- La causa por calumnias y publicidad en concurso real en honor deja la vía especial para altos funcionarios luego de la destitución de Ochoa, y ahora será conocida por un juez unipersonal en Tegucigalpa.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Un juez designado resolvió remitir al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa el expediente de la querella presentada por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, contra su excompañero Marlon Ochoa, en un nuevo giro judicial de la disputa que enfrentó a ambos exfuncionarios en medio de la crisis electoral.
La decisión fue confirmada este jueves por el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, quien explicó que el cambio en la ruta procesal obedece a la destitución de Ochoa como consejero del CNE, condición que elimina el tratamiento especial que tenía el caso mientras el querellado ostentaba un cargo de alto nivel dentro del organismo electoral.
Silva detalló que, al dejar de ser funcionario, Ochoa pierde el fuero o procedimiento especial que permitía que la querella fuera conocida por un magistrado designado, por lo que ahora el expediente deberá seguir el trámite ordinario ante el Tribunal de Sentencia capitalino.
“Al desaparecer su condición de funcionario con la destitución, también cesa el procedimiento especial bajo el cual estaba siendo conocida la querella”, explicó el portavoz judicial al referirse al traslado del caso.
Con esta determinación, será el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa el encargado de recibir el expediente y asignarlo a un juez unipersonal, quien deberá admitir formalmente la causa y convocar a las partes procesales para la celebración del juicio oral y público.
La querella fue interpuesta por Cossette López, quien acusa a Marlon Ochoa por la supuesta comisión de tres delitos de calumnia y uno de publicidad en concurso real en honor, en un caso que expone el nivel de confrontación que alcanzó la cúpula del órgano electoral en el marco de las tensiones políticas previas a los comicios de 2025.
El conflicto entre ambos surgió a raíz de una serie de declaraciones públicas, señalamientos y supuestas difamaciones relacionadas con audios que circularon antes del proceso electoral, material que desató un abierto choque entre los entonces consejeros y profundizó la crisis interna en el CNE.
La remisión del expediente al Tribunal de Sentencia marca una nueva etapa en este caso, que ahora abandona la vía reservada para funcionarios de alto rango y se encamina a un proceso penal ordinario, en medio de una disputa que no solo salpicó la institucionalidad electoral, sino que también dejó al descubierto las fracturas y enfrentamientos en el organismo encargado de arbitrar los procesos democráticos del país.
