Monday, Aug 19, 2019
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WASHINGTON, EE.UU.

(Spútnik) El presidente de EEUU, Donald Trump, promulgó la Ley NICA que prevé sanciones contra funcionarios del Gobierno de Nicaragua por abusos a los derechos humanos y actos de corrupción, anunció la Casa Blanca.

«Hoy promulgué la ley H.R. 1918, la «Ley de derechos humanos y anticorrupción de Nicaragua 2018», dijo Trump en un comunicado.

La ley, aprobada por el Congreso el 11 de diciembre, incluye sanciones económicas, como bloqueo de activos y transacciones, para personas que hayan participado en «actos de violencia que constituyan graves abusos o violaciones a los derechos humanos contra personas relacionadas con las protestas en Nicaragua que comenzaron en abril».

También sancionará a los individuos involucrados en acciones políticas que socavaron el proceso democrático, en arrestos o persecución de una persona debido a su ejercicio de la libertad de expresión, reunión o prensa, o en delitos de corrupción, establece la ley presentada por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires.

«Mientras que el pueblo de Nicaragua marca 8 meses de represión violenta por parte de (presidente Daniel) Ortega y sus títeres, el Presidente firma el NICA Act en ley. Los abusos de Ortega en contra de la sociedad civil y prensa son otro aspecto desesperado para mantenerse en el poder y EEUU responderá adecuadamente», dijo Ros-Lehtinen, representante republicana por Florida, quien presentó el proyecto en 2016.

La legislación también prevé la negación y revocación de visas para personas relacionadas con el Gobierno nicaragüense y la orden a representantes de EEUU en organismos internacionales de oponerse al otorgamiento de préstamos, salvo que estén destinados a necesidades básicas o promover la democracia.

En el texto se pide además la convocatoria a elecciones libres y con observadores independientes y establece la creación de reportes sobre diversos temas relacionados a la situación actual del país centroamericano.

Nicaragua vive desde el 18 de abril una crisis política y social cuando estallaron protestas antigubernamentales que han dejado cientos de muertos.

El Gobierno asegura que la violencia es promovida por sectores adversos que buscan realizar un «golpe blando» contra el presidente Ortega, a los que acusa de terroristas.

En las últimas semanas el Gobierno canceló la personería jurídica de nueve organizaciones sociales, que las autoridades dicen están promoviendo actividades fuera de la ley.

El ministro de Gobierno Luis Caña dijo el miércoles a Spútnik que la cancelación de la personería jurídica se realizó dentro del marco legal del país y afirmó que no existe persecución contra instituciones ni medios.

El miércoles 19, el Gobierno también suspendió temporalmente temporalmente las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), y anunció el fin de la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El Meseni había sido instalado el pasado 24 de junio en acuerdo con el Gobierno de Nicaragua, para hacer un seguimiento a las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH, que llamaba al Ejecutivo a respetar los derechos humanos y las libertades individuales y cesar la represión contra los manifestantes opositores al Gobierno.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Spútnik) La UE expresó su «interés en participar» en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, firmado el 1 de diciembre por los presidentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, dijo el embajador europeo en México, Klaus Rudischhauser, en una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Rudischhauser señaló «a nombre de la UE y sus estados miembros que ven con interés este plan, toda vez que busca impulsar el desarrollo social y las oportunidades económicas en la región a través de proyectos sostenibles, contribuyendo a prevenir las causas que originan los fenómenos migratorios, al combatir la pobreza y la desigualdad social», informó la cancillería mexicana al final de la reunión.

A la reunión de presentación del plan también asistieron embajadores y representantes de los países miembros de la UE y el director de la sede subregional en México de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Hugo Eduardo Beteta.

Los países europeos «comparten valores con México y mantienen una estrecha y buena relación con nuestro país, motivo por el cual están siempre atentos a sus propuestas», indica el reporte oficial del encuentro.

