sobre las supuestas presiones.
Además, solicitaron que organismos nacionales e internacionales den seguimiento al caso ante la preocupación por una eventual afectación a la independencia judicial.
Audiencia será el 19 de agosto
Mientras se desarrollan estas nuevas diligencias, el proceso contra Roosevelt Hernández continúa pendiente de la audiencia de declaración de imputado, ahora programada para el próximo 19 de agosto.
La audiencia estaba prevista inicialmente para el 7 de agosto, pero fue reprogramada luego de una solicitud de la defensa, debido a que uno de los abogados de Hernández debía participar en otra diligencia judicial.
La suspensión generó confusión entre algunos de los periodistas que figuran como agraviados en el expediente, quienes se presentaron en los juzgados y manifestaron que no habían recibido previamente una comunicación formal sobre el cambio de fecha.
¿De qué acusa el MP a Roosevelt Hernández?
El Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra Hernández el pasado 29 de julio, atribuyéndole presuntamente los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales.
La acusación está relacionada con actuaciones que, según la Fiscalía, habrían afectado derechos vinculados con la libertad de expresión y el ejercicio periodístico durante su gestión al frente de las Fuerzas Armadas.
En el expediente figuran como agraviados los periodistas Dagoberto Rodríguez, Juan Carlos Sierra, Rodrigo Wong Arévalo y José Adán López.
Así, el caso entra en una nueva etapa: mientras el juzgado se prepara para la audiencia del 19 de agosto, el Ministerio Público deberá determinar si las denuncias sobre supuestas amenazas e injerencias tienen sustento y si existe responsabilidad penal en torno a ellas.
El resultado de estas diligencias podría ser determinante para esclarecer si detrás de la reprogramación de la audiencia existieron únicamente razones procesales o si, como han denunciado las organizaciones, hubo algún intento de presionar o interferir en la administración de justicia.
