- Operación interinstitucional busca cortar órdenes delictivas desde penales y advierte nuevas acciones judiciales contra cabecillas y sus enlaces
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
En un intento por frenar uno de los delitos que más golpea a la población hondureña, autoridades ejecutaron una operación de alto impacto que permitió la reubicación de más de 90 privados de libertad vinculados a la coordinación de actividades de extorsión desde distintos centros penitenciarios del país.
La acción fue desarrollada por la Mesa Técnica Interinstitucional, integrada por las Fuerzas Armadas a través del Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Policía Nacional mediante la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
Redes criminales operando desde prisión
De acuerdo con investigaciones realizadas por equipos de inteligencia del INP y unidades especializadas de la DIPAMPCO, los reclusos trasladados fueron identificados como piezas clave en la dirección de estructuras criminales dedicadas a la extorsión, así como en la planificación de atentados en distintas ciudades del país.
Estas actividades ilícitas, según las autoridades, afectaban directamente a transportistas, pequeños emprendedores y diversos sectores productivos, quienes continúan siendo víctimas constantes de cobros ilegales.
Operación simultánea en cuatro cárceles
Las reubicaciones se ejecutaron de manera simultánea en los centros penales de Támara, Siria, Ilama y Morocelí, como parte de una estrategia orientada a debilitar las estructuras delictivas desde su núcleo de operación.
El objetivo principal, indicaron las autoridades, es aislar a los principales cabecillas e interrumpir los canales de comunicación que les permitían ordenar extorsiones y ataques desde el interior de los recintos penitenciarios.
Control penitenciario bajo presión
Esta medida forma parte de un proceso más amplio de control, reorganización y depuración del sistema penitenciario, en medio de cuestionamientos históricos sobre el uso de las cárceles como centros de operación criminal.
Las autoridades sostienen que el reto es recuperar la gobernabilidad en los centros penales y evitar que continúen funcionando como plataformas para delinquir.
Nuevos procesos judiciales y capturas
De manera paralela, la Mesa Técnica Interinstitucional informó que se impulsan nuevos procesos judiciales contra los privados de libertad trasladados, con el objetivo de obtener sentencias adicionales por delitos de alto impacto.
Asimismo, se reportó la captura de múltiples colaboradores externos que operaban como enlaces logísticos de estas estructuras criminales. Estos individuos se encargaban de recolectar pagos de extorsión y ejecutar atentados armados bajo órdenes directas de los cabecillas recluidos.
Las investigaciones apuntan a que esta red estaba conformada por miembros de maras, pandillas y estructuras emergentes que mantenían activos los cobros ilegales en distintas regiones del país.
Un golpe operativo, pero con desafíos pendientes
Aunque las autoridades destacan la operación como un avance en la lucha contra la extorsión, el desafío sigue siendo estructural. La persistencia de redes criminales que operan desde las cárceles evidencia fallas profundas en el sistema penitenciario y en los mecanismos de control.
Las instituciones involucradas reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades operativas, investigativas y legales para enfrentar el crimen organizado, en un país donde la extorsión sigue siendo una de las principales amenazas para la seguridad y la economía de miles de hondureños.
