Monday, Jun 17, 2019
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BUENOS AIRES, ARGENTINA

(Spútnik) La Policía Federal Argentina detuvo en la ciudad de Río Gallegos (sur) a dos exsecretarios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), informaron a Spútnik fuentes judiciales.

«Fabián Gutiérrez y Julio Daniel Álvarez detenidos en Rio Gallegos», señalaron las fuentes a esta agencia.

El arresto se produjo por orden del juez Claudio Bonadío, que instruye una causa en la que está procesada la exmandataria por supuestamente liderar una asociación ilícita que recibía sobornos de empresarios a cambio de conceder obras públicas durante su gestión.

Gutiérrez fue señalado por el exsecretario de Obras Públicas, José López, detenido desde junio de 2016 desde que fuera sorprendido en las inmediaciones de un convento con más de nueve millones de dólares.

Álvarez, en cambio, fue acusado por un expiloto del avión presidencial, Sergio Velásquez, de esperar el dinero en Santa Cruz, provincia a la que pertenece Río Gallegos.

En la causa judicial están procesadas más de 40 personas entre empresarios y exfuncionarios del Gobierno anterior.

La expresidenta y actual senadora también fue procesada con prisión preventiva, aunque Bonadío esperara a que un tribunal de segunda instancia confirme su fallo para pedir el desafuero de la legisladora, algo que el peronismo, que tiene mayoría en el Senado, adelantó que no otorgará.

El expediente judicial se originó a partir de las declaraciones de la esposa de Oscar Centeno, chófer de Roberto Baratta, quien fuera mano derecha de Julio De Vido, ministro de Planificación durante los Gobiernos del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa Fernández (2007-2015).

A raíz de este suceso, una veintena de empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron el pago de coimas para conseguir contratos durante las tres administraciones.

Bonadío los procesó por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho en base a las anotaciones que hizo en un cuaderno el chófer Centeno, del que de momento sólo se han encontrado las fotocopias.

MONTEVIDEO, URUGUAY

(Spútnik) Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Canadá firmaron una comunicación dirigida a la Corte Penal Internacional (CPI) para que inicie una investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, informó la Presidencia paraguaya.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, junto a sus homólogos de «Argentina, Chile, Colombia y Perú, y el primer ministro de Canadá, suscribió una comunicación dirigida a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, a fin de abrir una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad, que habrían tenido lugar en Venezuela bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014», indica el texto de prensa de la Presidencia paraguaya.

La comunicación se realiza para determinar «si se ha de acusar por la comisión de tales crímenes de lesa humanidad a una o varias personas determinadas», añade el texto.

La solicitud a la CPI se hace al amparo del artículo 14 del Estatuto de Roma, por el cual se constituyó la Corte, el cual faculta a los Estados Parte, como es el caso de los firmantes, a remitir una situación de este tipo y solicitar su investigación.

La comunicación toma en cuenta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela» y el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos «Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin».

Los países que firmaron la comunicación forman parte del Grupo de Lima, integrado por 14 países de las Américas, creado en agosto de 2017 en la capital peruana para hacer seguimiento de la crisis venezolana, arguyendo que en el país caribeño se quebró el orden constitucional.

Venezuela atraviesa una crisis política y económica marcada por escasez de productos esenciales y elevada inflación, lo que ha derivado en la emigración de miles de ciudadanos, situación que es calificada por la comunidad internacional de crisis humanitaria.

El Gobierno de Maduro denuncia que sectores productivos del país se han aliado para incrementar el costo de vida y generar malestar en la población, como parte de un manual de ataque no convencional de EEUU para desestabilizar a su Administración.

NACIONES UNIDAS

(Spútnik) El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que no descarta ninguna alternativa en los esfuerzos para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

«Todas las opciones están sobre la mesa, todas, las más fuertes y las menos fuertes, todas las opciones, y ustedes saben a lo que me refiero cuando digo ‘fuertes’; todas las opciones están sobre la mesa con respecto a Venezuela», dijo enfático a periodistas en la sede de la ONU en Nueva York.

Trump afirmó el 25 de septiembre, en una reunión con su par colombiano Iván Duque en forma paralela a la Asamblea General, que los militares venezolanos podrían sacar del poder a Maduro «muy rápidamente» si se lo propusieran.

«Es un régimen que puede ser derrocado por los militares fácilmente si los militares lo deciden», comentó Trump a periodistas.

Trump descartó una posible intervención militar estadounidense pero aseguró que su Gobierno le destina «mucho tiempo y esfuerzos» a la situación en el país caribeño.

Al mismo tiempo el Gobierno de Venezuela repudió las declaraciones del presidente de EEUU acusándolo de instigar una insurrección militar en el país caribeño.

«Venezuela manifiesta su más enérgico rechazo ante las declaraciones belicistas e injerencistas emitidas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientadas a promover una insurrección militar en nuestro país», expresa un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del ministro para Relaciones Internacionales, Jorge Arreaza.

El 25 de septiembre, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a seis altos funcionarios del Gobierno venezolano y tres entidades comerciales, y Trump prometió más medidas en los próximos días.

La cancillería venezolana señaló que las afirmaciones de Trump dejan en evidencia la política de cambio de régimen que promueve su Gobierno con la participación de algunos de sus aliados latinoamericanos.

«Estas declaraciones no representan un elemento aislado, dado que emergen en un contexto de sucesivas amenazas de intervención militar en Venezuela y bajo el incremento de la presencia militar estadounidense en la región, tendentes a crear un conflicto regional de proporciones insospechadas», señala el texto.

El Gobierno de Venezuela aseguró que, pese a estas amenazas, se mantiene comprometido con la paz y la estabilidad regional, y descartó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de su país se presten para un golpe de Estado, pues sostuvo que están comprometidas con la estabilidad, defensa y paz del país.

Sobre una reunión bilateral, el presidente de EEUU dijo que estaría dispuesto a reunirse con el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro si con eso puede ayudar al pueblo de ese país.

«Si está aquí, si quiere reunirse, no lo sé; no estaba en mi mente ni en mis planes, pero si puedo ayudar a la gente, para eso estoy aquí», afirmó Trump.
Añadió que lo que «está pasando en Venezuela es una desgracia».

Si bien aún no está confirmado que Maduro asista al 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, figura en la lista oficial de oradores de ese evento.