- La decisión de la Corte Suprema deja expuestos a miles de migrantes a la deportación y sienta un precedente que podría allanar el camino para una eventual cancelación del Estatus de Protección Temporal para hondureños.
WASHINGTON, EEUU. –
La Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves a favor del presidente Donald Trump y avaló la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Haití y Siria, una decisión que deja a unas 360 mil personas al borde de perder su amparo migratorio y que, además, vuelve a encender las alarmas sobre el futuro de miles de hondureños acogidos a ese beneficio.
Con una votación 6-3, la mayoría conservadora del Supremo dio luz verde a la Administración Trump para retirar el TPS a unos 350 mil haitianos y 6 mil 100 sirios, al tiempo que sentó un precedente de alto impacto para el resto de países amparados bajo ese programa, entre ellos Honduras, cuyo estatus también podría quedar en la mira de la Casa Blanca.
El fallo sostiene que la ley que regula el TPS, creado en 1990 para proteger temporalmente a personas que no pueden regresar con seguridad a sus países por guerras, desastres naturales o crisis humanitarias, limita la revisión judicial de las decisiones adoptadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la designación o terminación de ese beneficio migratorio.
El magistrado conservador Samuel Alito, encargado de redactar la opinión mayoritaria, argumentó que la legislación es “clara” y “muy amplia” al establecer que “no habrá revisión judicial de ninguna determinación” relacionada con la designación, extensión o cancelación del TPS de un país.
La resolución representa una victoria clave para la política migratoria de Trump, quien desde su retorno al poder en enero de 2025 ha impulsado una ofensiva para desmontar protecciones migratorias y endurecer tanto la inmigración irregular como los programas de alivio temporal.
El Gobierno republicano ya ha intentado echar abajo el TPS de más de una docena de países y, en varios casos, ha avanzado en la eliminación de esos amparos, incluidos los otorgados a venezolanos.
En el caso de Haití, el Supremo también desestimó los argumentos de los demandantes que denunciaban un trasfondo discriminatorio en la decisión, pese a citar comentarios despectivos de Trump sobre los haitianos.
La mayoría concluyó que esas expresiones no eran “abiertamente raciales” y que podían interpretarse como parte de su postura política sobre inmigración.
Los demandantes hacían referencia, entre otras cosas, a declaraciones pronunciadas por Trump durante su campaña presidencial, cuando aseguró sin pruebas que inmigrantes haitianos en una localidad de Ohio robaban mascotas para comérselas, una afirmación que desató indignación y fuertes críticas.
El TPS protege de la deportación y otorga permisos de trabajo a ciudadanos extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos y que no pueden retornar de manera segura a sus países de origen debido a conflictos armados, colapsos institucionales o desastres naturales. Para miles de familias, ese estatus ha sido la única barrera frente a la expulsión y la separación familiar.
Precedente inquietante para Honduras
Aunque el fallo se refiere directamente a haitianos y sirios, la decisión podría abrir la puerta a medidas similares contra otros países que históricamente han dependido del TPS, como Honduras, donde miles de connacionales han vivido durante años bajo esa protección tras el paso del huracán Mitch y otras emergencias que justificaron su permanencia en territorio estadounidense.
El riesgo para Honduras no es menor. Si la interpretación de la Corte Suprema se impone como criterio definitivo, la Administración Trump tendría más margen para cancelar o no renovar el TPS sin que los tribunales puedan frenar fácilmente esas decisiones, dejando a miles de hondureños expuestos a perder su permiso de trabajo, su estabilidad migratoria y eventualmente enfrentar procesos de deportación.
La sentencia, por tanto, no solo golpea a haitianos y sirios, sino que también manda una señal preocupante al resto de comunidades migrantes bajo TPS: el blindaje judicial de ese beneficio se debilita y el futuro de miles de familias queda cada vez más atado a decisiones políticas de la Casa Blanca.
