- La directora del CNA advierte que la crisis de la estatal eléctrica exige una reforma profunda, pero rechaza que las pérdidas, la corrupción y la ineficiencia terminen convirtiéndose en la puerta para privatizar los beneficios y socializar nuevamente los costos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que Honduras no puede seguir postergando: ¿cómo rescatar una institución estratégica sin repetir las mismas prácticas que la llevaron a su actual deterioro?
Para Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la respuesta no pasa por escoger entre un Estado ineficiente y una privatización sin controles. La estatal, sostiene, necesita una transformación profunda que recupere su valor público, elimine los espacios de corrupción y privilegios y garantice que cualquier participación privada responda al interés nacional.
Castellanos describe a la ENEE como una institución “desguazada, desvalijada y mutilada” después de décadas de decisiones políticas, corrupción e ineficiencias administrativas.
El problema, advierte, no es únicamente financiero. Es estructural.
Pérdidas que se comen los recursos públicos
Uno de los mayores agujeros del sistema eléctrico son las pérdidas de energía. La documentación oficial ha mostrado que estas han permanecido durante años en niveles muy superiores a los estándares considerados sostenibles.
En 2022, por ejemplo, las pérdidas alcanzaron el 35.1 % de la energía generada, de acuerdo con información incorporada en La Gaceta. El mismo documento señala que ese nivel de pérdidas fue uno de los principales factores detrás del déficit de la estatal.
El problema tampoco desapareció con los distintos programas implementados para combatirlo.
La contratación de la Empresa Energía Honduras (EEH) buscaba precisamente reducir las pérdidas de distribución y mejorar la gestión comercial. El contrato establecía una meta de reducción acumulada del 17 %. (SAPP GOB HN)
Sin embargo, la experiencia terminó convertida en uno de los capítulos más cuestionados de la historia reciente de la ENEE. La SAPP impuso posteriormente multas superiores a 140 millones de dólares por incumplimientos contractuales relacionados, entre otros aspectos, con las metas de reducción de pérdidas.
Un informe del Tribunal Superior de Cuentas también documentó que durante el período de operación de EEH, entre 2016 y 2023, el Estado hondureño incurrió en costos superiores a 23,239 millones de lempiras relacionados con ese contrato.
Para Castellanos, estos antecedentes deben servir como una advertencia antes de impulsar nuevas fórmulas de participación privada.
Ni privatización sin controles ni Estado sin reformas
El debate actual corre el riesgo, según el planteamiento de Castellanos, de quedar atrapado entre dos posiciones extremas.
Por un lado, quienes presentan al capital privado como la solución automática a las pérdidas, los apagones y la ineficiencia estatal. Por otro, quienes defienden el control público sin aceptar que la ENEE necesita cambios profundos.
Ninguno de los dos caminos garantiza por sí mismo una solución.
Abrir un sector estratégico a la inversión privada no significa automáticamente crear competencia ni garantizar tarifas justas. La experiencia hondureña demuestra que, si los contratos carecen de controles efectivos, metas verificables y mecanismos de rendición de cuentas, el riesgo es que el Estado termine asumiendo los costos mientras los beneficios se concentran en particulares.
Pero mantener intacta una estructura que arrastra pérdidas, deudas e interferencia política tampoco constituye una defensa del patrimonio nacional.
“La verdadera modernización”, plantea Castellanos, requiere una “cirugía radical” que permita rescatar el valor público de la energía sin entregar las “joyas de la corona” a las élites económicas.
El verdadero reto: reformar desde adentro
La discusión sobre la ENEE, por tanto, debería comenzar mucho antes de hablar de privatización o de nuevas concesiones.
Implica auditar contratos, transparentar las cuentas, perseguir el fraude eléctrico, cobrar las obligaciones pendientes y profesionalizar la administración, reduciendo la influencia de intereses partidarios sobre una empresa que debería operar bajo criterios técnicos.
También exige separar claramente las funciones del sistema eléctrico para determinar qué actividades deben permanecer bajo control estatal, cuáles pueden recibir inversión privada y bajo qué condiciones debe permitirse esa participación.
La pregunta fundamental no debería ser si el capital privado es bueno o malo, sino qué se va a permitir, con qué controles, bajo qué resultados y, sobre todo, en beneficio de quién.
EEH dejó una lección que no puede ignorarse
El antecedente de EEH adquiere especial relevancia en este debate.
El proyecto fue diseñado para recuperar pérdidas, mejorar la distribución y atraer inversiones. Sin embargo, el contrato terminó en 2023 después de años de controversias y cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus metas. La propia SAPP documentó incumplimientos y posteriormente impuso sanciones.
Ese episodio deja una pregunta pendiente: ¿qué funcionó, qué fracasó, cuánto terminó pagando el Estado y quién asumió las consecuencias?
Responderla debería ser una condición antes de repetir cualquier esquema similar.
Una reforma que no vuelva a cargar la factura al pueblo
La ENEE necesita inversión, eficiencia y una administración profesional. También necesita reducir sus pérdidas y recuperar su capacidad financiera. Pero una reforma que simplemente cambie de manos determinadas funciones sin corregir las causas del problema podría terminar reproduciendo la misma historia.
La energía eléctrica es indispensable para la economía, la producción, los hogares y el desarrollo del país. Por eso, su transformación no puede diseñarse únicamente desde intereses empresariales ni desde cálculos partidarios.
Honduras necesita una ENEE eficiente, transparente y financieramente sostenible, pero también una reforma que impida que la crisis sea utilizada para convertir un patrimonio estratégico en un negocio privado sin suficientes contrapesos.
El desafío, en definitiva, no es escoger entre el mercado y el Estado. Es construir un sistema donde el Estado deje de ser botín político, el sector privado no sea beneficiario de privilegios y los ciudadanos dejen de pagar los costos de una crisis que llevan décadas arrastrando.
