- Aunque el gobierno asegura que el impacto no será directo al pasajero, persisten dudas sobre quién termina absorbiendo el aumento
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El ajuste a los costos aeroportuarios vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el precio de volar en Honduras.
El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, confirmó un incremento del 2.73 % en las tarifas del Aeropuerto Internacional de Palmerola, una decisión que, aunque se presenta como “normal”, no escapa al escrutinio público.
El aumento fue autorizado por la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP), luego de que la concesionaria solicitara originalmente un ajuste del 3 % en noviembre de 2025.
Finalmente, el incremento aprobado quedó levemente por debajo de lo pedido, pero mantiene la tendencia al alza en los costos del aeropuerto.
“Es un proceso normal todos los años, ya fue autorizado y publicado”, afirmó Ehrler, al insistir en que el ajuste está contemplado en el contrato de concesión.
Sin embargo, la repetición anual de estos incrementos comienza a generar cuestionamientos sobre el impacto acumulativo en el sistema.
¿Quién paga realmente el aumento?
Aunque el funcionario aseguró que el cobro se aplica a las aerolíneas —por el uso de pista, terminal e iluminación— y que estas no trasladarán completamente el costo al pasajero debido a la competencia, expertos y usuarios suelen advertir que, en la práctica, estos ajustes terminan reflejándose, directa o indirectamente, en el precio de los boletos.
La lógica de mercado puede amortiguar parcialmente el golpe, pero no elimina el riesgo de que los viajeros terminen absorbiendo el incremento, especialmente en rutas con menor competencia.
Un contrato bajo la lupa
El argumento oficial se sostiene en lo establecido en el contrato de concesión, que permite revisiones anuales de tarifas.
No obstante, el tema vuelve a abrir el debate sobre las condiciones bajo las cuales se otorgó la concesión de Palmerola y el margen de maniobra del Estado frente a estos ajustes.
Para algunos sectores, la normalización de incrementos periódicos plantea la necesidad de una mayor transparencia en los criterios técnicos utilizados y una evaluación más amplia sobre el equilibrio entre inversión, operación y costo para los usuarios.
Entre la legalidad y la percepción ciudadana
Aunque el aumento cumple con los procedimientos legales, la percepción ciudadana suele ir en otra dirección: cada ajuste, por pequeño que sea, alimenta la idea de que volar sigue siendo un servicio cada vez más costoso.
En ese escenario, el reto para las autoridades no solo será justificar los incrementos desde lo técnico, sino también demostrar que estos se traducen en mejoras reales para los usuarios y no únicamente en beneficios para la concesionaria.
