Monday, Aug 19, 2019
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CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA 

(Spútnik) La cancillería guatemalteca dejó sin efecto las acreditaciones diplomáticas y visados de 11 funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), informó la entidad que colabora con investigaciones penales en ese país centroamericano.

«Según información proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a 11 funcionarios y dos de sus familiares a quienes no se les ha renovado su visa de cortesía, acreditación diplomática, y se les retira la inmunidad (…) cabe señalar que los funcionarios internacionales involucrados son investigadores y litigantes de casos de alto impacto», dijo la Cicig en un comunicado.

La decisión fue publicada este martes en el Diario Oficial, según el medio local Soy 502.

La cancillería sostuvo que las acreditaciones quedaron sin efecto el 17 de diciembre.

La Cicig añadió que esta medida «busca afectar la independencia en su trabajo contra los CIACS (cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad) sea en las investigaciones o en varios litigios en curso, además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios».

El Gobierno de Jimmy Morales anunció este año su decisión de no renovar el mandato de la Cicig, que expira en septiembre del año próximo, y más tarde prohibió la entrada a su comisionado, el jurista colombiano Iván Velásquez, que había viajado momentáneamente a EEUU.

La Cicig sostuvo este martes que las autoridades no la notificaron debidamente de la medida, pues «un aviso en una publicación del diario oficial no corresponde a las vías diplomáticas de comunicación previstas».

Además, la decisión de la cancillería «carece de fundamento legal», agrega el texto.

El comisionado Velásquez, citado en el mismo comunicado, sostuvo que «la única razón expresada, tanto por el Presidente de la República como por la ministra (Sandra Jovel), señalando de terroristas a esos funcionarios, con investigaciones pendientes en sus países de origen, es absolutamente falsa como se demostró oportunamente con los certificados de carencia de antecedentes penales que fueron aportados a la cancillería».

Asimismo, «la inmunidad de los funcionarios deriva del acuerdo de creación de la Cicig y solo puede ser retirada por el comisionado», según el comunicado.

El Gobierno de Guatemala, además, dijo que los 11 investigadores del Cicig tienen 72 horas para dejar el país.

La Cicig fue creada en 2006 por acuerdo del Gobierno guatemalteco y la Organización de las Naciones Unidas para fortalecer el sistema de investigación y justicia y para contribuir con la fiscalía en la pesquisa de grandes casos de corrupción.

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

(Spútnik) La falta de voluntad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para dialogar sobre el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) generó el retiro de acreditaciones a ocho investigadores de ese organismo, afirmó el presidente Jimmy Morales.

«Nosotros le hemos dado todo el apoyo a la CICIG, hemos actuado de buena fe, pero ¿cómo ha actuado la otra parte? ¿Qué pasa cuando yo le hablo 20 veces y usted no contesta? No hay diálogo. Ante esto nosotros podemos decir que en Guatemala se cumplirá la ley», dijo el mandatario después de la inauguración de un hospital en Villa Nueva (centro), según un audio publicado por Emisoras Unidas.

El Gobierno de Guatemala advirtió a ocho investigadores de la CICIG y a tres de sus familiares que tenían 72 horas para dejar el país, luego de retirarles sus acreditaciones diplomáticas y visados.

Según Morales, el retiro de las visas a los expertos de la CICIG fue un «paso más de un proceso administrativo» y consideró que el Gobierno ha actuado de «buena fe».

Morales sostuvo que las visas de cortesía son un resorte del Estado y su retiro no obedece a venganza o enojo.

Organizaciones de la sociedad civil presentaron siete acciones legales ante la justicia para frenar la expulsión de los investigadores de la CICIG.

Por su parte, el embajador de Alemania en Guatemala, Harald Klein, anunció que el Grupo de Donantes (G-13), una instancia de coordinación entre nueve países y cuatro organizaciones multilaterales que destinan recursos para el país centroamericano, se reunirá para analizar la crisis de la CICIG.

El Grupo de Donantes está conformado por Canadá, Alemania, Italia, España, Francia, Suecia, Suiza, Estados Unidos y Reino Unido.

El comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, había dicho el miércoles que la decisión del Gobierno es «arbitraria y carece de fundamento legal».

«La única razón expresada, tanto por el Presidente de la República como por la ministra, señalando de terroristas a esos funcionarios (…) es absolutamente falsa como se demostró oportunamente con los certificados de carencia de antecedentes penales que fueron aportados a la Cancillería. Si el Gobierno de Guatemala posee una información veraz diferente, sería conveniente que la diera a conocer públicamente», agregó Velásquez en un comunicado.

La CICIG añadió que esta medida «busca afectar la independencia en su trabajo contra los CIACS (cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad) sea en las investigaciones o en varios litigios en curso, además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios».

El Gobierno de Jimmy Morales anunció este año su decisión de no renovar el mandato de la CICIG, que expira en septiembre de 2019, y más tarde prohibió la entrada a su comisionado, que había viajado momentáneamente a EEUU.

La comisión, creada en 2006 por acuerdo del Gobierno guatemalteco y la ONU, ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros a Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.

BUENOS AIRES, ARGENTINA

(Spútnik) Un fiscal argentino solicitó que la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) vaya a juicio oral por la causa que investiga el supuesto lavado de activos a través de una sociedad hotelera de su familia, Hotesur, informa la prensa local.

Según el diario La Nación, la solicitud del fiscal Gerardo Pollicita, que incluye a los hijos de Fernández, apunta a que la exmandataria responda por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefa y lavado de activos.

La justicia investiga si la empresa hotelera fue utilizada para adquirir de manera ilícita dinero proveniente de compañías beneficiadas con obra pública durante la administración de Fernández, lo cual habría sido ocultado a través de alquileres simulados.

En octubre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de la actual senadora por esta causa.

El pedido del fiscal Pollicita incluye al empresario Lázaro Báez, quien concentró bajo el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y los dos mandatos de Fernández gran parte de las obras de infraestructura que se realizaron en la provincia de Santa Cruz (sur) a través de su empresa Austral Construcciones.

Báez está en prisión preventiva desde 2016 en la causa conocida como «la ruta del dinero K».

Fernández enfrenta varias causas judiciales.

El 20 de diciembre, la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el procesamiento con prisión preventiva para la expresidenta y actual senadora por ser la presunta responsable de una red de sobornos montada entre el Estado y las principales empresas del país.

No obstante, Fernández tiene fueros por ser congresista, y según afirmaban medios locales el 20 de diciembre, el oficialismo no tiene los votos necesarios para el desafuero de la actual senadora opositora.