- Aunque descarta una privatización directa, el organismo alerta que la iniciativa transformará la gobernanza energética del país, abrirá mayores espacios a la participación privada y plantea interrogantes sobre tarifas, control estatal y protección de los usuarios.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La propuesta de reforma a la Ley del Sector Eléctrico no representa una privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pero sí impulsa una profunda transformación en la forma en que se administrará el sistema energético hondureño, concluyó el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) en un análisis técnico-político sobre la iniciativa.
El documento, titulado ¿Hacia dónde va el proyecto de reforma de la ley del sector eléctrico en Honduras?, señala que los cambios planteados responden a los graves problemas estructurales que enfrenta la estatal eléctrica, entre ellos las elevadas pérdidas técnicas y no técnicas, el creciente endeudamiento, la dependencia de recursos fiscales y las debilidades en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, el organismo sostiene que el debate nacional no debe limitarse a determinar si existe o no una privatización de la ENEE.
A criterio del Fosdeh, la discusión central debe enfocarse en quién tomará las decisiones estratégicas del sector, cómo se distribuirán los riesgos financieros y operativos, quién recibirá los beneficios económicos derivados de la actividad energética y qué mecanismos garantizarán la protección del interés público.
El análisis concluye que la reforma contempla elementos que podrían fortalecer la institucionalidad del sector, mejorar la supervisión regulatoria y transparentar la gestión financiera.
No obstante, también advierte sobre posibles riesgos, entre ellos una reducción de los mecanismos de control público, presiones que podrían trasladarse a las tarifas eléctricas y una eventual transferencia de riesgos financieros al Estado.
Asimismo, el Fosdeh identifica varias interrogantes que aún permanecen sin respuesta dentro del proyecto de ley.
Entre ellas destacan las medidas que se implementarán para proteger a los hogares de menores ingresos frente a eventuales ajustes tarifarios, las salvaguardas que asegurarán el control estatal sobre funciones estratégicas y los mecanismos de supervisión que regularán la participación de actores privados dentro del sistema.
El organismo reconoce que el diagnóstico realizado sobre la situación de la ENEE es acertado y que la crisis energética constituye uno de los mayores desafíos de política pública para Honduras debido a su impacto directo en las finanzas públicas, la competitividad económica y la calidad de vida de la población.
No obstante, enfatiza que cualquier proceso de transformación debe estar acompañado por principios de eficiencia, sostenibilidad financiera, transparencia, participación ciudadana y protección efectiva de los usuarios.
Entre las principales recomendaciones formuladas por el Fosdeh figura el establecimiento de salvaguardas que garanticen la protección de los activos estratégicos del Estado.
También plantea revisar el alcance del artículo 5 del anteproyecto, relacionado con el régimen jurídico de los bienes de la ENEE, fortalecer los mecanismos de transparencia y auditoría social, así como publicar todos los contratos y acuerdos que se suscriban en el marco de la reforma.
Además, considera indispensable que cualquier participación privada dentro del sector eléctrico esté respaldada por evidencia técnica que demuestre beneficios concretos para el sistema y para los consumidores.
La organización también recomienda incorporar criterios de sostenibilidad ambiental, protección de fuentes de agua, participación ciudadana efectiva y respeto a las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos energéticos, con el objetivo de garantizar que la modernización del sector contribuya al desarrollo sostenible del país.
En sus conclusiones, el Fosdeh insiste en que la reforma energética debe colocar en el centro a los usuarios, especialmente a los sectores más vulnerables.
En ese sentido, subraya que la búsqueda de eficiencia económica y saneamiento financiero solo será exitosa si se traduce en mejoras reales en la calidad del servicio, un acceso más equitativo a la energía y un mayor bienestar para la población hondureña.