El representante europeo agradeció a la cancillería mexicana la invitación para presentar los lineamientos del plan firmado por los gobiernos de los cuatro países, tanto a los representantes de su delegación.

El embajador europeo añadió que esos lineamientos «son coincidentes con la visión global y la filosofía de la UEU», por lo que expresó su deseo de revisar y estudiarlo en forma detallada con el fin de identificar posibles áreas de cooperación y poner a disposición la experiencia y capacidad de la UE y sus miembros.

El diplomático agregó que la UE ya está presente en la región con programas importantes y que buscará alinear sus esfuerzos para que sean compatibles con los objetivos del plan.

El representante europeo mencionó que seguirá con atención los avances del plan, «solicitando atentamente a la cancillería los mantenga informados» sobre su implementación.

Finalmente, resaltó que la UE tiene más de 50 años de experiencia en integración regional, y sus países «desean aportar esta experiencia e involucrarse identificando áreas de oportunidad» para obtener los mejores resultados posibles para la región centroamericana y el sur de México.

EEUU y México acordaron esta semana destinar 35.600 millones de dólares para el desarrollo de los países centroamericanos del llamado Triángulo de Norte y el sur mexicano, para frenar la ola de migrantes indocumentados.

BUENOS AIRES, ARGENTINA

(Spútnik) La Cámara Federal de la capital argentina confirmó el procesamiento con prisión preventiva para la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por ser la presunta responsable de una red de sobornos montada entre el Estado y las principales empresas del país, informan medios locales.

La Sala I de la Cámara Federal decidió confirmar el procesamiento y la prisión preventiva que había dictado el juez Claudio Bonadio contra la exmandataria como supuesta jefa de una asociación ilícita, informa el diario Clarín.

Bonadio puede ahora pedir al Senado el desafuero de Fernández en el marco de la investigación conocida como «los cuadernos de las coimas [sobornos]».

La Cámara Federal confirmó asimismo los procesamientos del exministro de Planificación, Julio de Vido (2003-2015) y de su mano derecha, Jorge Baratta, como organizadores de la asociación ilícita y también les imputo cohecho pasivo, al igual que a la expresidenta.

El tribunal consideró también organizadores de la asociación ilícita al exsecretario de Obras Públicas, José López (2003-2015), al financista Ernesto Clarens y al expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner.

En cambio, la Cámara federal consideró que los principales empresarios involucrados en el pago de sobornos a funcionarios de Gobierno no formaban parte de la asociación ilícita y solo confirmó sus procesamientos por cohecho, con lo cual además quedarán en libertad.

Este fallo beneficia a Aldo Roggio, dueño de Benitto Roggio e Hijos y de Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios, Luis Betnaza, director corporativo de Techint, la principal empresa constructora del país, Gabriel Romero, propietario del holding Emepa, Juan Chediack, dueño de la firma Chediack y expresidente de la Cámara de la Construcción, Enrique Pescarmona, propietario de Industria Metalúrgica Pescarmona S.A., y Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y heredero del grupo empresarial familiar.

El tribunal revocó la falta de mérito que el juez Bonadio había dictado en favor de otro grupo de empresarios de «segunda línea» y los procesó por cohecho, según el medio Infobae.

Decenas de personas están procesadas en esta investigación.

El expediente judicial se originó en las declaraciones de la esposa de un chófer, Oscar Centeno, quien trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador del exministro de Planificación.

Centeno asentó en cuadernos escolares la bitácora de los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el intercambio de valijas y bolsos con dinero entre altos empresarios argentinos y funcionarios de las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández.

De esos cuadernos solo se han encontrado fotocopias y el chófer asegura que quemó los originales.

Una veintena de empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron que pagaban sobornos para conseguir contratos de obra pública durante las tres administraciones.

La investigación fue posible luego de la aprobación de la ley del arrepentido, que permite beneficios penales a los acusados que contribuyan con la justicia.

La Cámara Federal también confirmó el procesamiento de Centeno, quien también declaró como arrepentido.