- Nelson Castañeda advierte que Honduras continúa enfrentando graves carencias institucionales, mientras nueve de cada 10 homicidios quedarían sin justicia.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
Unos 6,000 millones de lempiras se proyecta recaudar durante 2026 mediante la Tasa de Seguridad, mientras persisten las deficiencias en las instituciones responsables de combatir la violencia y administrar justicia en Honduras, cuestionó Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El representante de la organización señaló que, pese a las millonarias inversiones realizadas en el sistema, el país continúa enfrentando problemas relacionados con la impunidad, la falta de recursos y las limitaciones para investigar y judicializar los delitos.
Más de 271 mil millones destinados a seguridad y justicia
Castañeda afirmó que durante las últimas tres administraciones de gobierno se han destinado más de 271 mil millones de lempiras a seguridad y justicia, sin que estos recursos hayan permitido resolver las principales carencias del sistema.
“Hoy por hoy seguimos escuchando de las mismas necesidades, falencias y carencias dentro de las instituciones que conforman el sistema de justicia”, cuestionó.
A su criterio, resulta preocupante que, pese a estas inversiones, todavía se hable de control territorial por parte de estructuras criminales, mientras la Policía Nacional enfrenta limitaciones en armamento, insumos y recursos para desarrollar investigaciones de alto alcance.
Nueve de cada 10 homicidios quedarían impunes
Uno de los principales cuestionamientos de ASJ está relacionado con la falta de resultados en la investigación y judicialización de los crímenes.
Castañeda afirmó que aproximadamente nueve de cada 10 homicidios permanecen en la impunidad, mientras que en los casos de femicidio este porcentaje alcanzaría el 95 %.
Explicó que el problema no se limita a la capacidad de la Policía Nacional para detener o capturar a presuntos responsables, sino que también involucra fallas en la construcción de investigaciones sólidas y en la disponibilidad de recurso humano y logístico para que los casos avancen ante los tribunales.
“Necesitamos reducir esa alta impunidad”, enfatizó.
ASJ pide una respuesta integral ante las masacres
El director de Seguridad y Justicia de ASJ también expresó preocupación por las muertes múltiples o masacres registradas en el país, al considerar que estos hechos deben analizarse de manera diferenciada de los homicidios comunes.
Según explicó, este tipo de ataques generalmente estaría vinculado con acciones sistemáticas de estructuras criminales, por lo que requieren investigaciones especializadas y una respuesta más amplia del Estado.
Castañeda sostuvo que las masacres generan un fuerte impacto en la población y que su atención no debe recaer únicamente en la Secretaría de Seguridad o la Policía Nacional, sino que debe involucrar a las distintas instituciones responsables de la justicia y la prevención de la violencia.
Exigen cambiar las estrategias contra la inseguridad
El representante de ASJ señaló que la violencia y la inseguridad continúan entre las principales preocupaciones de la población, por lo que demandó mecanismos distintos a los aplicados en años anteriores.
A su juicio, las prioridades deben centrarse en reducir la impunidad, fortalecer las investigaciones y garantizar que los casos lleguen a los tribunales con pruebas suficientes.
El llamado surge mientras el Estado mantiene importantes asignaciones presupuestarias para seguridad y justicia, pero persisten interrogantes sobre la efectividad de los recursos invertidos y la capacidad institucional para traducirlos en resultados concretos para la ciudadanía.
