- Conductores denuncian nuevas amenazas y advierten que no pueden trabajar bajo riesgo de muerte; la crisis también golpea la ruta al Carrizal
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El miedo volvió a imponerse sobre las calles. El servicio de transporte en la colonia El Reparto se encuentra prácticamente paralizado, con apenas dos o tres unidades en operación, debido a un nuevo cobro de extorsión que mantiene en zozobra a conductores y propietarios.
La situación ha obligado a reducir drásticamente la circulación de buses, dejando a decenas de pasajeros sin opciones para movilizarse, en una zona donde el transporte público es vital para la vida diaria.
Transportistas denunciaron la falta de seguridad en la terminal, señalando que no existen garantías para continuar operando con normalidad ante la aparición de nuevas estructuras criminales que exigen el denominado “impuesto de guerra”.
“Así no podemos trabajar, hay zozobra que nos pueda pasar algo; nos da pesar por los pasajeros que no cuentan con el servicio, pero tenemos que asegurar que a nadie le pase nada”, relató uno de los conductores afectados, reflejando el temor generalizado en el rubro.
Amenazas constantes
Los trabajadores del transporte aseguran que las extorsiones no son un problema nuevo, pero advierten que en las últimas semanas han surgido nuevas estructuras que incrementan la presión y el riesgo.
Las amenazas directas contra conductores y dueños de unidades han generado un ambiente de incertidumbre, donde salir a trabajar se ha convertido en una decisión de alto riesgo.
Crisis que se expande
El problema no se limita a El Reparto. La ruta que cubre el sector del Carrizal también se encuentra semiparalizada por el mismo fenómeno, evidenciando cómo la extorsión continúa expandiéndose y golpeando uno de los sectores más vulnerables del país.
Mientras tanto, los usuarios son los más afectados: largas esperas, rutas incompletas y el temor de quedar varados en medio de la inseguridad.
Entre el abandono y el miedo
La crisis del transporte refleja una realidad más profunda: la incapacidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes sostienen el servicio.
Sin presencia efectiva de las autoridades y con estructuras criminales ganando terreno, el transporte público vuelve a quedar atrapado entre el miedo y la necesidad, dejando a comunidades enteras prácticamente incomunicadas.
