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(Por: Edmundo Orellana) La cantidad de demandas, desafíos y retos que nos vienen y que, inevitablemente, enfrentará el próximo gobierno, difícilmente podrá atenderlos con relativa eficacia si no cuenta con el apoyo de los sectores que hoy están pugnando por sustituir al actual.

La población que ha dejado de tener ingresos desde que inició el confinamiento, por despido y por suspensión de contratos de trabajo, se acerca al millón y será mucho más cuando asuma el nuevo gobierno. ¿Cuánto más? Es difícil adivinarlo; pero la cifra será de miedo, sin duda.

La producción de bienes y servicios se redujo dramáticamente por el cierre de miles de empresas en estos cuatro o cinco meses, y las que quedan no pueden operar, o no pueden hacerlo eficientemente, porque, cada vez que el gobierno decide “reabrir la economía”, amenaza la pandemia con siniestros rebrotes. En otras palabras, económicamente, no estamos al borde del abismo, ya vamos en caída libre.

Y supongamos que venga la vacuna, como anuncian las potencias, y podamos salir, sin temor, a trabajar y las empresas a producir, para ese momento el mercado estará tan deprimido que no habrá manera de que absorba, en porcentajes aceptables, la masa laboral desempleada ni habrá condiciones para el funcionamiento eficiente de las empresas. Será necesario un esfuerzo ciclópeo y mucha inteligencia, así como inéditos sacrificios, para amortiguar los devastadores efectos socioeconómicos.

Estos escenarios no son desconocidos para nadie. Quienes investigan el fenómeno social y económico, reiteradamente, nos vienen describiendo, desde el inicio de la pandemia, los perfiles dantescos del escenario que nos espera.

Lo preocupante es que nadie del gobierno ni de la oposición está preparado para enfrentar ese infierno que nos describen los estudiosos y en el que arderemos si no comenzamos a planificar lo que debemos hacer para, desde ya, iniciar las labores de reconstrucción.

El gobierno ha dejado de ser el timonel confiable para sortear la tormenta y llevarnos a puerto seguro, por su imprevisión, sus errores y su insoportable corrupción, lo que ha impulsado a la sociedad a organizarse para encontrar el modo de cómo participar efectivamente en la conducción de la crisis; iniciativa que el gobierno rechaza inexplicablemente, como cuando el gremio médico se ofreció a contribuir en la administración de la lucha contra la pandemia.

En el ámbito de la empresa privada, los esfuerzos por contribuir en este sentido, desde el norte del país, son visibles y provocan reacciones favorables en la población, pero la posición irreductible de quienes, dentro del sector, prefieren estar del lado del gobierno, no permiten que aquellos esfuerzos fructifiquen. La visión de la vieja empresa privada impide que se modernice el sector, desprendiéndose del gobierno e impulsando un nuevo modus operandi en el que la empresa prospere sin depender del gobierno.

Si el gobierno ya no es confiable para gobernar y la sociedad está convencida de que es incapaz de enfrentar la crisis y hasta decidida a sustituirlo, su continuidad es insostenible. Sin embargo, el sector que, por definición, debía estar preparado para, en estos momentos de crisis extrema, atender políticamente la situación, no lo está.

El sector político del país no está trabajando para sustituir a JOH con todo lo que necesita para desactivar los artefactos explosivos preparados para activarse desde que asuma el nuevo gobierno. Su respuesta es celebrar elecciones y que tome posesión el que de aquellas salga victorioso. La pregunta que surge, sin embargo, es la siguiente: ¿podrá gobernar un nuevo presidente en estas condiciones? Estará enfrentando, desde el día que tome posesión, a los demás partidos políticos y a los sectores económicos y sociales organizados que exigirán atender sus demandas perentoriamente; en otras palabras, estará negociando permanentemente, lo que significa que estará cediendo espacios, concediendo privilegios y todo eso que ocurre entre las élites políticas y económicas en situaciones de normalidad.

Esta situación de normal es lo que menos tiene. Los peligrosos contornos de la crisis solamente pueden enfrentarse si todos los sectores participan en una plataforma desde la que se impulsen las iniciativas para enfrentar las consecuencias de la crisis. Lo que es imposible de lograr si no es con un gobierno en el que participen todos los sectores; en otras palabras, un gobierno de transición.

