(Por Víctor Meza) Así denominan algunos expertos la tendencia a crear numerosas unidades policiales, cada una dedicada a combatir la delincuencia en áreas diferentes y, a menudo, con una autonomía desmedida y dispersa. Es una práctica que casi siempre ha resultado ser perniciosa y negativa para el buen desempeño de la fuerza policial.

Esa tendencia se ha convertido en “política pública” en los últimos tiempos, dando lugar al surgimiento y proliferación de numerosas unidades policiales especializadas, que conforman un enjambre institucional de difícil manejo y peor coordinación. Cada tanto tiempo, los jefes policiales o el propio inquilino ilegal de la Casa presidencial anuncian con entusiasmo y algarabía el surgimiento de una nueva policía especializada en tal o cual área del universo criminal. Se crea, así, lo que denominan “hipertrofia policial”.

La proliferación indebida de policías “especiales”, con frecuencia genera situaciones confusas y perjudiciales para una efectiva lucha contra la delincuencia. Así lo demuestra la experiencia de varios países, algunos de ellos muy cercanos a nosotros y con situaciones muy parecidas en cuanto a los desafíos de la criminalidad.
Entre algunos de los principales problemas que genera la hipertrofia policial está la descoordinación entre las diferentes unidades, la que se ve estimulada por la compartimentación exagerada en el manejo de los datos de inteligencia, el monopolio celoso sobre las fuentes de información, la rivalidad innecesaria y los acostumbrados celos profesionales que derivan generalmente en una competencia tan nociva como dañina para el trabajo de la fuerza policial en su conjunto.

El aumento de las unidades policiales no genera forzosamente mayor capacidad, eficiencia y eficacia en la lucha contra el crimen. Más bien, a menudo entorpece la labor conjunta al privilegiar la acción aislada y en extremo compartimentada. Fracciona la estrategia y dificulta el accionar colectivo de la policía, debilitando la fuerza, dispersando los esfuerzos y entorpeciendo la necesaria colaboración interinstitucional de los agentes del orden. La hipertrofia del órgano policial conspira contra su capacidad de acción y facilita la actividad de los delincuentes.

Los órganos de control interno tienen más dificultades para hacer bien su trabajo y supervisar el funcionamiento y desempeño de un conjunto de fuerzas policiales tan dispersas como descoordinadas. Aumentan las posibilidades del abuso de poder y, por supuesto, de las prácticas de corrupción. La policía, en tanto que institución clave del Sector seguridad y justicia, pierde la sintonía obligada con los demás operadores del sistema y desarticula, debilitándola, la acción conjunta.

En los últimos meses, la sociedad hondureña ha podido constatar, entre azorada e indefensa, un evidente resurgimiento de la actividad criminal y el innegable aumento de los índices de la violencia y el crimen. Los ajustes de cuentas, los homicidios, el accionar de los sicarios, el asesinato por encargo, incluso en los llamados centros penales de “máxima seguridad”, están a la orden del día. Los más recientes acontecimientos que derivaron en el sospechoso rescate de un cabecilla pandillero dentro de una sede judicial, solo han servido para asustar más a la población e incrementar el ya de por si elevado sentimiento de indefensión y desamparo.

Mientras esto sucede y la delincuencia crece, no son pocos los que proponen aumentar el número de policías y crear más unidades especiales. Cabe preguntarse ¿será esta la solución? Creemos que no. Más que nuevos policías, el país necesita más y mejor Policía, es decir más institucionalidad policial, mejor coordinación interna, mandos superiores debidamente depurados, en un proceso de limpieza que vaya de arriba hacia abajo, y no al revés, aunque solo sea por aquello de que el pescado siempre comienza a podrirse por la cabeza. A lo mejor se requiere un nuevo y verdadero proceso de depuración policial.

(Por Edmundo Orellana) Así tituló Italo Calvino el ensayo que resumo en sus partes medulares y que ofrezco nuevamente al distinguido lector, invitándolo, respetuosamente, a reflexionar.

