- La falta de vigilantes, personal de aseo y maestros mantiene en crisis varios centros educativos, mientras la Secretaría de Educación sigue sin responder a las demandas de estudiantes y padres de familia.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Las protestas en distintos centros educativos de Honduras continúan este miércoles en rechazo a los despidos de personal de aseo y vigilancia ejecutados por la Secretaría de Educación, una medida que ha generado inconformidad entre estudiantes, padres de familia y docentes, quienes denuncian que las decisiones están afectando directamente la seguridad y el funcionamiento de las escuelas e institutos.
Uno de los principales focos de protesta se mantiene en el Instituto Central Vicente Cáceres, donde estudiantes y padres aseguran que, pese a las manifestaciones realizadas en los últimos días, las autoridades educativas no han brindado ninguna respuesta sobre el reintegro del personal despedido ni sobre la falta de maestros que enfrenta el centro.
Los manifestantes sostienen que la incertidumbre persiste debido al silencio de la Secretaría de Educación, mientras las actividades académicas continúan desarrollándose en medio de las dificultades.
Las protestas también se extendieron a la escuela Modesto Rodas Alvarado, donde padres de familia exigen el reintegro de un vigilante que, según relataron, trabajó durante 27 años con un salario financiado por ellos mismos y que hace apenas dos años obtuvo una plaza oficial. Su despido ha generado indignación entre la comunidad educativa, que considera injustificada la decisión.
De igual manera, en el Instituto Francia, ubicado en el centro de Tegucigalpa, estudiantes y padres de familia mantienen acciones de protesta para exigir la restitución del personal separado de sus cargos y una pronta solución por parte de las autoridades.
Los padres de familia advirtieron que la salida de los vigilantes y del personal de aseo tendrá consecuencias directas en la seguridad y las condiciones de estudio de los alumnos, ya que no habrá quién controle el ingreso y la salida de los estudiantes, ni quien garantice la limpieza permanente de las aulas y demás instalaciones.
Los despidos forman parte de un proceso impulsado por la Secretaría de Educación, que ha separado de sus funciones a trabajadores contratados durante los últimos cuatro años bajo el argumento de que no cumplían con los requisitos establecidos para ocupar las plazas.
Sin embargo, las comunidades educativas cuestionan la medida y demandan una revisión de cada caso, al considerar que la ausencia de este personal compromete el normal desarrollo de las actividades escolares y pone en riesgo el bienestar de miles de estudiantes.
Mientras las protestas se mantienen en varios centros educativos, padres de familia y estudiantes exigen a la Secretaría de Educación abrir un diálogo y ofrecer respuestas concretas para evitar que el conflicto continúe escalando y afecte aún más el proceso de enseñanza.