Seguir actuando como si viviéramos en situaciones de normalidad, es condenar el país a vivir de rodillas. Exijamos, pues, que los sectores políticos, económicos y sociales actúen con responsabilidad, diciendo: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

(Víctor Meza) En escenarios políticos en los que confluyen diversos y numerosos actores organizados, ya sea grandes o pequeños partidos, la unidad de las fuerzas opositoras, además de ser una condición indispensable para la derrota del partido gobernante, se torna, con demasiada frecuencia, una meta esquiva y escurridiza. No es fácil concertar espacios de confluencia y acción conjunta entre actores tan diversos, con intereses divergentes y ambiciones individuales. Se requiere mucha habilidad, buena dosis de paciencia y, sobre todo, férrea voluntad de perseverancia y convencimiento.

La unidad de los opositores casi siempre ha sido el factor clave para los triunfos de la oposición. Los ejemplos sobran en la historia política de la humanidad. Los llamados “Frentes Populares”, antes e inmediatamente después de la segunda guerra mundial, permitieron a las fuerzas de izquierda posicionarse como elementos clave en la política europea, especialmente en Francia e Italia. Su desunión, en cambio, facilitó el camino para las fuerzas nazi/fascistas en todo el continente. Aquí en nuestra América, el ejemplo de la Unidad Popular en Chile abrió el camino para la victoria del perseverante Salvador Allende, mientras que su posterior dispersión y lucha interna pavimentó en buena medida el camino sangriento hacia el golpe de Estado de septiembre de 1973 y el inicio de la dictadura de Augusto Pinochet.

Y si queremos ejemplos más cercanos, veamos lo que pasó en Nicaragua. El 26 de marzo del año 1979, las tres facciones en que se había dividido el Frente Sandinista se vieron forzadas a suscribir un pacto de unidad que, sin duda alguna, incrementó el poderío bélico de los guerrilleros y aceleró la caída y desesperada fuga de Anastasio Somoza en la madrugada del día 17 de julio de ese mismo año. Luego, la división de los sandinistas les llevó a perder las elecciones frente a Violeta Chamorro en 1990 y a la posterior desintegración ética y dispersión ideológica de sus filas.

Aquí en Honduras, guardando la prudencia de las comparaciones, la situación de las distintas fuerzas opositoras al régimen se advierte cada vez más como una condición ineludible para vencer en las urnas al régimen del señor Hernández. Pero concertar esa unidad no es ni será tarea fácil. Algunos que ayer promovían la unidad y demostraron en noviembre de 2017 que eran capaces de derrotar al régimen, hoy propugnan, sin decirlo, la dispersión de las fuerzas y la división en las bases. El ego personal, desorbitado y sin límites, sustituye cada día la racionalidad del esfuerzo común y la acción concertada de la oposición. Perversa dialéctica esa que reconvierte a los antiguos factores de unidad en los actuales heraldos de la división y el fraccionamiento.

Si los dirigentes no son capaces de articular una alianza válida, que aglutine a los sectores más representativos de la oposición, la derrota del gobierno seguirá siendo una quimera. El cambio, que Honduras necesita cada vez con más urgencia y profundidad, quedará distante, lejos de la realidad, envuelto en la bruma de una utopía tan confusa como inalcanzable. El país, fatigado en sus energías vitales después de la pandemia, no podrá enfrentar con alguna posibilidad de éxito los retos y desafíos que ya se perfilan en el horizonte.

Entiendo que la articulación de una plataforma unitaria es una tarea difícil, pero también entiendo que no es imposible. La política, ya se sabe, es y sigue siendo el arte de lo posible. Lo primero es abrir y mantener abiertas las ventanas del diálogo, saber distinguir entre lo principal y lo subalterno, entre las contradicciones principales y las que son coyunturales o pasajeras, entre la estrategia y la táctica, entre la ambición individual y el objetivo común de la empresa, en fin… entre el enemigo y el adversario.

Hay que diseñar una plataforma común de coincidencias para, sobre esa base, construir los consensos mínimos que luego permitirán alcanzar los acuerdos básicos. Honduras lo necesita.

(Por: Edmundo Orellana) Fueron los jóvenes, a los que se sumó rápidamente el resto de la sociedad, quienes, en las redes sociales, comenzaron con la pegajosa y fustigante frase, inquiriendo al gobierno sobre el destino de los dineros entregados, supuestamente, para pagar los, supuestos, hospitales móviles, construidos, supuestamente, en Turquía.

