Monday, Jul 22, 2019
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(Por Edmundo Orellana)  Los médicos y los docentes iniciaron su lucha en respuesta al ataque del gobierno que pretende reestructurar los sectores de salud y educación – entendiendo por “reestructurar” despedir masivamente los empleados de esos sectores- y privatizar los servicios prestados por estos.

Sus reclamos también favorecen, y directamente, al pueblo, usuario de esos servicios. Irrumpen en un ambiente caldeado por el repudio popular hacia el gobernante; de ahí, que se haya convertido en una lucha del pueblo, que no ha dudado en tomarse calles, carreteras e instalaciones públicas, en todo el país.

No rehúyen dialogar, pero condicionan su asistencia al diálogo gubernamental, porque saben que es estrategia del gobierno, ampliamente conocida, utilizar ese recurso para ganar tiempo, desmovilizar la protesta y siempre salirse con la suya.

No se trata de un movimiento insurreccional, pero podría llegar a serlo si el gobierno comete la torpeza de aplicar sanciones a los médicos y docentes que protestan y a sus respectivos colegios. No solo sería un atentado a las garantías mínimas del trabajador, sentando un precedente peligroso para los demás trabajadores, también sería un atentado a la seguridad económica de sus familias, por las que, sin duda, lucharían hasta las últimas consecuencias. Los médicos y los docentes son de los gremios más numerosos, con presencia necesaria e influyente en todas las comunidades del país, de modo que están en capacidad, de proponérselo, de movilizar esas comunidades, con las que establecen vínculos íntimos e indisolubles por su incidencia en su formación y salud personal.

Que otros gremios, aprovechando esta movilización del pueblo, se movilicen, a su vez, exigiendo sus propias demandas, es normal y hasta necesario, porque el ambiente se presta para lograr los objetivos. Sin embargo, cuando estos grupos no se integran a los ya movilizados, como es el caso de la Plataforma, en lugar de fortalecer el derecho a protestar, lo debilitan. Es cierto que el paro de estos grupos, por su peculiar condición, amenaza seriamente la estabilidad del gobierno, y, justamente por eso, logran rápidamente acuerdos. Sin embargo, lo hacen aprovechándose de un movimiento popular, como el impulsado por médicos y docentes -cuyas exigencias incluyen mejorar la calidad de los servicios de salud y educación-, con el que ni siquiera se solidarizaron.
Esa falta de solidaridad demostrada por los transportistas y policías ha provocado la repulsa popular, constituyéndose en un funesto precedente para sus próximas movilizaciones, puesto que el pueblo, seguramente, les dará la espalda por su actitud egoísta y excluyente.

El lector acucioso habrá notado que el pueblo no se hizo ilusiones con el paro de los policías, ni siquiera cuando, en más de una ocasión, vociferaban que, entre sus motivaciones, estaba el rechazo a la represión popular, porque, como en ocasiones anteriores ha ocurrido con este gremio, aceptados sus reclamos, no dudan en reprimir con más entusiasmo y contundencia. En lo que no han reparado los alzados uniformados es que, en el pasado, y todo indica que ocurrirá de nuevo, superada la emergencia comenzaron los despidos, especialmente de los dirigentes del alzamiento, que, en esta ocasión, lució, no como un movimiento reivindicatorio, sino como una vulgar extorsión.

El paro de los transportistas, obstaculizando el paso en las carreteras, fue celebrado popularmente porque contribuía a intensificar el conflicto ya planteado, pese a que el pueblo es consciente de que esos acuerdos afectan directa y dramáticamente sus bolsillos. En definitiva, los acuerdos a que lleguen policías y transportistas solo a estos favorecerán, en cambio, a los que lleguen médicos y docentes favorecerán también, y directamente, a los usuarios de los servicios de salud y educación; por eso es popular.

Esos acuerdos, arrancados por la emergencia y aprovechándose de la movilización de docentes y médicos, no tienen, recobrada la normalidad, ninguna garantía de cumplimiento, porque el gobierno, es conocido, no honra los compromisos de este tipo.

La falta de solidaridad les pasará factura, porque, contrario a lo que ocurrirá con ellos, el movimiento de los docentes y los médicos goza de apoyo popular y está muy bien organizado, imprimiendo seriedad al proceso de negociación y asegurando el cumplimiento de aquello a lo que se comprometa el gobierno.

