- Defensora de los derechos de la mujer advierte que la falta de educación sexual integral y la violencia dentro de los hogares están dejando a miles de menores en una situación de extrema vulnerabilidad.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Honduras continúa enfrentando una de las problemáticas sociales más graves de la región: cada año más de mil niñas, con edades entre los 9 y 14 años, se convierten en madres, una realidad que, según la defensora de los derechos de la mujer Cristina Alvarado, refleja el fracaso en la prevención de la violencia sexual y la ausencia de una educación sexual integral.
La defensora lamentó que el país ocupe el primer lugar en Latinoamérica en embarazos adolescentes y señaló que detrás de la mayoría de estos casos existe un patrón de abuso y violencia sexual que, en muchas ocasiones, ocurre dentro del propio entorno familiar.
“Es lamentable que en Honduras somos el primer país en Latinoamérica que ocupa el primer lugar de embarazos en adolescentes”, expresó Alvarado, al insistir en que las menores continúan siendo víctimas de un sistema que no les brinda las herramientas necesarias para protegerse ni denunciar.
La defensora subrayó que la problemática está estrechamente relacionada con la falta de educación sexual integral, una herramienta que considera indispensable para prevenir los abusos, enseñar a niños y niñas a identificar situaciones de riesgo y fomentar la denuncia oportuna.
Además, reveló que los requerimientos fiscales del Ministerio Público indican que el 75% de los agresores sexuales conviven con las víctimas dentro de sus hogares. Entre ellos figuran padres, padrastros, tíos, abuelos, primos e incluso personas cercanas a la familia, lo que convierte el hogar en uno de los principales escenarios de vulnerabilidad para la niñez.
Alvarado también advirtió que el acoso sexual contra menores no solo ocurre en el ámbito familiar, sino que también se registra en las calles y dentro de escuelas y colegios, por lo que consideró urgente fortalecer la educación basada en evidencia científica y en derechos humanos para proteger a la niñez y adolescencia.
En ese sentido, cuestionó la resistencia que aún existe en el país para hablar sobre educación sexual, pese a que constituye una de las principales herramientas para prevenir la violencia y reducir los embarazos infantiles y adolescentes.
La defensora hizo referencia al reciente caso de una menor embarazada en Santa Rosa de Copán, señalando que toda la sociedad debe reflexionar sobre la responsabilidad que tienen las familias y las instituciones en la protección de los niños y niñas.
“Si las organizaciones recibimos denuncias existe una responsabilidad penal y quien no denuncia también se vuelve cómplice”, advirtió, al tiempo que hizo un llamado para que los hogares sean espacios seguros y protectores para la infancia.
Finalmente, Alvarado cuestionó que una niña de apenas 11 años tenga que asumir la maternidad como consecuencia de un abuso sexual y de la falta de información.
“Una criatura de 11 años cómo va a ser responsable de otra niña. Por la carencia de información son víctimas de abuso y de un sistema que no les permite una educación sexual integral a temprana edad para prevenir y proteger sus vidas”, concluyó.
