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(Por Joaquín Mejía) Uno de los elementos fundamentales del sistema democrático es la legitimidad, es decir, el consentimiento y convencimiento de la ciudadanía de que el régimen que gobierna y sus decisiones son las mejores para la colectividad, y, por tanto, no necesita el uso de la fuerza para imponerse.

Para ello se requiere el respeto absoluto al principio de la soberanía popular que se expresa en la voluntad de las mayorías mediante elecciones libres, auténticas y justas. En otras palabras, una parte de la legitimidad democrática se gana cuando los resultados electorales corresponden con la voluntad popular.

Dos de las principales características del régimen de Juan Orlando Hernández son el autoritarismo y la falta de legitimidad, por lo que ha tenido que imponerse mediante el fraude, la represión policial-militar y las graves violaciones a derechos humanos, todo cubierto bajo el manto de la corrupción y la impunidad.

Como todo régimen autoritario, es ciego y sordo ante la voz popular, y solo vela por sus propios intereses y de la clase corrupta que representa. Por eso no le importó violar la Constitución para imponer su reelección que consumó a través de un fraude electoral.

Y lo mismo ha sucedido con la MACCIH, que, pese a existir una rotunda demanda ciudadana para su continuidad, el régimen la dejó morir para evitar que siguiera con su trabajo de desenredar las redes de corrupción que llegan hasta él y su círculo de poder.

Por ello, como señala la doctora Ana Ortega, “pese al contexto de represión, precariedad de la vida, fragmentación e incluso expulsión de buena parte de la población”, el papel opositor de la ciudadanía es central para activar la ruptura de este círculo vicioso de corrupción, impunidad y cinismo de los actores políticos.

(Por Edmundo Orellana) Ya lo somos oficialmente. En eso nos hemos convertido con la expulsión de la MACCIH, último logro efectivo del gobierno.

El gobierno conspiró en su contra desde la negociación del convenio, que, afortunadamente, por la impericia de los negociadores hondureños, los de la OEA lograron ocultar en sus estipulaciones los dispositivos que, en su oportunidad, se activarían para causarles a los corruptos del patio los dolores de cabeza que sufrieron con su presencia en el país.

Pese a que venía a enfrentarse al sistema de impunidad impuesto desde hace mucho y que sus funciones se limitaban a acompañar al MP y al Poder Judicial, transfiriendo los conocimientos y las técnicas modernas que sus funciones requieren para tornarlas más efectivas, logró crear, a iniciativa suya, una institucionalidad operativa (UFECIC y los juzgados anticorrupción) que funcionó. La prueba es que puso de correr a los corruptos.

También tuvo logros en la transparencia y rendición de cuentas del financiamiento de las campañas políticas, con la aprobación de la ley respectiva y poner en marcha el órgano que la aplica. Que alcance sus objetivos es responsabilidad de quienes fueron nombrados para ello, cuya función consiste en impulsar los procesos que permitan el fortalecimiento de su organización y la operatividad de sus funciones.

Puso al descubierto las redes de corrupción que operan en el país con total impunidad, integradas por políticos de todos los partidos, empresarios, dirigentes gremiales, miembros de la sociedad civil y hasta ministros religiosos. Exhibió las maquinaciones urdidas -torpemente, por cierto- por estas redes para saquear sistemáticamente las arcas del Estado, para aprovecharse de las funciones y servicios públicos con contrataciones amañadas o para conseguir jugosos subsidios o excepcionales privilegios.

Otras iniciativas impulsadas por la MACCIH quedaron en el camino, como la Ley de Colaboración Eficaz y otras que las redes de corrupción celebran hoy su no aprobación.

Su legado es notorio e impactante pero precario. Los invaluables logros de la MACCIH son innegables y por eso nadie podrá ignorarlos. Sin embargo, durarán lo que dure el proceso de desaparición de los órganos creados a su iniciativa. UFECIC y los juzgados anticorrupción no podrán sobrevivir en su estado actual sin el apoyo de la MACCIH, porque su relativa independencia -que les permitió enfrentarse cómodamente a las poderosas redes de corrupción del país- descansaba, justamente, en ese apoyo, porque detrás de la MACCIH se encontraba activa y vigilante la cooperación internacional, especialmente, el gobierno de Estados Unidos.

Cuando la cooperación internacional disminuyó la intensidad de su apoyo a la MACCIH, el destino de esta no podía ser otro que su desaparición.

El gobierno estadounidense jugó un importante papel en su creación y fue decisivo en su desaparición. La apoyó mientras le fue útil. Cuando dejó de serlo, porque se convirtió en una amenaza real para su imprescindible socio en sus intereses imperiales, simplemente le dio la espalda. Lo que aprovechó Almagro para simular una negociación que favorecía a las redes de corrupción y le garantizaba el voto para su reelección.

Incluso algunas de las organizaciones nacionales que dicen ser portaestandartes de la dignidad nacional, dieron la impresión de ser cómplices del crimen porque fueron incapaces de promover actividades masivas para impedir que el crimen se perpetrase.

