TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Al parecer, la consejera Cossette López no deja de lanzar amenazas contra quienes no avalan su comportamiento en el proceso electoral del 30 de noviembre de 2025.
En constantes publicaciones en su cuenta oficial de redes sociales, amenaza y asegura que “van a pagar lo que le hicieron”, refiriéndose a Marlon Ochoa y a personas que la cuestionan en plataformas digitales.
Su comportamiento evidencia que no está conforme únicamente con la destitución de funcionarios de los órganos electorales, sino que también busca consecuencias penales para quienes le adversan, dejando al descubierto una postura marcada por la confrontación y su sed de venganza.
Esto fue lo que posteó Cossette López:
“LOS RESPONSABILIZO”
“Una cosa es que estén explotando sus habilidades con hacer videos, audios, cómics con inteligencia artificial… Que quieran generar una narrativa que borre la memoria de lo que hicieron y la sustituyan con falsedades, que igual es grave… pero que estén incitando a que me quemen viva es otra cosa, es absolutamente bajo, condenable y es un delito.
Que hayan dejado de ser gobierno y que se escondan a través de perfiles falsos no borra los delitos que ellos sí están y siguen cometiendo contra mí. Todos pertenecen a un mismo partido y sabemos cuál es. Lo único que saben hacer bien es odiar.
A quien sea que esté detrás de esos perfiles, sepa que los voy a denunciar y que tengo registradas sus “producciones artísticas”, que forman parte de su “plan de comunicaciones”. ¿Quieren quemarme viva en nombre del pueblo hondureño? Ubíquense, ustedes no son el pueblo hondureño; muchos lo somos, yo también soy pueblo, aunque les estorbe, y somos más que ustedes”.
Las reiteradas declaraciones de la consejera Cossette López no solo elevan el tono del debate público, sino que también alimentan un clima de confrontación innecesario desde una posición que exige prudencia y equilibrio.
Su discurso, marcado por señalamientos y advertencias, deja dudas sobre la mesura con la que debe actuar una funcionaria de su nivel y abre cuestionamientos sobre el uso de su investidura para dirimir conflictos personales o políticos.
Lejos de contribuir a la confianza en las instituciones, sus pronunciamientos parecen profundizar la división y erosionar la credibilidad del órgano que representa.
