TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pedro Barquero dijo este martes que la Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera se resiste a entablar un diálogo con el Estado de Honduras y que no cree que al final el país pierda la demanda porque lo avala su Constitución y los conceptos de soberanía.
El grupo Próspera anunció este martes a través de un comunicado que avanza la demanda contra el Estado de Honduras por el tema de garantías de inversión con las Zonas de Desarrollo Económico, ZEDE.
Barquero manifestó que alrededor de esa temática hay varias situaciones, “nosotros como gobierno estamos obligados a hacer cumplir y respetar la Constitución, así como la soberanía”.
El funcionario indicó que la Ley de las ZEDE’s en su momento fue pasada de manera ilegal y violaba los preceptos del país.
En tal sentido recordó que el proyecto considerado lesivo fue derogado en abril del año pasado por las nuevas autoridades.
Barquero mencionó que además de ilegal había requisitos que cumplir en el tema de las ZEDE para poder operar en el país, por lo que, el gobierno habría pedido la debida documentación.
“Enviamos una nota a Erick Brimen -director de la ZEDE Próspera- pidiendo documentación porque aun siendo ilegal queríamos saber si cumplieron con lo establecido en la normativa”, agregó.
“Al día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta, por lo que asumimos no tienen soporte”, expresó.
Sobre la consulta de si está preparado el Estado de Honduras para defenderse ante estas demandas, el titular de la SDE aseguró que se tienen una “defensa sólida”. “El gobierno tiene todos los elementos para defender al pueblo hondureño”, acotó.
Añadió que acerca de las diferentes demandas que enfrenta el Estado de Honduras, la Procuraduría General de la República (PGR) es la encargada de elaborar las estrategias para defender los intereses del país.
Para concluir Barquero insistió que no cree que el Estado de Honduras termine pagando la demanda de Próspera, porque existe suficiente fundamento de soberanía que garantiza la Constitución.