El pueblo tampoco se entusiasmó en la defensa de la MACCIH, adormecido por la sutil campaña de algunos medios en su contra, que destacaron, con grosera relevancia, las arremetidas de las redes de corrupción en contra de la MACCIH y sus creaciones, sembrando en el imaginario popular la idea de que eran negligentes e ignorantes. Ponían en duda las investigaciones, descalificaban los requerimientos judiciales y de remate promovían debates, no con académicos cuya opinión objetiva y científica podían dar luces a los mismos, sino con los abogados defensores, cuyos alegatos no pasaron de ser simples ataques en contra de la MACCIH y de la UFECIC.

De esta aventura, lo rescatable es que los logros son, realmente, de la UFECIC y de los tribunales anticorrupción. En otras palabras, que en nuestra aldea tenemos calidad y cantidad de profesionales capaces para combatir, con dignidad y profesionalismo, la impunidad, entre los que se destaca el heroísmo del fiscal Luis Javier Santos.

Lo que le debemos a la MACCIH es que puso en evidencia que el Estado hondureño ha sido capturado por las redes de corrupción. Rescatarlo está en nuestras manos. Incapaces de rescatarlo por otra vía, no nos queda más que el voto; ese que, por lo general, botamos y que de seguir esa conducta perpetuaremos el sistema de impunidad. Votemos, pues, pero esta vez inspirados en el ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

(Por Víctor Meza) ¡Año nuevo, vida nueva! suele decir alguna gente cada vez que comienza el nuevo calendario. Es una forma de manifestar un discreto optimismo, una cautelosa esperanza, confiados en que las cosas irán mejor y que el nuevo año nos dará más y mejores oportunidades de vida. Soñar, en este caso, no cuesta mucho.

Lo cierto es que, en el caso concreto de nuestro país, no se puede afirmar, sin hacer concesiones a la falsa ilusión, que haya razones suficientes para ser demasiado optimista. El clima que prevalece, tanto a nivel social como económico y político, es uno de incertidumbre y duda. La confusión es la norma, mientras la certeza es la excepción. Muchos son los que dicen no saber lo que va a pasar, a la vez que están convencidos  de que algo debe pasar.

En semejantes circunstancias no es fácil mantener el optimismo. La mayoría de nuestros compatriotas espera, con paciencia bíblica, que se produzca un cambio y nuevos aires soplen sobre estas honduras, cada vez más profundas y peligrosas. La gente desea el cambio, aunque no siempre esté convencida de su posibilidad real. Las convicciones se debilitan con el tiempo, dando paso a nuevas dudas y viejas vacilaciones.

El pesimismo colectivo se traduce en desconfianza o indiferencia, favoreciendo así, sin proponérselo, las ambiciones de poder y la certeza de fuerza que rodean y envuelven al grupo gobernante. No hay espacio más favorable para un gobierno autoritario e ilegítimo que la indiferencia colectiva. El desentendimiento de la gente, su desafección política y el desencanto democrático,  son factores negativos que favorecen la consolidación del régimen y su afán expansionista y concentrador.

Los líderes de la llamada oposición política están obligados a hacer la lectura correcta de estos síntomas sociales. Deben saber captar el descontento que se esconde tras la duda y el desánimo de los ciudadanos, escudriñar y entender los hilos profundos del rechazo y el descreimiento. Para que el cambio se produzca, la gente tiene que  creer que no solo es necesario, sino que también es posible. Y así, necesidad y posibilidad, se vuelven fuentes de energía social y generan dinámica política transformadora.

La unidad de los opositores es condición básica para que el cambio sea posible, pero no es una unidad cualquiera, concebida solamente para el momento del reparto de las cuotas de poder y de  las casillas presupuestarias. Debe ser una unidad para enfrentar al régimen autoritario e ilegal que ha desfigurado el rostro republicano de la patria. Unidad en torno a la reconstrucción institucional de Honduras para devolverle al país su condición de república y su Estado de derecho. Por lo tanto, debe ser una unidad para destruir y reconstruir, es decir para acabar con el régimen autoritario e ilegal,  nacido de la violación a la ley y del fraude electoral, al mismo tiempo que para construir y reconstruir las estructuras institucionales tan vulneradas de nuestro país.

La tarea, pues, es de doble naturaleza pero de esencia dialéctica. Destruir para volver a edificar; reformar para reconstruir; cambiar para avanzar. Honduras necesita incorporarse a las corrientes de modernidad y democracia que recorren buena parte de nuestro continente. Es hora ya de abandonar la política de subordinación y entreguismo que ahora se practica con absoluta impunidad y cinismo. Es hora de lavar el rostro de la patria eliminando las redes delincuenciales del crimen organizado, que han cooptado buena parte de la estructura estatal y nos exhiben ante los ojos del mundo como un Estado degradado, a punto ya de convertirse definitivamente en un régimen tan nauseabundo como fallido.

Estas son algunas de las tareas que tenemos por delante. Si logramos cumplirlas, aunque sea parcialmente, tendremos buenas razones para creer que el nuevo año significa también vida nueva