Había un país sostenido por lo ilícito, a pesar de tener un sistema legal y un sistema político asentado en principios que la mayoría declaraba compartir. Su sistema político, articulado en un gran número de centros de poder, necesitaba excesivos recursos financieros- por la costumbre de disponer de mucho dinero no se concebía la vida de otro modo- y la única vía de adquirirlos era la ilícita, solicitándolos de quien los tenía a cambio de favores, el que, a su vez, los había adquirido de favores obtenidos. Por lo que el sistema económico resultaba de algún modo circular y exhibía una cierta armonía.

Este tipo de financiamiento no generaba ningún sentimiento de culpa en esos centros de poder porque, por su propia moral interna, lo que se hacía en interés del grupo era lícito, mejor dicho, loable, porque cada grupo identificaba su propio poder con el bien común. La ilegalidad formal no excluía una legalidad sustancial superior.

Por cada transacción ilícita a favor de entidades colectivas es habitual que una parte quede en manos de las personas individuales, como justa recompensa por los servicios de mediación prestados. De ahí que el ilícito que por la moral interna del grupo era lícito, llevaba consigo una franja de ilícito también para aquella moral. Pero debidamente observado, quien se embolsaba una parte tomándola de la comisión colectiva, estaba seguro de que su ganancia personal era consecuencia de una ganancia colectiva, es decir, quedaba convencido, sin hipocresía alguna, que su conducta además de lícita era benéfica.

También tenía un presupuesto oficial dispendioso, alimentado por los impuestos sobre toda actividad lícita, y financiaba lícitamente a quienes lícita o ilícitamente lograban hacerse financiar. Pero nadie estaba dispuesto a quebrar ni mucho menos a poner algo de su parte (y no se ve en nombre de qué se podría pretender que alguien tuviera que poner lo suyo), por lo que las finanzas públicas tapaban lícitamente, en nombre del bien común, los huecos dejados por las actividades ilícitas que también se hacían en nombre del bien común.

El cobro de impuestos que en otras épocas y civilizaciones era capaz de estimularse haciendo llamados a los deberes cívicos, aquí era con claridad un acto de fuerza (igual a lo que pasaba en ciertas localidades, donde además del cobro por parte del Estado, existía también el que hacían algunas organizaciones armadas o mafiosas) al que el contribuyente se resignaba para evitar mayores daños, a pesar de sentir -en lugar del alivio de una conciencia tranquila- la desagradable sensación de una complicidad pasiva con la pésima administración pública y con los privilegios de las actividades ilícitas, por lo general exentas de toda carga impositiva.

Una que otra vez, cuando menos se esperaba, un tribunal resolvía aplicar la ley, provocando pequeños terremotos en algunos centros de poder, incluso arrestos de quienes se consideraban intocables. La sensación que provocaban estos casos, en lugar de la satisfacción por el triunfo de la justicia, era la sospecha de que se trataba de un ajuste de cuentas, de un centro de poder contra otro centro de poder. Difícil resultaba saber si la aplicación de la ley era un arma en las batallas internas entre distintos intereses ilícitos o si los tribunales querían, por su parte, demostrar que también eran centros de poder con intereses que defender.

Ambiente propicio era para el desarrollo de la delincuencia común y organizada, cuya inserción al sistema tenía el efecto de reforzarlo, convirtiéndose en un puntal indispensable del mismo. Todas las formas de lo ilícito, desde la más divertida hasta las más feroces, se aglomeraban en un sistema que tenía su estabilidad, solidez y coherencia, y en el que muchísimas personas podían hallar su propio provecho práctico, sin perder la ventaja moral de sentirse con la conciencia tranquila.

Sus habitantes habrían podido declararse, pues, unánimente felices, de no haber sido por una categoría de ciudadanos -numerosos, por cierto- a los que no se sabía qué papel atribuir: los honrados. Pero no lo eran por principios patrióticos, sociales o religiosos, sino por costumbre mental y eran los únicos, en ese país de gentes de conciencia tranquila, que vivían preocupados, pero convencidos de que no habría mejoría.

¿Se resignaban a la extinción, los honrados? No. Porque así como se había perpetuado la antisociedad de los delincuentes por milenios, sin pretensiones de sustituir la sociedad, sino únicamente de sobrevivir en los pliegues de la sociedad dominante y la de afirmar su existencia en contravía de los principios consagrados; así también la antisociedad de los honrados tal vez sería capaz de persistir todavía por siglos, al margen de los hábitos corrientes, sin otra pretensión que la de vivir su propia diversidad, la de sentirse distintos de todo el resto, y de este modo a lo mejor habría acabado por significar alguna cosa, algo esencial para todos, por ser una imagen de algo que las palabras ya no saben nombrar, de algo que todavía no ha sido dicho y todavía no sabemos qué es.