No contentos con saturar las redes con la pregunta, manifestada en variadas, creativas y hasta jocosas formas, se decidieron por la audacia y pintaron, y hasta repintaron, el puente Paz y Esperanza del bulevar Suyapa, sorprendiendo a la capital y al país entero con su osadía y provocando la airada reacción del gobierno, especialmente del municipal, que desplazó maquinaria y personal especializado, incluida la Policía Nacional y la Municipal para imponer autoridad, con la misión de borrar el desafiante mensaje, que resultó en un rotundo fracaso, pese a los reiterados intentos, en los que intervinieron hasta activistas del partido de gobierno.

Ni siquiera esta sencilla misión fue capaz de cumplir el gobierno, con lo que demuestra que la incapacidad es su característica más singular, puesto que ningún proyecto, de los que emprende con tanta fanfarria, puede culminar. Prueba de ello, son el faraónico “centro cívico” y “Palmerola”, cuyos costos cargarán sobre sus hombros muchas generaciones.

Es, sin duda, el gobierno más negligente de nuestra historia. Pero también es el que más señalamientos de corrupción contabiliza. De ahí, que revista capital importancia la pregunta: ¿Dónde está el dinero?; pintada en cuanto muro, avenida y edificio esté al alcance de la indignación popular, en todo el país.

El proceso de pago de los supuestos hospitales móviles dejó un rastro que será fácil de seguir para descubrir quiénes lo recibieron y en las cuentas que finalmente se encuentran, siempre que bancos gringos hayan participado, que de resultar una operación fraudulenta involucraría a la justicia gringa y tornaría el caso en un asunto extremadamente complicado para el gobierno hondureño, que vendría a sumarse a los que ya tiene con la justicia de los vecinos del norte.

No obstante, suficientes evidencias podrían recabarse en el país para saber si este caso es una operación fraudulenta en la que funcionarios participaron activamente, independientemente de quienes recibieron el dinero en el extranjero.

El proceso de compra está en expedientes de Invest-H, de Finanzas y del Banco Central. Si no se siguieron las reglas aplicables, en esos documentos están los responsables. Si no se tuvo la precaución de verificar la experiencia y la capacidad operativa y financiera del proveedor, no existen condiciones para confiar en que este cumplirá con lo convenido.

Si no se tuvo el cuidado de dotar de validez y eficacia al contrato mediante su formalización y perfeccionamiento, las obligaciones contenidas en él no son exigibles, incluidos los riesgos del proveedor, porque no se actualizan. Debió, pues, suscribirse el contrato, previa aprobación de su consejo directivo, porque, siendo un contrato “llave en mano”, como admiten autoridades de Invest-H, deja de ser un contrato de suministro -cuyo perfeccionamiento se entiende cumplido con la aceptación de la oferta y la emisión de la orden de compra- para convertirse en un contrato de obra pública, para cuyo perfeccionamiento se exige la suscripción del contrato por escrito.

Si no se exigieron las garantías previstas en la normativa aplicable, de cumplimiento y de calidad, difícilmente el Estado podrá obligar al proveedor a cumplir el contrato. No solo se expone a que no lo cumpla o a que no lo cumpla a tiempo, sino también a que el producto no responda a las especificaciones técnicas y no sea idóneo para el servicio.

Si se irrespetaron las reglas para pagar, como pagar la totalidad antes de recibir el suministro y de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas, comprobando su eficiente funcionamiento, o la de no pagar anticipos antes de presentar la garantía o pagar hasta el porcentaje legalmente establecido, la responsabilidad es manifiesta.

Determinar si se trata de responsabilidad administrativa, civil o penal, es competencia de las autoridades respectivas. Pero también existe la responsabilidad política, que se deduce mediante el juicio político, competencia del Congreso Nacional.

La sociedad, empero, no es optimista ante el anuncio de investigaciones para identificar a los responsables y deducirles responsabilidad, porque es consciente de que bastaría la aprobación de una ley conveniente al caso o la indulgente sentencia, para exonerar a los responsables, como ocurrió con el caso “Pandora”, en el que se eximió de responsabilidad a los políticos que pagaron sus deudas personales con fondos públicos, y los bancos en los que se hicieron las transferencias y transacciones, así como las autoridades estatales obligadas a evitar que ocurriera, ni siquiera fueron imputadas. Razón por la cual preguntamos: ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO? E insistimos en decir: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?