• El exministro de Transparencia advierte que paralizar indefinidamente las obras en Olancho, Santa Bárbara y Ocotepeque termina castigando a la población hondureña y no a quienes habrían cometido irregularidades
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El exministro de Transparencia y exfiscal general, Edmundo Orellana, cuestionó la suspensión de la construcción de varios hospitales públicos en Honduras y advirtió que detener indefinidamente las obras representa un castigo directo para el pueblo hondureño, especialmente para miles de personas que esperan acceso a servicios de salud.
A través de un pronunciamiento público, Orellana pidió que las investigaciones por presuntas irregularidades continúen y que se castigue con severidad a los responsables, pero sin afectar a la población.
“Parar indefinidamente la construcción de los hospitales es castigar a quien es inocente: el pueblo. Castiguen al responsable. Sean implacables con el que, a sabiendas, se aprovechó. Pero no le nieguen salud al pueblo”, expresó el exfuncionario.
En ese sentido, sostuvo que dentro de esta problemática el pueblo hondureño es el principal afectado, al quedar nuevamente en espera de infraestructura hospitalaria en zonas donde históricamente han existido limitaciones en el acceso a atención médica.
Suspensión podría extenderse por meses
Las declaraciones de Orellana surgen luego que el Juzgado en materia de Criminalidad, Medio Ambiente y Corrupción declarara con lugar una solicitud presentada por el Ministerio Público para suspender la construcción de los hospitales de Olancho, Santa Bárbara y Ocotepeque como medida precautoria mientras avanzan las investigaciones sobre presuntas irregularidades.
La decisión judicial podría provocar que los proyectos permanezcan paralizados por más de dos meses mientras el ente acusador desarrolla las diligencias correspondientes.
De acuerdo con la resolución judicial, en el caso del hospital de Santa Bárbara existen preocupaciones debido a que el terreno donde se desarrolla la obra pertenece presuntamente a una organización no gubernamental, situación que podría generar disputas legales sobre la propiedad en el futuro.
El documento también detalla que el hospital de Santa Bárbara presenta un avance físico del 25 %, aunque ya existen compromisos contractuales cercanos al 70 %.
Contratos próximos a vencer y micro proyectos bajo revisión
En el caso del hospital de Ocotepeque, la resolución señala una baja ejecución física de la obra, pese a que varios contratos estarían próximos a vencerse.
Además, se menciona la contratación de distintas empresas para ejecutar micro proyectos que requieren importantes inversiones presupuestarias.
Mientras tanto, el hospital de Salamá, en Olancho, registra un avance aproximado del 25 %, pero con compromisos contractuales superiores al 70 %, repitiéndose —según la resolución— el mismo patrón de múltiples contrataciones para micro proyectos.
Las investigaciones buscan determinar si existieron irregularidades administrativas o posibles actos de corrupción en el manejo de los contratos relacionados con la construcción de estos centros asistenciales.
“El inocente es el pueblo”
El pronunciamiento de Orellana ha generado debate en redes sociales y sectores políticos, especialmente por el impacto que la suspensión podría tener en miles de hondureños que esperan la construcción y habilitación de nuevos hospitales públicos.
El exministro insistió en que el combate a la corrupción debe realizarse con firmeza, pero evitando que las consecuencias recaigan sobre la ciudadanía.
“Castiguen al responsable, pero no al inocente: el pueblo”, reiteró.
