- La Fiscalía Anticorrupción declaró sin lugar la solicitud presentada por Hugo Noé Pino, Linda Donaire y Kritza Pérez para acceder al expediente de la denuncia. La investigación continúa y la resolución aún puede ser apelada.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) declaró sin lugar el recurso de reposición presentado por la defensa de los diputados Hugo Rolando Noé Pino, Linda Francés Donaire Portillo y Kritza Jerlin Pérez Gallegos, quienes figuran como investigados en una denuncia relacionada con la aprobación del controvertido decreto 58-2025.
La decisión, contenida en una resolución emitida en junio de 2026 y firmada por la fiscal adscrita Keylin Varela, representa un nuevo episodio dentro de un caso que ha generado intensos debates políticos y jurídicos debido a las acusaciones formuladas contra integrantes del Congreso Nacional.
Según los documentos, la denuncia fue interpuesta contra la Junta Directiva del Congreso Nacional y contra los diputados que aprobaron el decreto 58-2025, por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas y traición a la patria.
De acuerdo con el expediente, la defensa de los congresistas presentó un recurso de reposición después de que la Fiscalía rechazara una solicitud mediante la cual pretendían conocer los detalles de la denuncia, el estado procesal del caso y obtener copias de las actuaciones investigativas relacionadas con el expediente.
No obstante, la FETCCOP concluyó que la entrega de copias de expedientes investigativos no forma parte de las atribuciones de ese despacho fiscal.
En la resolución se argumenta que dicha facultad corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República, conforme a lo establecido en la Ley del Ministerio Público.
La resolución señala que, aunque el recurso fue admitido para su análisis, no se encontraron elementos jurídicos que justificaran modificar la decisión emitida el pasado 22 de mayo de 2026.
En consecuencia, la petición de la defensa fue rechazada y se mantuvo firme la determinación inicial.
El documento también confirma que los tres congresistas aparecen como investigados dentro de una denuncia registrada en el Sistema de Gestión Fiscal (SIGEFI), aunque aclara que el proceso aún se encuentra en una etapa preliminar de investigación.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha presentado requerimientos fiscales ni ha formulado acusaciones formales contra los señalados, por lo que no existe una determinación de responsabilidad penal.
Sin embargo, las diligencias continúan activas y bajo seguimiento de las autoridades competentes.
La resolución notificada a los representantes legales de los diputados establece además que la decisión puede ser impugnada mediante un recurso de apelación ante la Dirección General de Fiscalía, el cual deberá presentarse dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación.
El caso del decreto 58-2025 continúa bajo la atención de diversos sectores políticos, jurídicos y sociales debido a las implicaciones institucionales que podría tener el resultado de la investigación.
Mientras tanto, el Ministerio Público reiteró que las actuaciones seguirán desarrollándose conforme a la normativa vigente y bajo los procedimientos establecidos para este tipo de denuncias.
La determinación de la FETCCOP mantiene abierto el expediente y deja vigente la investigación contra los legisladores mencionados, en un proceso que podría marcar uno de los episodios más controversiales del escenario político hondureño en los próximos meses.
