- Carolina Alduvín sostiene que el endurecimiento de las penas tiene un alcance limitado frente a los crímenes motivados por ira o conflictos emocionales y llama a transformar la cultura patriarcal que alimenta la violencia de género.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
En medio de la creciente preocupación por los altos índices de violencia contra las mujeres en Honduras, la presidenta de Mujeres por Honduras, Carolina Alduvín, puso en duda la efectividad del aumento de las penas como principal herramienta para combatir los femicidios, al considerar que muchos de estos crímenes ocurren en contextos de impulsividad, ira o desesperación, donde el agresor no mide las consecuencias de sus actos.
La especialista señaló que, aunque el endurecimiento de las condenas puede generar un efecto disuasivo en determinados casos, especialmente cuando existe planificación previa, su impacto es mucho menor en los hechos violentos que surgen de conflictos emocionales o situaciones de irracionalidad.
“El aumento de penas no es suficiente para prevenir los femicidios en el país, especialmente aquellos que ocurren en momentos de ira, desesperación o conflictos emocionales”, expresó Alduvín.
Según la representante de Mujeres por Honduras, una gran parte de la violencia letal contra las mujeres no responde a acciones calculadas, sino a reacciones impulsivas en las que el agresor actúa sin considerar las consecuencias legales o humanas de sus actos.
Alduvín explicó que las penas más severas podrían influir en delitos previamente planificados, como aquellos motivados por venganza o ejecutados de manera premeditada, pero considera que la realidad es distinta en los llamados crímenes pasionales, que históricamente han estado vinculados a numerosos casos de violencia de género.
“Si se trata de algo planificado, de una venganza o un contrato, es posible que sí se lo piensen más, pero en los pasionales no creo”, afirmó.
La académica sostuvo que la lucha contra los femicidios requiere una estrategia mucho más amplia que la simple modificación de las leyes penales. A su juicio, el verdadero desafío está en prevenir la violencia antes de que ocurra, mediante procesos educativos y transformaciones profundas en la cultura social.
“Se debe comenzar por la educación y por disminuir la cultura patriarcal, haciendo pensar que todo ser humano merece respeto, en especial las mujeres”, manifestó.
Para Alduvín, la persistencia de patrones culturales que normalizan el control, la subordinación y la violencia hacia las mujeres sigue siendo uno de los principales obstáculos para reducir los índices de agresiones y asesinatos en el país.
Asimismo, advirtió que la impunidad continúa alimentando el problema, no solo por las deficiencias institucionales en la investigación y judicialización de los casos, sino también por factores sociales que dificultan las denuncias y el acceso a la justicia.
Entre ellos mencionó el encubrimiento de agresores dentro del propio entorno familiar, una situación que muchas veces ocurre por miedo, dependencia económica o presiones sociales que terminan protegiendo al victimario y dejando en situación de vulnerabilidad a las víctimas.
Las declaraciones surgen en un contexto donde Honduras continúa enfrentando altos niveles de violencia contra las mujeres y donde organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que la respuesta estatal debe ir más allá de las sanciones penales, apostando por políticas públicas integrales enfocadas en la prevención, la educación, la protección de las víctimas y el fortalecimiento de la justicia.
Mientras el debate sobre el endurecimiento de las penas continúa, especialistas coinciden en que la erradicación de la violencia de género exige cambios estructurales profundos en una sociedad donde los femicidios siguen cobrando vidas y dejando al descubierto las fallas de un sistema que aún no logra garantizar plenamente la seguridad y los derechos de las mujeres.