En todo caso, el gran perdedor es el gobierno cuyo desgaste es notorio, dando la impresión de encontrarse al borde del precipicio. Un empujoncito más y cae al vacío, ¿quién se anima?

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡basta ya!?

(Por Joaquín Mejía) Honduras vive una crisis política continuada por la violación a la soberanía popular mediante un golpe de Estado en 2009, la aprobación ilegal de la reelección presidencial en 2015 y la imposición en la presidencia de Juan Orlando Hernández en 2018 a pesar de las graves irregularidades en el último proceso electoral.

Como consecuencia, se ha agravado la situación de los derechos humanos, se ha experimentado un profundo proceso de deterioro de la institucionalidad pública, ha aumentado la desconfianza ciudadana y se ha consolidado un régimen autoritario sostenido por la fuerza policial y militar, y cruzado por el narcotráfico.

Estos factores han propiciado un terreno fértil para la desigualdad estructural y la falta de desarrollo que, de acuerdo con la CIDH, afecta de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad, lo cual está enraizado en un sistema que beneficia a unos cuantos que tienen relación con altas esferas del poder.

Así, mientras en los últimos 10 años la inversión en salud y educación es cada vez menor y más ineficiente, el gasto en seguridad y defensa mantiene una trayectoria de crecimiento, enfocada principalmente en la represión de protestas sociales y en la persecución del delito desde la represión sin prevención.

A su vez, como lo señala el FOSDEH, la inversión pública ha descuidado los sectores que son necesarios para el bienestar de la sociedad y se ha enfocado en proyectos de asistencialismo que no han logrado disminuir la pobreza y las desigualdades en el país.

Ante un escenario así, pintado además de impunidad generalizada, corrupción y falta de equilibrio y separación entre los poderes que permitan el óptimo funcionamiento del Estado de derecho, ¿cómo no querer irse de este país en caravanas después de 10 años de crisis continuada y sin una propuesta de solución que no venga de las élites?

El éxodo masivo de hondureñas y hondureños es el reflejo de una crisis que solo podrá resolverse si se emprenden reformas estructurales para replantear las políticas sociales, corregir las asignaciones presupuestarias, promover la rendición de cuentas en materia de derechos humanos y corrupción, y subsanar el tejido social fracturados por la violencia y la impunidad.

(Por Joaquín Mejía) El general Julián Pacheco Tinoco, el todopoderoso hombre de la inteligencia militar en el país, el mismo que fue incapaz o no quiso utilizar esa inteligencia para investigar y desmantelar las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, amenaza a través de los medios de comunicación que su policía, la depurada, no va a permitir que continúen las protestas.

El general Pacheco Tinoco, el mismo que fue señalado por el jefe de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, y por el narcotraficante mexicano e informante de la DEA, Santos Peña, de coordinar la seguridad del paso de un cargamento de cocaína, muestra su soberbia e intolerancia frente a las justas demandas ciudadanas, contrariamente a su postura frente al narcotráfico.

El general Pacheco Tinoco, el mismo sobre quien Insight Crime descubrió que extrañamente cuando él era jefe de un batallón del ejército en Colón a inicios del 2000, Los Cachiros empezaron a ganar relevancia en el mundo criminal, ahora se pavonea valiente frente a una población desarmada que se manifiesta en defensa de su dignidad, pero se comporta como un cobarde frente a los grandes criminales del país.

El general Pacheco Tinoco, el mismo que se llena la boca hablando de paz y de respeto a la ley, fue una pieza clave en el golpe de Estado de 2009 cuyas consecuencias están más presentes que nunca y tienen a Honduras en un caos que quieren atribuir a quienes se manifiestan por la defensa de los derechos humanos y la democracia, ejerciendo su derecho constitucional a la protesta pacífica.

El general Pacheco Tinoco, el mismo que se vende como un militar honorable, tiene las manos manchadas de sangre por cada vez que ordenó y permitió que sus policías reprimieran brutalmente, torturaran y dispararan balas vivas contra una población indefensa que solo exige en las calles los derechos más básicos que le ha arrebatado esa criminalidad organizada que tiene secuestrado el Estado y que él protege.

El general Pacheco Tino, el mismo que amenaza a la población que debe proteger y protege a los criminales que debe perseguir, ya tiene reservado un lugar de honor en el basurero de la historia.