Si Ud., distinguido lector, encuentra alguna similitud con nuestra realidad lo invito a que digamos juntos: ¡BASTA YA!

(Por Víctor Meza) Desconfía, me dijo un amigo, de esas organizaciones que se definen por lo que no son. Se refería a las llamadas organizaciones no gubernamentales, más conocidas por sus siglas de ONG. Por supuesto, el consejo oscilaba entre la broma cargada de agudeza y el consejo repleto de seriedad, pero, de las dos formas resultaba válido y divertido.

En los últimos tiempos, las ONG como que se han puesto de moda. Xavier Gorostiaga (QDDG), un jesuita sabio que vivió en Centroamérica en los duros años de la guerra fría del siglo pasado, solía decir que las dos entidades que más habían crecido en la región durante la década de los años ochentas eran las ONG y los ejércitos. Seguramente tenía razón. En el caso de Honduras, aunque por razones diferentes, ambas organizaciones crecieron y se fortalecieron en esos difíciles años.

El prestigio de las ONG ha sido puesto en duda y sometido a escrutinio falaz en los años recientes en nuestro país. Como sucede siempre, cada vez que se generaliza un juicio, se corre el riesgo de simplificar. Esto es particularmente cierto cuando se trata de descalificar a alguien, algún oficio, una organización o una profesión en particular. Se dice “todos los profesionales son incompetentes” o se afirma “todas las ONG son corruptas”. Es una afirmación falsa porque es general, no admite excepciones ni tolera matices. Simplemente descalifica por igual a todos, englobando en una generación simplista fenómenos que son más complicados y diversos de lo que a simple vista parecen.

Las ONG, en tanto que asociaciones sin fines de lucro, funcionan, además, como eslabones entre la sociedad y el Estado, mecanismos de participación social que dan fuerza y consistencia a la sociedad civil organizada. Para ser consideradas como tales deben ser independientes del Estado, lo que no quiere decir forzosamente confrontadas con él. Deben atender a los principios de autonomía, diversidad, pluralismo y tolerancia. Aunque muchos las confunden, las ONG son unas de las tantas organizaciones de la sociedad civil, pero no son ni encarnan exclusivamente al concepto de sociedad civil. Por eso resulta improcedente hablar de “representantes de la sociedad civil”. La forma correcta y más precisa sería “representantes de tal o cual organización de la sociedad civil”.

Pero este es un campo en el que reina la confusión. Y, para colmo, en los años recientes, los funcionarios corruptos descubrieron la fórmula para, mediante ONG de fachada (Fundaciones, organizaciones de desarrollo comunal, grupos de presión, etc.), saquear los fondos públicos y urdir tramas de transferencias amañadas y financiación de falsos proyectos sociales. De esta forma, los recursos públicos se convierten en privados y sirven para financiar campañas electorales y rellenar los bolsillos de los saqueadores del Estado. La reconversión de ONG falsas en fuentes de corrupción oficial, ha traído más confusión al tema y mayor desprestigio a las organizaciones sociales sin fines de lucro consideradas como ONG.

Y todo este laberinto se traduce con demasiada frecuencia en descalificación generalizada e indiscriminada contra todas las ONG, deformando su naturaleza y pervirtiendo artificialmente su contenido y desempeño. Nadie podrá negar que hay ONG muy valiosas, que prestan un servicio realmente útil a la sociedad y que dan vida y vigor a una sociedad civil cada vez más vigilante, cuestionadora, mejor informada y más propositiva. De igual manera, no debemos negar la existencia de asociaciones de fachada que son constituidas con el único propósito de utilizarlas como canales financieros para robar los dineros del Estado. Pero, eso sí, conviene siempre hacer las diferencias del caso, para no cometer la injusticia de encerrarlos a todos en el circulo denigrante de la corrupción y el engaño. No lo olvidemos: toda generalización es, en el fondo, simplificación.