- El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 confirma el estancamiento estructural del país; ASJ advierte que la falta de reformas profundas mantiene a Honduras entre las naciones con peor transparencia del continente.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Honduras continúa profundizando su crisis de institucionalidad y transparencia. El país obtuvo 22 puntos de 100 posibles en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, presentado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional, y descendió del puesto 154 al 157 en la clasificación global.
El resultado repite la misma calificación obtenida en 2024 y coloca al país entre los Estados con mayor percepción de corrupción del mundo en una medición que evalúa a 182 naciones, donde el primer lugar corresponde al país más transparente y el último al más corrupto.
Más que un estancamiento, el informe refleja un deterioro relativo: mientras otras naciones avanzan en reformas institucionales, Honduras permanece atrapada en patrones persistentes de corrupción e impunidad, consolidándose entre los peores desempeños de América, solo por encima de Haití, Nicaragua y Venezuela.
A nivel regional, Centroamérica registra un promedio de 31 puntos, sin mejoras estructurales, y Honduras continúa muy por debajo de ese indicador.
En contraste, países vecinos como Costa Rica superan los 50 puntos, evidenciando que el rezago hondureño no es inevitable, sino resultado de decisiones políticas y debilidades institucionales sostenidas.
La trayectoria histórica del IPC refuerza la señal de alerta. Desde 2017 Honduras no logra salir del umbral de alta corrupción, y únicamente en 2015 y 2016 superó los 30 puntos.
Durante la última década, el país no ha conseguido mejoras estructurales y su posición en el ranking global se ha mantenido en la franja crítica, acercándose cada vez más al grupo de países peor evaluados.
Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de ASJ, explicó que el IPC es el principal indicador global para medir la corrupción en el sector público y se construye a partir de 13 fuentes especializadas, entre ellas encuestas del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial. Señaló además que el índice impacta otros factores clave como el Estado de Derecho, el acceso a cooperación internacional y la inversión extranjera.
Aguilar advirtió que los 22 puntos representan la peor calificación histórica de Honduras desde que se realiza esta medición y se repiten por segundo año consecutivo. “Es como sacar 22 de 100 en un examen.
No hay forma de maquillar ese resultado”, afirmó, al tiempo que planteó el reto al nuevo gobierno de impulsar reformas reales que eviten que el país continúe estancado o retrocediendo.
El promedio global del IPC es de 42 puntos, lo que evidencia que la corrupción sigue siendo un problema estructural a nivel mundial; sin embargo, Honduras se ubica muy por debajo de esa media. En América, los países mejor evaluados son Canadá, Uruguay y Barbados, mientras Honduras aparece entre los últimos lugares.
Durante la presentación del informe, Aguilar cuestionó que la lucha anticorrupción en el país se haya concentrado históricamente en medidas reactivas y represivas, en lugar de fortalecer la prevención y consolidar un sistema nacional de integridad.
Advirtió que, sin instituciones sólidas, independencia judicial y controles efectivos, el país seguirá perdiendo credibilidad ante la comunidad internacional.
Por su parte, el director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández, señaló que el deterioro reflejado en el índice es consistente con otros indicadores que muestran el debilitamiento del Estado. Identificó al sector energético, particularmente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), como uno de los principales focos de gran corrupción y el mayor agujero fiscal del país.
Detalló que en los últimos cuatro años más de 46 mil millones de lempiras de las finanzas públicas se han destinado a sostener la empresa estatal, recursos que pudieron invertirse en áreas prioritarias como salud y educación.
El informe también subraya el impacto directo de la corrupción en sectores sociales críticos. Blanca Munguía, directora de Salud de ASJ, advirtió que irregularidades en los procesos de compra han debilitado el sistema sanitario, provocando que más de 15 mil hondureños permanezcan en listas de espera para cirugías y que miles de pacientes no reciban tratamientos oportunos.
En educación, Ana Yancy Alvarado señaló que la corrupción no solo desvía recursos, sino que también afecta el aprendizaje. Denunció la interferencia política en los procesos de nombramiento docente, lo que ha dejado a miles de niños sin maestros calificados, especialmente en zonas rurales y empobrecidas.
La ASJ concluyó con un llamado a los poderes del Estado y a la ciudadanía a pasar del discurso a las acciones, impulsar un sistema nacional de integridad y garantizar que la lucha contra la corrupción sea una política pública sostenida y efectiva.
De lo contrario, advirtió la organización, Honduras continuará anclada en los últimos lugares del ranking global, con graves consecuencias sociales y económicas.
El informe global de Transparencia Internacional advierte que el deterioro hondureño coincide con una tendencia mundial preocupante marcada por retrocesos democráticos, debilitamiento del liderazgo político y reducción del espacio cívico.
Sin embargo, también señala que los países que han logrado avances lo han hecho mediante instituciones de control independientes, procesos judiciales en casos de alto perfil y mayores niveles de transparencia.
El IPC 2025 deja así un mensaje contundente: Honduras no solo enfrenta un problema de percepción, sino un deterioro real de su sistema de integridad pública, donde fortalecer la rendición de cuentas, proteger a denunciantes y periodistas, auditar sectores de alto riesgo fiscal y garantizar una justicia independiente se convierten en condiciones indispensables para frenar el descenso del país en el mapa mundial de la corrupción.
