• Las modificaciones aprobadas por unanimidad en el Congreso Nacional buscan fortalecer las herramientas legales de fiscales, jueces y cuerpos de seguridad frente al avance del crimen organizado en Honduras.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a fortalecer la lucha contra la extorsión, las maras y estructuras criminales ya fueron oficializadas tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, marcando un nuevo paso en la estrategia del Estado hondureño para enfrentar uno de los delitos que más afecta a la población.
Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad por los diputados del Congreso Nacional y tienen como objetivo otorgar mayores herramientas legales a los operadores de justicia encargados de combatir el crimen organizado y judicializar delitos relacionados con extorsión, asociación ilícita y actividades de pandillas.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que las reformas representan un avance importante para reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones frente a estructuras criminales que mantienen bajo amenaza a miles de hondureños.
“Son reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que dan las herramientas legales a los operadores de justicia que luchan contra este flagelo de la extorsión, contra las maras y pandillas y estos grupos criminales que le causan un daño terrible a la población hondureña”, expresó el titular del Poder Legislativo.
Según las autoridades, las nuevas disposiciones permitirán fortalecer las investigaciones criminales, agilizar procesos judiciales y ampliar el margen de acción de fiscales, jueces y entes de seguridad en casos vinculados con extorsión y crimen organizado.
La publicación de las reformas ocurre en un contexto marcado por la creciente preocupación ciudadana debido a los constantes hechos de violencia y amenazas ejecutadas por estructuras criminales, especialmente contra transportistas, comerciantes y pequeños empresarios.
Durante los últimos años, el cobro de extorsión —conocido también como “impuesto de guerra”— ha dejado asesinatos, cierres de negocios, paralización del transporte público y desplazamiento de familias enteras en distintas zonas del país.
Ante este panorama, el Congreso Nacional sostiene que las reformas buscan cerrar vacíos legales y fortalecer el marco jurídico para enfrentar de manera más contundente a las organizaciones criminales.
No obstante, diversos sectores consideran que el endurecimiento de las leyes debe ir acompañado de una mayor capacidad investigativa, depuración institucional y acciones efectivas contra la corrupción para lograr resultados reales en materia de seguridad.
Con la entrada en vigencia de las reformas tras su publicación en La Gaceta, las autoridades esperan fortalecer la ofensiva judicial y operativa contra las maras y pandillas que continúan sembrando temor en diferentes regiones de Honduras.
